Adiós a las armas

SI TODO VA BIEN, EL PROXImo 15 de diciembre los salvadoreños presenciarán la terminación formal de la guerra civil que cn sangrentó a su país durante los últimos 12 años. El cese al fuego firmado en enero ante el secretario saliente de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, demostró hasta qué punto el país estaba cansado de una guerra que ninguno de los contendores parecia capaz de ganar. Pero la misma circunstancia de que no hubo vencedores ni vencidos claros hace indispensable una alta dosis de buena fe de parte de los excombatientes e implica que el camino hacia la paz esté lleno de escollos.
El gobierno del presidente Alfredo Cristiani y los guerrilleros del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional suspendieron las operaciones de combate en febrero primero de este año, en cumplimiento de un acuerdo de gran complejidad. Según sus cláusulas, la desmovilización de la guerrilla se produciría como consecuencia de numerosos cambios a cargo del ejecutivo y la Asamblea Legislativa hasta el 15 de octubre, cuando se daría término formalmente a la guerra.
Entre esos requisitos estaba la formación de un nuevo cuerpo civil de policía, la distribución de tierras a excombatientes de ambos lados y a los campesinos de las zonas que el FMLN controlaba, la eliminación de los batallones coltrainsurgentes de élite y la salida de las Fuerzas Armadas de los oficiales que hubieran tenido algo que ver con violaciones de derechos humanos.
Es en este aspecto donde se produjo un es collo con capacidad potencial para echar por tierra todo el proceso. Una comisión ad-hoc compuesta por tres abogados se entrevistó con los oficiales de mayor graduación y claboró una lista con los nombres de los 110 que tendrían que salir del Ejército. El documento fue entregado a Cristiani y al secretario general de la ONU Boutros Boutros-Ghali a finales de septiembre. Pero infidencias convirtieron en un secreto a voces que, encabezando la lista, estaban nada menos que el ministro de Defensa, general René Emilio Ponce y el viceministro, general Juan Orlando Zepeda.
Como era de esperarse esos oficiales rechazaron el plan, al que calificaron de "complot izquierdista contra las Fuerzas Armadas". En esas condiciones, Cristiani se encontró de manos a boca con un dilema: si quería el éxito del proceso, tenría que dar curso a la depuración militar, pero al hacerlo tendría que dejar en el camino a los oficiales de su mayor confianza, supuestamente necesarios para evitar el descontento en rangos inferiores. Cristiani comenzó a demorar su decisión y ello llevó a que se aplazara la fecha final hasta el 15 de diciembre.
Ese problema llegó a su punto máximo la semana anterior, cuando el FMLN suspendió la cuarta fase de su desmovilización, con el argumento de que el gobierno estaba incumpliendo la distribución de tierras y, lo que era más grave, que se estaba planeando un golpe de estado. Por su parte el gobierno alegaba que las armas entregadas hasta entonces por la guerrilla eran las más deterioradas y que su desmovilización no comprendía los cuadros más experimentados.
Pero al final, pesaron más las presiones de la ONU y Estados Unidos, y Cristiani presentó un plan a Boutros-Gha,li cuyos lineamientos aún se desconocen, para la purga de los militares. Pero la recta final hacia el 15 de diciembre "El día de la Reconciliación", tiene todavía que pasar por la buena voluntad de unos oficiales militares que ven gravemente afectados sus intereses particulares y cuya reacción final todavía está por verse.