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| 7/17/1989 12:00:00 AM

ADIOS, PAMPA MIA

La renuncia de Alfonsín pone a prueba la capacidad del nuevo presidente Carlos Menem, para sacar a Argentina del atolladero.

ADIOS, PAMPA MIA ADIOS, PAMPA MIA
Pocas veces una renuncia es un contraataque, y eso es precisamente lo que ocurrió en Argentina. Cuando el lunes de la semana pasada el presidente Raúl Alfonsín apareció en televisión para anunciar su decisión unilateral de renunciar al cargo, lo que los observadores vieron fue el esfuerzo de un mandatario desprestigiado por dejar el poder "con las botas puestas".
Tanto, que el primer sorprendido fue el propio presidente electo Carlos Saul Menem, quien desde varias semanas atrás estaba negociando, por interpuesta persona, la salida anticipada de Alfonsín.

Todo comenzó cuando el candidato Eduardo Angeloz, del gobernante Partido Radical, fue vencido en forma abrumadora por el justicialista Menem. La derrota fue un claro voto de condena contra el gobierno de Alfonsín, al cual se atribuye la responsabilidad del caos económico que atraviesa el país. Para empeorar las cosas, con una inflación de más del 70% mensual, y tras los violentos disturbios y saqueos que sacudieron a varias ciudades del país, era claro que el gobierno de Alfonsín tendría grandes dificultades para llegar hasta la fecha prevista para la posesión de Menem, que era el 10 de diciembre.

Por eso, pronto comenzaron las presiones de los justicialistas para que la asunción del mando se adelantara. Alfonsín se negó en un principio, pero luego comisionó al ex ministro Rodolfo Terragno para que negociara los términos de la transición.

La primera exigencia de Menem fue un "pacto de gobernabilidad", según el cual la bancada parlamentaria radical --en mayoría hasta el 10 de diciembre, cuando asume la nueva Asamblea-- garantizaría la aprobación de un paquete de leyes de indole económica y social. Ese requisito, aceptado por el gobierno, fue seguido por la exigencia, no confirmada oficialmente, de que el gobierno de Alfonsín "solucionara" el problema militar, porque a juicio de Menem, aquel "es creación del actual gobierno", que lo habría gestado al iniciar los procesos contra los militares acusados de miles de muertes y desapariciones durante la "guerra sucia" de la dictadura (1976-1983). Esa "solución" implicaba la nulidad de los juicios contra 18 altos oficiales y 300 de menos rango que participaron en tres alzamientos contra el gobierno de Alfonsín.

Tal exigencia se estrelló contra la voluntad de Alfonsín, quien considera que una de sus grandes ejecutorias fue precisamente la sanción de los militares, si bien ese castigo se vio limitado en su momento a los jefes, por la "Ley de obediencia debida" (presionada por los propios oficiales activos). Pero, por otra parte, los jueces y magistrados recordaron a los justicialistas que en la Argentina funciona el sistema de división de poderes públicos y que por ello era imposible archivar los procedimientos.

Si esa exigencia pareció dañar el curso de las negociaciones, la divulgación del programa económico de Menem acabo con la paciencia de Alfonsín. De hecho, ese fue el argumento que esgrimió el mandatario cuando anunció su renuncia. "El nuevo programa y las expectativas que despierta-- arguyó Alfonsín -- desestiman cualquier medicina económica del gobierno saliente".

Pero el presidente dimitente fue aún más allá en su contraataque. Evidenciando que no estaba dispuesto a asumir todo el costo político que Menem le exigía, Alfonsín lo desafío públicamente a firmar un acta de entendimiento antes de asumir la Presidencia. Esa acta consignaba la disposición de los congresistas radicales de apoyar las leyes económicas del nuevo gobierno, disponía el envío de una misión conjunta para renegociar la deuda externa y aceptaba una investigación administrativa del actual gobierno.

Menem se negó a firmar el documento y, obligado por las circunstancias, al final de la semana pasada anunció su intención de asumir la Presidencia el 8 de julio. Alfonsín y su vicepresidente, Victor Martínez, presentarán renuncia el 30 de junio, pero continuarán en sus funciones hasta que el mismo día de la posesión la Asamblea Legislativa les acepte la renuncia y entreguen el poder a Menem.

Para algunos observadores el desenlace abrupto de las negociaciones para la entrega anticipada favoreció, finalmente, a Alfonsín. El atribulado presidente habría logrado salvar en algo su imagen al evidenciar que las exigencias excesivas de Menem se dirigían a atribuirle a su antecesor la responsabilidad exclulsiva de los problemas del país, como una especie de seguro anticipado contra el eventual fracaso de sus medidas. Entre tanto, los ojos se fijaron en el famoso programa de Menem. Las propuestas económicas se basan en medidas de corto plazo, conocidas como. "Plan Cero" y un plan de mayor alcance, elaborado con la participación de la mayor transnacional argentina, la "Bunge y Born". El programa global consiste en medidas de ajuste fiscal, reformas tributarias, una nueva moneda y el aumento de salarios, con el propósito, a nivel macro, de conseguir una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 70% anual.
Un punto básico, que evidencia el romance del antiguo peronismo con su vieja enemiga, la empresa privada, es el aporte de US$3 mil millones para la reactivación económica que harán las exportadoras de cereales (entre ellas la propia Bunge y Born) y las petroleras.

Sea como fuere, el presidente Raúl Alfonsín se ha jugado la carta de la historia. Ya hay quien dice que su actitud de renunciar le dio un tinte de grandeza. Pero después de seis años de fracaso económico, sólo la historia dirá si los argentinos le reconocerán su gesto.--

EDICIÓN 1888

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