Batalla aplazada

La presidenta había dicho, refiriéndose a Clarín, que "la cadena nacional del desánimo y el temor", tenía "fecha de vencimiento", y había convocado de antemano un festival popular para el domingo, día de los derechos humanos. Pero la madre de todas las batallas entre el gobierno y el Grupo Clarín, que tenía al país esperando en vilo el 7 de diciembre, 7D, se saldó por ahora con una decisión judicial a favor del grupo multimedios.

En efecto, la Cámara en lo Civil y Comercial mantuvo la suspensión de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios, que obligan a Clarín a deshacerse de una parte de sus licencias de radio y TV, hasta cuando salga la sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de las normas, y otorga un año a partir de esa fecha para que el multimedio se ajuste a la ley.
Por eso el gobierno recibió la decisión judicial como un atentado a la democracia. Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, lamentó que "la Justicia no está preparada para pelear con las corporaciones porque está colonizada por esas mismas corporaciones".

Detrás del escándalo está la Ley de Medios Audiovisuales votada en 2009 para reemplazar una ley de la Dictadura, con el fin de democratizar los medios de comunicación. Clarín, el grupo multimedios más poderoso, tuvo excelentes relaciones con el presidente Néstor Kirchner, al punto que en 2007, antes de dejar el cargo a su esposa, este aprobó la fusión de las dos empresas de cable más importantes para favorecer al Grupo. Pero a partir del conflicto con el agro en 2008, Clarín pasó a ser considerado enemigo del gobierno.

Clarín dice que la Ley de Medios fue hecha para desmantelarlo, y demandó los artículos 161 y 45. Un informe del Grupo dice que la ley busca "tener medios privados más débiles y fragmentados y potenciar el aparato de comunicación oficial", al imponer un límite del 35 por ciento de audiencia nacional a las cadenas privadas de radio y TV, que no se aplica a los medios estatales. Y señala que en lugar de beneficiar a los medios nacionales, "les permite a los grupos internacionales tener todos los canales que quieran y a los argentinos tener una sola señal de cable".

Lo que podría haber sido un simple trámite judicial fue convertido en una gesta para vencer o morir y terminó en un grave enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Judicial. El gobierno recusó a diez jueces, lo que llevó a la Corte a pronunciarse exigiendo a los jueces fallar pronto. La Comisión Nacional de Independencia Judicial, integrada por miembros de la Corte y magistrados, exhortó al poder Ejecutivo "a cumplir la división de poderes". La respuesta oficialista vino del diputado Carlos Kunkel, quien acusó a la Corte de intentar "gestar un golpe institucional".

Por ahora el ambiente parece de tregua, pero el país está polarizado. Entre quienes defienden la postura gubernamental está el escritor Mempo Giardinelli, quien dijo a SEMANA: "Hay que cumplir las leyes de la democracia, y la Ley de Medios fue sancionada por el Congreso hace tres años por una amplísima mayoría. Por lo tanto no reconocerla, pedir medidas cautelares, corromper jueces y utilizar a políticos desacreditados para denunciar una supuesta falta de libertad de expresión, es indigno de un grupo empresarial poderosísimo que mejor haría en ajustarse a Derecho. Frente a un gobierno que comete muchas torpezas pero garantiza absolutamente la libertad de expresión, la desobediencia pertinaz del Grupo Clarín me parece provocativa, antidemocrática y disolvente".

Por su parte, el escritor Jorge Asís opinó que "aunque el gobierno tenga razón, es casi imposible que los jueces se la den, porque presionaron tanto que ningún juez digno puede quedar como muy allegado al gobierno. El Ejecutivo presiona con el aval de que es una Ley aprobada por el Congreso, pero ningún juez responsable va a decidir en medio de estas presiones, lo cual será tomado como una gran derrota del gobierno".

Tarde o temprano, la justicia decidirá sobre el fondo y Clarín deberá ajustarse a la Ley de Medios, pero los combates dejaron heridas institucionales, como lo demostraron los cacerolazos masivos y el primer paro general contra el gobierno en noviembre.