Códigos o cañones

En el Mercader de Venecia, el desalmado Shylock exigía el pago de su deuda con una libra de carne humana. En el siglo XIX, las deudas internacionales eran cobradas a punta de cañón, lo que se conoció como 'la diplomacia de los barcos'. Y en el XXI, un juez de Estados Unidos acaba de decretar la congelación, una medida previa al embargo, de 11 bienes de Argentina en ese país, para exigir el pago de parte de su deuda externa. Si bien por ahora no se llega al embargo, las implicaciones para los endeudados países de Latinoamérica son preocupantes.

Hasta los 90, el Fondo Monetario Internacional protegió a los países que caían en cesación de pagos como México, Indonesia, Brasil y la propia Argentina. Pero a partir de 2001, Horst Kohler y Ann Krueger, las nuevas autoridades del FMI, decidieron que los acreedores privados debían afrontar las pérdidas por los préstamos desatendidos.

El caso tipo fue Argentina. El gobierno de Néstor Kirchner se encontró con una grave conmoción social y una deuda externa de 180.000 millones de dólares, con la mitad en default.

Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentaron un plan al FMI en Dubai el año pasado para pagar 25 por ciento de la deuda en default. Para cumplirlo, Argentina se comprometió a mantener con un colosal esfuerzo un alto superávit fiscal -3 por ciento-.

Ello no conmovió a los acreedores privados, que en los dos años transcurridos desde el default habían empezado a acumular demandas. Se trata sobre todo de los 'fondos buitre', que compran bonos de deuda a valores irrisorios y esperan cobrar al Estado que los emite un valor mucho mayor.

Uno de ellos, el fondo NML Capital, logró que un juez de Maryland y otro del distrito de Columbia aceptaran una demanda por 172 millones de dólares y congelaran 11 bienes argentinos en Washington y el estado de Maryland, incluida la casa del embajador.

Los abogados de Argentina dicen que las medidas violan la Convención de Viena sobre la inembargabilidad de los bienes diplomáticos, y la ley federal de inmunidades soberanas. Y que desvirtuarían a la doctrina Drago, nacida en 1902. Entonces Alemania, Inglaterra e Italia atacaron a Venezuela para cobrar sus acreencias con súbditos de ellas y el canciller argentino Luis María Drago dirigió una nota a Washington en que repudiaba el empleo de la fuerza para constreñir a un Estado a pagar su deuda pública.

El precedente es grave para América Latina, con su deuda de 800.000 millones de dólares, buena parte contraída de manera ilegítima por militares y gobiernos que se endeudaron ilegalmente o que salvaron a empresas privadas haciéndose cargo de sus pasivos.

Eduardo Conesa, profesor de la Universidad de Buenos Aires, recuerda que en el siglo XIX la mayoría de los gobiernos europeos, todos los latinoamericanos y varios estados de Norteamérica cayeron en cesación de pagos, y que en los años 30 del siglo XX, las potencias europeas cayeron en default de sus obligaciones y quedaron debiéndole a Estados Unidos 34.000 millones de dólares.

Como dijo Conesa a SEMANA, "la propuesta de pagar sólo el 25 por ciento de la deuda y renegociar con los organismos parece razonable. Aun así implica que remitiremos al exterior el 15 por ciento de nuestros impuestos, un sacrificio excesivo". Queda la pregunta de qué hacer para proteger a los acreedores de buena fe, los ahorradores del mundo desarrollado que confiaron en invertir en bonos estatales tercermundistas. Pero por lo que parece, la diplomacia del cañón ha regresado, vestida de juez.