Argentina expropia el 51% de la petrolera YPF

La presidenta argentina, Cristina Fernández, declaró este lunes de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

La presidenta enviará al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de la petrolera y que declara de "interés público nacional" el sector de hidrocarburos, según se anunció en un acto encabezado este lunes por Fernández en la Casa Rosada y transmitido en cadena nacional.

De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasará a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirá entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, de 19 artículos.

La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".

El proyecto incluye la "remoción de la totalidad de directores" de la compañía y pretende garantizar la "continuidad operativa".

El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.

Por su parte, la Comisión Europea advirtió al Gobierno argentino que la expropiación del 51 por ciento del capital social de YPF enviaría una señal "muy negativa" a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país.

"Una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios en Argentina", señaló el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, en declaraciones a Efe.
 
Clancy expresó el deseo de la Comisión Europea de que las diferencias entre el Gobierno argentino y Repsol YPF puedan ser limadas a través de una solución común que satisfaga a ambas partes.

El Ejecutivo comunitario aboga en este sentido por encontrar una "solución de mutuo acuerdo que no dañe el clima empresarial y las relaciones entre la UE y Argentina".

La semana pasada, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, envió un mensaje a la oficina de Cristina Fernández a través de la delegación de la Comisión en Buenos Aires en el que mostraba su preocupación y pedía respeto a los compromisos del país con las inversiones extranjeras.

Antes, la CE había hecho público que estaba "del lado de España" en esta polémica con Argentina, aunque reconocía que no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar al país latinoamericano con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios.

Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la CE adquirió competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, aún no hay instrumentos legales, por lo que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina.

El acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas, pero no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.

Paralelamente, las fuentes comunitarias precisaron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) "no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en ese organismo multilateral con Argentina, por lo que la UE "no tiene posibilidad de reaccionar" tampoco sobre esa base.

Los próximos días 19 y 20 de abril está previsto que se reúna el comité conjunto UE-Argentina en Buenos Aires.

Antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la CE ya ejerció con éxito presiones diplomáticas sobre Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.

EFE