Dilma Rouseff, de tumbo en tumbo

La acumulación de crisis políticas, recesión económica y descontento popular, y la suma de largos años de escándalos de corrupción, hacen que la situación brasileña parezca un ‘cisne negro’, o la suma de todos los males.

Esta semana, el impeachment (destitución) de la presidenta brasileña se convirtió en una realidad casi palpable cuando el mayor bloque del Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con 68 diputados y 18 senadores, rompió su alianza oficialista con el Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma y de Luiz Inácio Lula da Silva. El PT tiene solo 58 diputados y con los aliados más cercanos no llega a los 100 votos en la Cámara de Representantes. Rousseff necesita por lo menos 172 votos para impedir la medida.

Pero la oposición tampoco tiene asegurado su triunfo. “Es un momento de turbulencia en la turbulencia, porque el gobierno está tratando de rehacer la administración pública tras la salida del PMDB, que no es tan fácil, porque algunos ministros quieren quedarse en sus lugares y están en contra de la decisión del partido de obligarlos a dejar sus cargos”, dijo a SEMANA desde Río de Janeiro Guido Nejamkis, director del portal Brasil247.

Se trata de seis ministros del PMDB: los de Agricultura, Minería y Energía, Salud, Aviación Civil, Puertos, Ciencia y Tecnología. Por su parte, Renan Calheiros, el presidente del Senado y dirigente del PMDB, criticó la decisión de su partido de abandonar el gobierno, diciendo que fue “precipitada”, y que “no fue un movimiento inteligente” sino un “movimiento poco calculado”, aclarando que, para él, el PMDB no debe liderar un bloque opositor.

Rousseff tuvo un respiro hacia el final de la semana, cuando el Tribunal Supremo Federal decidió separar al juez Sergio Moro de la investigación sobre supuestas dádivas por Lula de las empresas constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras, conocido como Lava Jato. Lula había sido nombrado jefe de gabinete por la presidenta, pero el Tribunal suspendió su nombramiento.

Ahora, el problema fundamental es el impeachment, porque, a diferencia de los escándalos judiciales que sacuden a Lula y a decenas de parlamentarios, el procedimiento en el Congreso es fundamentalmente político. Sus adversarios acusan a Rousseff de haber maquillado el déficit fiscal, lo que configuraría un delito de responsabilidad, y de conocer lo que sucedía en Petrobras. La mandataria se defiende diciendo que los atrasos en pagos del presupuesto son una práctica habitual de los gobiernos, y que nunca estuvo al tanto del esquema de corrupción de Petrobras ni de los escándalos que rodean a Lula da Silva.

Rousseff acusa a sus enemigos de pretender un golpe de Estado. “Es absolutamente de mala fe decir que todo ‘impeachment’ es correcto. Para serlo, la Constitución exige que se cometa el crimen de responsabilidad. ¿’Impeachment’ sin crimen de responsabilidad qué es? Es un golpe”, dijo.

Pero la máquina ya comenzó a andar en el Congreso. En este momento, la comisión de la Cámara de Representantes, nombrada para evaluar si procede el juicio político, escucha los alegatos de parte y parte para emitir un dictamen, que pasará a la Cámara en este mes de abril. Se precisan 342 votos sobre 513 diputados para enviar el pedido de juicio al Senado, que decidirá por mayoría simple si acepta o si archiva la acusación. En caso afirmativo, el Senado suspende a Rousseff por 180 días y el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, asume el cargo.

A las puertas del infierno, Rousseff intenta salvar su Presidencia. Para Nejamkis, “el gobierno todavía tiene balas en la cartuchera, porque tiene para ofrecer a otros partidos cerca de 600 cargos en la administración pública dejados por el PMDB, más otros importantes en las empresas estatales. Puede ocurrir que algunos partidos de la periferia del sistema político pasen a ser el centro del apoyo al gobierno, pero es un escenario en desarrollo que no terminó de acomodarse”, señaló.

En las calles, mientras tanto, las manifestaciones se repiten y el prestigio de Dilma rueda por el piso. Según una encuesta de Datafolha, apenas un 10 por ciento aprueba al gobierno y 68 por ciento está a favor del juicio político. Cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue destituido por un juicio político en 1992, el porcentaje de gente que aprobaba su salida era del 75 por ciento. “Cualquier análisis político en Brasil tiene una validez de 24 horas, porque todo puede cambiar al día siguiente”, concluye Nejamkis.