CIDH rechaza ejecuciones extrajudiciales en Venezuela; van más de 27 en 2022

En medio de la situación de represión que continúa viviendo Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que se mantienen las ejecuciones extrajudiciales en el vecino país, y emitió una alerta para que se continué la investigación y vigilancia de las actuaciones del régimen chavista en medio de lo que sería una “práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos”.

Según informó la Comisión, debido al trabajo de la ONG Control Ciudadano en Venezuela, se llegó a esclarecer que unas 27 personas habían muerto en la víspera de los primeros 15 días del año, situación que alertó al organismo internacional, que expresó su rechazo ante la violencia perpetrada bajo el mando de Nicolás Maduro.

“La CIDH condena las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza en Venezuela, y hace un llamado al Estado a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática”, confirmó la Comisión sobre la situación que se está viviendo en este país.

El informe de la ONG recalca que entre 2016 y 2021 Venezuela ha sufrido de alrededor de 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales, esta información habría hecho que la Corte Penal Internacional abriera una investigación contra el régimen de Maduro, por este exceso de fuerza y violación de derechos humanos.

La Comisión asegura que este informe de Control Ciudadano coincide con los datos registrados por la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estuvo investigando en la Venezuela.

“En estos casos, ocurridos en el marco de operativos de seguridad ciudadana, el 80 % de las víctimas tenían menos de 25 años, 99 % eran hombres en situación de pobreza y en un 80 % de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes”, asegura la CIDH, alertando que la mayoría de las víctimas son jóvenes en situaciones precarias.

Incluso, recalca la forma en cómo el régimen justifica ante la comunidad internacional la muerte de estos jóvenes, afirmando que sucedieron tras una “resistencia a la autoridad”. A reglón seguido, la Comisión critica a Venezuela por este tipo de comportamientos, reiterando que no se debe basar el “paradigma del uso de la fuerza” en convertir a los civiles en enemigos del Estado, sino que, en contraposición, debería prevalecer la protección a la población.

“Los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia”, pidió la CIDH al régimen de Maduro, haciendo una pulla directa a los “estereotipos” que se habrían creado por parte de la Fuerza Pública en medio de estas ejecuciones extrajudiciales en los que se estaría discriminando a la población afectada y vulnerando sus derechos.

En el comunicado de la Comisión, esta hizo una petición directa a Venezuela, recordando que debía prevalecer la justicia y no dejar estos casos impunes. “La CIDH recuerda que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”, insistió el organismo internacional.

Además, estableció que dicha investigación debía ser realizada a través de todas las herramientas legales con las que cuente el país, con el objetivo de encontrar la verdad y poder llegar a enjuiciar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de estas ejecuciones extrajudiciales.