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| 12/5/1994 12:00:00 AM

CONDENADOS A LA FUERZA

Ex guerrilleros peruanos enviaron a la cárcel a ciudadanos inocentes luego de acogerse a la ley de arrepentimiento del presidente Alberto Fujimori.

CONDENADOS A LA FUERZA CONDENADOS A LA FUERZA
LA LEY DE ARREPENTIMIENto, que expiró el primero de noviembre pasado, fue uno de los dispositivos contrainsurgentes que promulgó en abril de 1992 el presidente peruano, Alberto Fujimori, tras disolver ilegalmente un Parlamento en el que carecía de mayoría. El propósito era que los militantes y colaboradores de los grupos guerrilleros se entregaran a la justicia, logrando así beneficios importantes de reducción de penas.
Aunque la ley permitió la entrega de unos 5.000 ex guerrilleros y el acopio de importante información de inteligencia, su eficacia está siendo seriamente cuestionada en el Perú.
Organizaciones de derechos humanos han revelado que la mayoría de arrepentidos acusó a ciudadanos inocentes para congraciarse con las autoridades y hacerse merecedores al beneficio de reducción de pena. El asunto, de por sí ya grave, adquirió dimensiones insospechadas porque los nombres de esos inocentes fueron proporcionados por la misma Policía, que de esta manera se libró de 'enemigos' políticos o, simplemente, involucró a ciudadanos honestos para aparentar éxitos en su lucha contra la subversión.
Uno de estos casos es el de Alejandro Astorga, un chileno que fue sentenciado a cadena perpetua porque tres ex militantes del movimiento revolucionario Tupac Amarú lo acusaron de haber participado en un acto terrorista en enero de 1993. Astorga fue capturado por casualidad, mientras charlaba con otro chileno que sí era buscado por supuestamente haber participado en el secuestro de un empresario limeño en octubre de 1993. Aunque Astorga demostró que en ambas fechas estaba fuera de Perú, la policía, en su afán por enviarlo a prisión -según sus abogados-, le entregó su nombre a los tres arrepentidos del Tupac Amarú para que lo comprometieran y así poder condenarlo.
El problema es que como Astorga hay otros 5.000 casos similares, en los que ciudadanos honestos han sido detenidos por denuncias hechas por los mismos arrepentidos. "Las versiones de los arrepentidos deben ser tomadas en cuenta por los jueces y la Policía, pero sus revelaciones no pueden ser consideradas como prueba plena, como lo hacen ahora los jueces sin rostro, porque antes necesitan ser verificadas", sostuvo Gloria Cano, defensora de Astorga.
Si bien el gobierno peruano no ha dado una respuesta satisfactoria a quienes abogan por una revisión de los casos que comprometen a inocentes condenados, fuentes oficiales han reconocido que se cometieron injusticias y errores al amparo de esa legislación. El problema radica en que las sentencias ya fueron promulgadas por los llamados jueces sin rostro y su revisión no sólo demandaría meses de estudio sino que, en muchos casos, las autoridades han negado la reapertura de los expedientes. Con todo, 1.333 personas han sido absueltas y 1.613 han sido condenadas, 238 de ellas a cadena perpetua.
Más allá de la polémica, nadie duda en el Perú de la eficacia de esta ley en sus dos años de vigencia. Que 5.000 guerrilleros y colaboradores se hubieran acogido voluntariamente a la justicia es visto allí como un éxito del gobierno de Alberto Fujimori. No sólo por la cantidad de arrepentidos, sino porque este mismo hecho le proporcionó importantes puntos en vísperas de las elecciones presidenciales, en las que él espera ser reelegido.

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