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La histórica Reforma Energética impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, desató la furia de los mexicanos y de la oposición.

MÉXICO

Peña Nieto, ¿reformador o traidor?

El presidente mexicano se juega todo al abrir el sector petrolero a la inversión privada, luego de 75 años de nacionalismo energético.

21 de diciembre de 2013

“¡Solamente me queda esto, de esto no me van a poder despojar, no lo van a lograr!”, gritó el diputado Antonio García Conejo, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras se quitaba la ropa, hasta quedar en calzoncillos, en un intento desesperado por sabotear el debate sobre la Reforma Energética.


En las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, miles de mexicanos trataron de impedir la entrada de algunos funcionarios para retrasar la votación, pero nada pudo evitar que fuera aprobada. Con 354 votos en la Cámara de Diputados, 95 en el Senado y 23 congresos estatales, el presidente Enrique Peña Nieto sacó adelante el baluarte de su gobierno: modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para abrir todo el sector a la competencia y permitir la participación privada en los contratos compartidos del gobierno para explorar y extraer petróleo.

Peña Nieto presentó la polémica propuesta en agosto como una salvación para la industria, que estaba estancada, y una nueva oportunidad para la economía: “Este tema es muy sensitivo en la cultura mexicana. Es prácticamente un tema religioso. Pero hemos visto a otros países implementar reformas que invitan al sector privado extranjero y que han sido capaces de elevar la producción en Colombia y Brasil”, dijo.

Peña Nieto, junto con el Partido de Acción Nacional (PAN), y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sumaron sus fuerzas para aprobar la reforma en el Senado pero, de paso, sacrificaron el aclamado Pacto por México, una histórica unión con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

No era para menos, pues su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, es hijo del legendario presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1938 expropió el crudo a las petroleras extranjeras, que por más de dos décadas manipularon la contabilidad y no pagaron impuestos. Lázaro Cárdenas le devolvió la dignidad nacional a México y desde entonces defender el subsuelo, plasmado en el emblemático artículo 27 de la Constitución, se volvió la bandera del partido y de la inmensa mayoría de los mexicanos. Para el PRD, aprobar esta reforma representa atentar contra la historia.

Sin embargo, el argumento más poderoso de la oposición es el temor a estimular la corrupción, un tema sensible en el gobierno de Peña Nieto. Muchos recuerdan el boom petrolero de finales de los años setenta, cuando México se convirtió en el sexto productor mundial de crudo, pero la ambición del gobierno del PRI hizo que el país se embarcara en proyectos derrochadores y lo llevó a la quiebra y a la devaluación del peso. Además, los opositores niegan que Petróleos Mexicanos (Pemex) necesite fondos extranjeros para realizar nuevas exploraciones, uno de los principales argumentos oficiales.

El reto no es de poca monta. México es el quinto productor de crudo en el mundo, y con esto busca pasar de una descendente producción de 2,5 millones a 3 millones de barriles diarios, para lo cual necesita tecnología de punta e innovación. Además, Pemex es la empresa más grande del país y el mayor contribuyente fiscal de México, pues aporta una tercera parte de los impuestos que mantienen el presupuesto nacional.

Aunque la reforma está aprobada y el presidente buscará ponerla en vigor lo antes posible, para que sus efectos incidan rápidamente en el crecimiento económico, la batalla apenas comienza. La reforma tiene un enorme significado cultural y político en la vida de los mexicanos. Dejar o no el sector en manos de la inversión privada es mucho más que una simple decisión, se convirtió en un dilema que para muchos acaba con las bases del país y es una traición a la patria.