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Periodista asesinada en Cisjordania
Periodista asesinada en Cisjordania - Foto: AFP

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Al Jazeera presenta caso de muerte de periodista palestino-estadounidense a la CPI; habría más pruebas

La Corte Penal Internacional, CPI, no está obligada a examinar los casos que le envíen grupos o particulares. Las pruebas demostrarían que Shireen recibió disparon directos de las Fuerzas de Ocupación Israelíes.

La cadena de televisión catarí Al Jazeera anunció este martes que presentó ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, el caso de la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh, argumentando que fue asesinada de manera deliberada por las fuerzas israelíes durante una cobertura de prensa.

Al Jazeera afirmó en un comunicado que había “descubierto nuevas pruebas” sobre las circunstancias de la muerte de la reportera palestino-estadounidense, quien recibió un disparo en la cabeza el 11 de mayo cuando cubría una operación del ejército israelí en Yenín, en Cisjordania ocupada.

La CPI no está obligada a examinar los casos que le envíen grupos o particulares, y la mayoría no llegan a ser investigados, según la propia organización.

Al Jazeera añadió en su petición de que se investigue el caso que hay “nuevas pruebas de testigos y de video (que) claramente muestran que Shireen y sus colegas recibieron disparos directos de las Fuerzas de Ocupación Israelíes”.

El canal de noticias mencionó que “el alegato de las autoridades israelíes de que Shireen murió por error en un tiroteo es completamente infundado”.

Un periodista de AFP vio a un abogado representante de Al Jazeera entrar en las oficinas de la CPI en La Haya para presentar el caso.

La CPI comenzó una investigación sobre los crímenes de guerra en los territorios palestinos, pero Israel cuestiona su jurisdicción.

El ejército israelí admitió el 5 de septiembre que había posibilidades de que uno de sus soldados haya disparado a la periodista tras confundirla con una militante.

Pero Israel afirmó que no cooperará con ninguna investigación externa sobre la muerte de Abu Akleh.

“Nadie investigará a los soldados” del ejército de Israel “y nadie nos sermonea sobre la moral en la guerra, y menos Al Jazeera”, declaró el entonces primer ministro israelí, Yair Lapid.

Por su parte Estados Unidos se opuso también a la decisión de Al Jazeera. “Nos oponemos”, declaró a la prensa Ned Price, el portavoz diplomático estadounidense.

La oficina del fiscal de la CPI confirmó que haber recibido “la comunicación de Al Jazeera Media Network”.

“Cualquier individuo o grupo puede enviar información sobre presuntos crímenes al fiscal de la CPI, que tiene el deber de proteger la confidencialidad de la información recibida”, dijo su oficina en un comunicado a la AFP.

“Encubrimiento total”

La experimentada reportera llevaba puesto un chaleco antibalas con el rótulo “Press” y un casco cuando recibió un disparo en la cabeza en el campo de refugiados de Yenín, un histórico lugar del conflicto palestino-israelí.

Su sobrina, Lina Abu Akleh, pidió a la CPI que investigase la muerte de la reportera ya que las pruebas son “abrumadoramente claras”.

Esperamos que la CPI tome medidas”, comunicó la sobrina de la periodista en una conferencia de prensa en La Haya, donde añadió que pidieron una reunión con el fiscal Karim Kahn.

“Mi familia aún no sabe quién disparó esa bala mortal ni quién estaba en la cadena de mando que mató a mi tía”, lamentó.

La pruebas de Al Jazeera demuestran según la cadena que las fuerzas israelíes “dispararon directamente” contra la periodista y sus colegas.

Las pruebas demuestran que este asesinato deliberado fue parte de una campaña más amplia para atacar y silenciar a Al Jazeera”, dijo en un comunicado.

El abogado de la cadena Rodney Dixon dijo que hubo un “encubrimiento total” de la muerte de Abu Akleh por parte de las autoridades israelíes.

Tras recibir una denuncia formal de particulares o grupos, la CPI decide de forma independiente qué casos enviar a los jueces del tribunal.

Son los magistrados quienes deciden si permiten una investigación preliminar por parte del fiscal, a la que puede seguir una investigación formal y, si procediese, la imputación de cargos.

Con información de AFP