Colombia pidió ante Naciones Unidas que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias prohibidas

Desde Viena, Austria, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, solicitó que la hoja de coca sea retirada como una de las sustancias prohibidas en el mundo. Lo hizo en el debate general del 66º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

“Señor presidente, ubicar la hoja de coca en la lista de sustancias controladas de la Convención Única de 1961 constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes. La planta no es el problema, la planta es parte de nuestra historia y nuestras tradiciones”, aseguró Gil.

Y agregó: “Llamamos al apoyo de todos ustedes para una revisión de la actual clasificación de la hoja de coca. En preparación de la Revisión de Término Medio de la Declaración Ministerial de 2019, le pedimos a la Comisión entender el momento, toda crisis representa también una oportunidad”.

Gil reconoció los esfuerzos que se han hecho en el país para erradicar los cultivos de coca, a través de distintos gobiernos, sin embargo, considera que este método no ha dado los resultados esperados y que por eso se debe dar un viraje en la forma en la que se enfrenta la lucha contra las drogas.

“En Colombia, el país que ha seguido de forma más estricta el modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas, solo en este milenio se fumigaron más de dos millones de hectáreas con cultivos de uso ilícito; se han erradicado manualmente más de un millón de hectáreas, se han detectado y destruido más de 70 mil infraestructuras y laboratorios para producir cocaína y heroína; y se han incautado casi seis (6) mil toneladas de cocaína destinadas a los principales mercados en Norteamérica y Europa. Aun así, vemos aumentos históricos de flujos de cocaína, que dejan a mi país sumido en la violencia”, señaló Gil.

La viceministra se alineó con el mensaje que ha enviado el gobierno de Petro en el que asegura que Colombia ha puesto “los muertos” y la persecución en contra de los campesinos. “Este fracaso de la guerra contra las drogas no representa una deuda pendiente de Colombia, encarna una deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo”, afirmó.

Gil considera que el país sigue “sumido en la violencia” y los niveles históricos de droga aumentando. “A pesar de una inversión incuantificable en materia de recursos humanos y económicos, hoy la producción de cocaína está en su máximo auge y el Informe Mundial de Drogas de 2022 nos indica que aproximadamente 284 millones de personas en el mundo consumen algún tipo de sustancia de forma ‘ilícita’”, señaló la viceministra.

Además, arremetió contra otras naciones, diciendo que los países en los que existen los mercados consumidores están exigiendo sin poner de su parte. “No han hecho lo suficiente en la prevención del uso de las sustancias ilícitas”, aseguró.

Además, mencionó que el presidente Gustavo Petro ha buscado dar el viraje de la lucha contra las drogas en distintas espacios internacionales con la propuesta de la ‘paz total’ y que con eso buscan ponerle fin a un conflicto armado de más de medio siglo. “Y el fin final no es convivir con el narcotráfico sino acabarlo”, afirmó Gil.

Por eso considera que la nueva propuesta política antidrogas que está implementando el país busca el bienestar de las comunidades más vulnerables que han sufrido el impacto del narcotráfico. “El enfoque punitivo se concentrará en los grandes eslabones del narcotráfico que se han lucrado de este negocio y han generado de violencia. Promovemos la alternatividad penal, la justicia restaurativa, terapéutica y la inclusión social”, aseguró la viceministra.

En cambio, dice que priorizarán un enfoque en salud pública y protección del medio ambiente, que también pasa por la regulación del cannabis y la hoja de coca.

“Esperamos ver estas medidas replicadas más y más en políticas nacionales e internacionales, fundamentadas en la participación social, la evidencia científica y el enfoque de género. Todo ello, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, así como los compromisos derivados de la UNGASS 2016 y los tratados de derechos humanos”, pidió la funcionaria del Gobierno.