Alcalde al banquillo

En una decisión de vastas consecuencias, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires suspendió al alcalde Aníbal Ibarra y decidió someterlo a juicio político por su responsabilidad en la tragedia de la discoteca República de Cromañón, el 30 de diciembre pasado, en la que murieron 193 personas. La decisión, tomada tras una escandalosa semana, fue un golpe a la mandíbula del presidente Néstor Kirchner, cuyos emisarios intentaron por todos los medios salvar la cabeza de Ibarra, y sentó un grave precedente: que la presión social, en este caso de los familiares de las víctimas, puede lograr que funcionarios electos por el voto popular sean destituidos y juzgados, aun cuando no sean los responsables directos de los hechos. El 30 de diciembre pasado, el popular grupo de rock Callejeros se presentaba en la discoteca República de Cromañón, cuando una bengala encendida provocó el incendio del techo inflamable y de todo el lugar, que se convirtió en un horno crematorio para las más de 4.000 personas que estaban allí, la mayoría de ellas jóvenes de los barrios pobres de los suburbios porteños. La discoteca tenía la habilitación vencida, lo mismo que la licencia otorgada por el cuerpo de bomberos. Con una capacidad para 1.500 personas, ese día había 4.000 y las puertas de emergencia estaban cerradas con cadena y candado. Una larga cadena de irresponsabilidades y corrupción entre los funcionarios de la ciudad encargados de las habilitaciones, policías y bomberos, permitió que semejante horno crematorio funcionara en pleno centro. Si se le atribuye a Aníbal Ibarra una responsabilidad derivada de su carácter de jefe de los funcionarios que no controlaron o pasaron por alto la falta de habilitación de Cromañón, su comportamiento durante la tragedia dejó mucho que desear: Ibarra no apareció por el lugar esos días, y desde el comienzo empezó a ver cómo se defendía de toda posible acusación, conducta que mantuvo durante todo el año, eludiendo cualquier responsabilidad en los hechos. La suspensión de Ibarra es un golpe al presidente Néstor Kirchner, que el 23 de octubre había obtenido un amplio triunfo en las elecciones parlamentarias, menos en la estratégica capital, Buenos Aires, donde el candidato del gobierno quedó en tercer lugar. Kirchner jugó su peso político para apoyar a Ibarra, pero lo hizo de la manera más torpe posible y terminó obteniendo un pésimo resultado. Como faltaban dos votos para llegar a los 30 necesarios para iniciar el juicio político contra Ibarra, los operadores del gobierno convencieron a uno de los diputados de la oposición, Eduardo Borocotó, de pasarse a las filas kirchneristas. El propio Presidente apareció en televisión alzando los brazos del legislador como si fuera una pelea de boxeo. Tan burda fue la maniobra, que al día siguiente todos los diarios hablaban de compra de votos, a tal punto que se inventó el verbo 'borocotear', como sinónimo de compra. Borocotó no tuvo más remedio que votar contra Ibarra para salvar su dignidad. Algunos analistas han creído ver en lo sucedido un golpe de Estado, un debilitamiento del sistema democrático. Julio César Strassera, ex fiscal en el juicio a las juntas militares, cree que "la decisión de la legislatura es una vergüenza". "Mirando al futuro, no hay nada que evite que el ejemplo cunda y que ante cualquier tema tan dramático la solución es que la autoridad sea linchada por los movilizados", escribe el periodista Luis Tonelli en la revista Debate. Otros creen que se trata de un ejercicio natural de los derechos que otorga el sistema republicano. Héctor Polino, diputado por el Partido Socialista, dijo a SEMANA que, "Aníbal Ibarra tiene una responsabilidad política mayúscula, por el cargo que ocupa". Para Patricia Bullrich, de centroderecha, "la ciudadanía y los familiares necesitaban respuestas concretas. Ahora Aníbal Ibarra tiene que hacerse cargo". El intendente ha sido suspendido, pero falta ver qué pasará en el juicio: si es encontrado culpable de mal desempeño de sus funciones, será destituido, y si es exonerado de responsabilidad, volverá a su cargo pero, de cualquier manera, Ibarra agotó su capital político, y con ello afectó el prestigio del gobierno de Kirchner. Mariana Márquez, madre de una de las jóvenes que murió en Cromañón, le dijo al entonces intendente en medio de una fogosa sesión del Consejo Deliberante porteño: "Mi hija será un cadáver, pero vos sos un cadáver político". Mariana, fallecida pocos meses después que su hija, no pudo ver lo rápido que sus palabras se hicieron realidad.