"Correa ha ganado un round al enjuiciarnos, pero perderá la carrera"

Una corte ecuatoriana condenó el pasado martes a dos periodistas al pago de dos millones de dólares al presidente Rafael Correa, quien los demandó por daño moral a raíz de un libro que denunció contratos de un hermano suyo con el Estado.

El fallo de la jueza Quinta de lo Penal de Pichincha, María Mercedes Portilla, en contra de los reporteros, incluye adicionalmente el pago de 100.000 dólares para la defensa de Correa.

Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, deberán pagar un millón de dólares cada uno en la querella en la que el mandatario reclamaba un total de diez millones.

Los dos comunicadores escribieron el libro "El gran hermano", que reveló contratos con el Estado del hermano mayor del mandatario, Fabricio Correa, por 167 millones de dólares, de los cuales unos 120 millones corresponderían a contratación directa.

Correa rechaza que supiera de los negocios entre su hermano y el Estado, y en su defensa ha insistido en que una vez se enteró procedió a su terminación unilateral.
El libro afirma textualmente: "El presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano. Fabricio Correa Delgado lo reconoció".

Tras enterarse de la sentencia, los periodistas dijeron a SEMANA que el presidente “ha ganado un round al enjuiciarnos, pero perderá la carrera”, porque a su juicio, en el libro se explica “la corrupción que hubo en sus primeros cuatro años de gobierno”.

Calderón y Zurita añadieron que la cifra de la indemnización es “desproporcionada, absurda e irracional. Nosotros habremos visto 10.000 dólares, juntos”. "Esto es una forma de embolsillarse dos millones de dólares sin trabajar”.

Los acusado recalcaron que la razón está de su lado, porque a lo largo del juicio “no se han encontrado pruebas que desmientan las afirmaciones del libro y tampoco Correa ha podido explicar qué pasó con esos contratos”.

“La condena es una forma de castigo al trabajo periodístico”, recalcaron.

La sentencia indica que Correa se vio perjudicado “en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él”, y que ha sufrido “un Daño Moral”.

Recientemente en una rueda de prensa, un reportero preguntó a Correa por qué no demandaba también a su hermano por ese caso y el mandatario se limitó a responder: “porque no me da la gana”.

César Ricaurte, director de la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa, Fundamedios, señaló a SEMANA que este es un “gravísimo atentado contra la libertad de expresión y de prensa que abona al clima de acelerado deterioro de las libertades democráticas y los derechos fundamentales que se produce actualmente en el Ecuador”.
 
“Alertamos a la comunidad internacional de este intento de acallar a los periodistas ecuatorianos, pues esta sentencia no es más que una advertencia de lo que puede ocurrir a quienes investigan y denuncian casos de corrupción en el ejercicio del poder”, manifestó.

Además de este juicio, Correa adelanta un proceso penal contra el diario El Universo de Guayaquil por injurias, en el que ya tres directivos fueron sentenciados en segunda instancia a tres años de prisión y el pago solidario de 40 millones de dólares.

Otros casos

En otra confrontación con la prensa, el lunes anterior, el gobierno ecuatoriano puso en vigencia una nueva ley que regula los procesos electorales y prohíbe la difusión de trabajos periodísticos que, a juicio de las autoridades, busquen favorecer candidatos o ideologías.

La norma, impulsada por el oficialismo, entró a regir tras su publicación en el Registro (Diario) Oficial, al vencer el plazo de 30 días para que el Congreso se pronunciara sobre un veto del presidente Rafael Correa al llamado Código de la Democracia, que normará las elecciones generales de 2013.

La Asamblea Legislativa -donde la izquierda en el gobierno tiene el mayor bloque- no se pronunció sobre dos puntos del veto, incluido el que regula el trabajo de la prensa y que resulta ser el más polémico en medio de la pugna que Correa -quien no descarta la reelección- mantiene con los periodistas en general.

Ese artículo señala que "los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir en favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política".

La norma es rechazada por gremios periodísticos que la consideran una "mordaza" y violatoria de la libertad de expresión, pero que fracasaron en un pedido de medidas cautelares a la justicia.

"Se consagra la violación de un derecho constitucional que es la libertad de expresión y opinión, que pudo evitarse a través de la medida cautelar, pero la presión del poder político se impuso", dijo a SEMANA el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez.

También, el Gobierno ecuatoriano propuso recientemente hacerle modificaciones a la Relatoría para la Libertad de Prensa del sistema interamericano de Derechos Humanos en la OEA y, paralelamente, está en marcha una Ley de Medios –denominada por los periodistas como ‘Ley Mordaza’- que limita el trabajo periodístico en muchos sentidos, incluyendo la implantación de la censura previa en los medios.

El enfrentamiento del jefe de Estado con la prensa fue resumido así por el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco: “El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene una obsesión personal contra la libertad de expresión”.