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| 9/26/1994 12:00:00 AM

CLINTON EN JAQUE

La nueva posición de Washington hacia Cuba podría convertirse en el mayor autogol de su política exterior.

CLINTON EN JAQUE CLINTON EN JAQUE
EL VIERNES 19 DE AGOSTO EN LA MANANA, la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, anunció a los periodistas que la situación planteada por los miles de cubanos que atravesaban el estrecho de la Florida rumbo a Estados Unidos estaba controlada, y que el gobierno del presidente Bill Clinton no estaba considerando ningún cambio en su política de inmigración desde Cuba. Esa noche, en forma sorpresiva, la misma funcionaria convocó apresuradamente una rueda de prensa y, sin inmutarse por la contradicción que implicaba su nueva postura, la Reno dijo a sus nuevos interlocutores que el flujo de balseros había sido tan grande ese día, que se imponía un cambio de actitud por parte de la Casa Blanca.

Pero el cambio se produjo realmente por la protesta del gobernador demócrata de la Florida, Lawton Chiles, para quien el tema tiene una gran importancia electoral. Por eso, la funcionaria anunció que Clinton había decidido "castigar" al presidente cubano Fidel Castro por su arrogancia de permitir el éxodo masivo de cubanos a través del estrecho de la Florida, porque nadie, y mucho menos el líder caribeño, "iba a dictar la política migratoria de Estados Unidos". Con esa medida, Washington cambió de un momento a otro la práctica vigente desde 1966 de recibir con los brazos abiertos y conceder asilo automáticamente a todos los cubanos que pisaran territorio de Estados Unidos, sin importar que se tratara de secuestradores de aviones o barcos. En adelante, los cubanos interceptados serían conducidos al centro de detención de Krome, en Miami, o a la base naval de Guantánamo, en la propia Cuba.

Dos días después, como para aplacar las protestas de los exiliados cubanos en Miami, el propio Clinton anunció la disminución de los vuelos charter hacia La Habana, la escalada de las transmisiones subversivas y la prohibición del envío de dinero y regalos a los parientes que viven allí. El sentido de esta última era evitar que los 600 millones de dólares anuales que llegan por ese concepto a Cuba terminaran en las manos del gobierno de Castro, a través de las compras en tiendas oficiales.
Esas medidas fueron tomadas con dos objetivos claros: detener la avalancha de emigrantes ilegales que en las últimas dos semanas había echado al mar a más de 10.000 cubanos, y presionar a Castro a fin de que tomara medidas para democratizar a la isla y permitir el desarrollo de una economía de mercado.

Pero lo cierto es que con ello el gobierno de Estados Unidos no consiguió ni lo uno ni lo otro y, para empeorar las cosas, evidenció que la política hacia Cuba no obedece a un plan estratégico trazado según principios ético-políticos e intereses de largo plazo, sino a dos metas poco elevadas: tapar los huecos de su propia improvisación, y tratar de cortejar a los grupos de extrema derecha del exilio cubano, cuyo poderoso cabildeo resultará crucial en las próximas elecciones en que se renovará parte del Congreso y entre otras, la gobernación de Florida, que está en manos del partido de gobierno y que podría perderse de continuar el flujo de balseros hacia ese Estado.


DIRECTO AL HOYO

El viraje de la política estadounidense hacia Cuba convirtió, como afirmó el diario The New York Times, "una crisis retórica, en una crisis real", y enfiló a Clinton hacia un callejón sin salida.

Un 'insider' de Washington le dijo a SEMANA que "es claro que la única esperanza de Clinton de evitar la avalancha humana es que Fidel Castro ceda buenamente ante las nuevas sanciones, abrumado por la situación insostenible de su economía". Pero no es seguro que las sanciones funcionen, pues antes de que fuera posible el envío directo de dinero, los cubanos se las arreglaban mediante terceros países, algo que se repetirá ahora. Y en el peor de los casos, para ese mismo analista, "es también claro que Castro no aflojará el control comunista del poder bajo presiones de Estados Unidos", porque a pesar del éxodo y de los disturbios de hace tres semanas, nada indica que la situación interna de la isla haya cambiado, y por el contrario, la agresión externa siempre ha sido hábilmente manejada por el gobierno cubano como el mayor factor de cohesión de sus ciudadanos. Y en el caso contrario, que parece más remoto, si se iniciara una rebelión y una guerra civil, el flujo de refugiados se haría insostenible.

Y de todas formas, incrementar las dificultades económicas a través de sanciones más duras lo único que podría lograr a corto plazo es aumentar la urgencia por emigrar de los sectores más afectados.

Por otra parte, los balseros han seguido saliendo en sus frágiles embarcaciones por tres razones: una, que se trata de personas que difícilmente están en contacto con los medios de comunicación, y que, como dijo un observador cubano, "se mueven más bien por los rumores y el entusiasmo caribeño que convierte todo en una fiesta, así sea de muerte". Dos, que el anuncio del envío de buques para detener a los balseros se convirtió en un acicate, porque así ninguna balsa estaría en el agua más de tres horas antes de ser "rescatada". Y tres, porque con el síndrome del pastorcito mentiroso que afecta a la política internacional de la actual administración estadounidense, los pocos balseros que la conocen piensan que sus parientes en Estados Unidos les conseguirán, de algún modo, su llegada a Estados Unidos y, como ha sido norma durante los últimos 28 años, su ciudadanía.


CONSECUENCIAS

Cuando Castro insinuó que dejaría de detener a quienes quisieran irse a Estados Unidos, lo único que hizo fue plegarse a las proclamas estadounidenses, entonces vigentes, de que se brindara la "libertad" a los cubanos que la escogieran. Pero ahora presencia cómo el mismo gobierno que patrocinó durante años la salida ilegal de los cubanos (ver recuadro) "ahora le exige que los detenga y de paso que actúe como un estalinista de la vieja guardia".

Al mismo tiempo, los propios ayudantes de Clinton han admitido que no saben por cuánto tiempo se mantendrá a los balseros en los campos de Krome y Guantánamo, lo cual no sólo tiene muy poca presentación desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que se convierte en una bomba de tiempo de consecuencias imprevisibles.

En esas condiciones, lo que comenzó siendo un problema menor, se convirtió por cuenta de la sobrerreacción de Washington en un verdadero plato político para Castro y en una tragedia de grandes proporciones en el mar Caribe. Una tragedia que cada una de las partes intentará atribuirle a la otra.

Por la imprevisión de su política, Clinton se ha quedado sin mucha capacidad de maniobra. Una posibilidad teórica, extrema y poco probable, es dejar de recoger a los balseros y permitir la escalada de su tragedia, para echarle la culpa a Castro y justificar una muy remota invasión a la isla. En el otro extremo, Clinton podría argumentar razones humanitarias para sentarse a dialogar con Cuba, lo que sería un triunfo histórico para Castro. Y una solución intermedia podría darse si las partes aceptan dialogar nominalmente sobre emigración, pero con previos arreglos "por debajo de la mesa".

Pero esas hipótesis suponen que la política exterior de Washington pueda ser independiente de la interior, lo que parece una utopía, dado el poder desplegado en este episodio por los grupos de extrema derecha del exilio cubano. Y de todas maneras el daño está hecho, en la medida en que Castro ya consiguió que la problemática cubana sea inevitablemente un tema de la cumbre de presidentes de Miami en diciembre, un foro organizado por Estados Unidos para tratar de aislar aún más a la isla.

En medio de esa intrincada maraña de estrategias geopolíticas, las verdaderas víctimas siguen siendo los balseros, quienes exponen la vida en medio de un proceso histórico que con casi total seguridad, no comprenden.



LO QUE PERDIERON

La Ley de Ajuste Cubano de 1966 otorgó al presidente de Estados Unidos amplias facultades para determinar bajo cuáles condiciones era posible admitir a los ciudadanos cubanos en el territorio de Estados Unidos, lo que en la práctica se tradujo -hasta la semana pasada- en que todos los cubanos que pisaban tierra estadounidense se convertían en asilados.

Esta ley dio lugar a otra que se denomina "Ley de refugiados cubanos", que estableció que todos los ciudadanos de Cuba que fueron recogidos por las autoridades de Estados Unidos mientras intentan llegar allí, o que de cualquier modo hubieran entrado a ese país después del primero de enero de 1959 (cuando se inició el gobierno comunista) tendrían derecho automático a ser admitidos legalmente en Estados Unidos y, después de un año y un día de permanencia en suelo estadounidense, a solicitar la residencia legal, que es la antesala de la solicitud de nacionalización. Esa es una excepción a la regla general, aplicable a todos los demás países, de que la residencia legal sólo se puede solicitar en el consulado de Estados Unidos en el lugar de origen.

Esas disposiciones se sumaron en el pasado a la actividad de entidades privadas que, bajo la anuencia del gobierno federal, brindan apoyo a los cubanos para su adaptación a la sociedad norteamericana. En desarrollo de este plan de apoyo, los cubanos recién llegados eran puestos en contacto con sus familiares, y recibían un auxilio económico durante los tres primeros meses de su llegada. En caso necesario, los organismos les buscaban trabajo en su especialidad, y de no ser posible en el lugar de residencia inicial, les trasladaban a otro estado donde las oportunidades fueran mejores. Allí eran recibidos en un hogar de paso en espera de que los demás privilegios les permitieran sostenerse por sí mismos.

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