Correa a la prensa

Las imágenes de al menos 300 policías ocupando a las 3 de la madrugada del pasado martes los canales Gamavisión, TC Televisión y CableNoticias, tanto en Quito como en Guayaquil, causaron un impacto inmediato. Era apenas natural, pues en el ambiente de polarización política que ha precedido el fin del trabajo de la Asamblea Constituyente que aterrizará la "refundación" que promete el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la medida parecía cargada de un tinte de inspiración chavista.

Aunque Correa ha estado permanentemente enfrentado con sectores de la prensa ecuatoriana, a los que ha llegado a llamar "mafias informativas", la medida tiene una justificación económica. Los policías estaban cumpliendo una orden de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), que tomó la decisión dentro del juicio de embargo que se les sigue a los hermanos William y Roberto Isaías, propietarios de esos medios, que huyeron a Estados Unidos tras la quiebra de Filanbanco en 1998.

Al conocerse la noticia, los canales comenzaron a transmitir en vivo y en directo lo que ocurría. Periodistas y otros trabajadores, micrófono en mano, protestaban -algunos llorando- y exigían respeto a la libertad de expresión, indicando que estaba comenzando una acción similar a la ocurrida en Caracas, cuando se produjo el cierre de RCTV. En los pasillos y en las azoteas se comenzó a ver carteles en los que se leía, por ejemplo,? "S. O. S. libertad de expresión".

Aunque las comparaciones abunden, la situación es distinta a la de RCTV. Hay varias diferencias, pero la más obvia es que mientras el cierre de RCTV era una medida impopular que generó protestas y terminó influyendo en la derrota de Hugo Chávez en el referendo constitucional venezolano, la medida del gobierno ecuatoriano es popular. La AGD fue creada para asegurar la devolución de los depósitos tras la grave crisis financiera de Ecuador, en la que el Estado perdió no menos de 5.000 millones de dólares en salvatajes (como se conoce en Ecuador los salvavidas gubernamentales para los bancos al borde de la quiebra) a una docena de bancos. De ahí que muchos analistas recuerden que esa embestida de Correa era reclamada por muchos ecuatorianos. Eso no quiere decir que no incluya elementos preocupantes.

Uno de ellos es que, en otra acción, las autoridades clausuraron la emisora Radio Sucre, con sede en Guayaquil, aduciendo irregularidades en el uso de la frecuencia. Su director y propietario, Vicente Arroba, dijo a SEMANA desde la clandestinidad que es un perseguido político. "Tengo orden de captura y no puedo salir para defenderme, porque me pueden detener", expresó el comunicador, quien también es concejal de Guayaquil por el opositor Partido Social Cristiano (PSC).

Las incautaciones, además del rechazo de adversarios, gremios empresariales y medios de comunicación, provocaron también la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, con quien el presidente Correa sostuvo un fuerte altercado. SEMANA supo que cuando en el Palacio Presidencial se coordinaba el operativo, Ortiz se opuso al procedimiento y se negó a firmar los documentos correspondientes. Entonces, el primer mandatario le increpó: "O firmas o te vas", ante lo cual el ministro presentó su dimisión. En su reemplazo Correa designó a Wilma Salgado, coincidencialmente ex gerente de la AGD, y a quien tres días antes la Asamblea Constituyente había beneficiado con una amnistía luego de haber sido enjuiciada penalmente. La AGD, entretanto, designó directores periodísticos y administradores temporales para los canales, que continuaron con sus emisiones.

El momento político en que se tomó la decisión es significativo. Unos días antes, la Constituyente, dominada por el oficialismo, incluyó en la nueva Carta Política un artículo en el que prohíbe a los banqueros tener medios de comunicación.

Correa, que dos días antes había negado que la medida se fuera tomar, se olvidó de lo que había dicho y la calificó de "paso trascendental" para resarcir a las víctimas del denominado "atraco bancario del siglo". Pero si bien en las calles los ciudadanos comunes y corrientes apoyan la acción presidencial, aduciendo que "al fin alguien puso en su sitio a los oligarcas y ladrones de cuello blanco", los medios empresariales y periodísticos lo acusan de intentar amordazar a la prensa.

Los pronunciamientos se multiplicaron. "Está comenzando el totalitarismo. Vivimos momentos escalofriantes cuando todo el sistema de libertades está siendo vulnerado", dijo a SEMANA el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah. "Veníamos anunciándolo hace tiempo, la libertad de expresión esta en peligro", comentó por su parte a esta revista Nicolás Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), con sede en Estados Unidos, estimó que las acciones del régimen tienen motivaciones políticas.

El subdirector del diario El Universo de Guayaquil, Emilio Palacio, manifestó a SEMANA que "es una medida totalmente arbitraria porque la toma el gobierno cuando va a iniciar una campaña electoral en la que necesita desesperadamente, para que su proyecto subsista, amordazar a los medios que puedan dar cabida a voces críticas". La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) expresó en la primera plana en todos los diarios del país su rechazo a "las posibles acciones en contra de la libertad de expresión que pudieran derivarse de la incautación" e hizo notar que se debe mantener "la total independencia en el manejo periodístico de los medios incautados, lo cual no es posible si el gobierno nombra la cabeza informativa, como ha sucedido".

Entretanto, el gobierno negó que se quiera coartar la libertad de expresión. "Esto no se hizo porque el Estado quiera quedarse con eso, no es para tener medios de comunicación, lo que quiere el Estado es tener patrimonio que le permita cumplir obligaciones financieras", dijo el ministro de gobierno, Fernando Bustamante. Los abogados de los hermanos Isaías niegan que existan deudas pendientes con el Estado y anunciaron un pleito internacional para "desenmascarar" la que llamaron "maniobra política contra la prensa".

La oposición, por su lado, juzga el hecho como un pretexto para minar la libertad de información antes del referendo constitucional de septiembre, que le permitiría a Correa, entre otras, buscar la reelección. Y los analistas apuntan que la popularidad del gobierno viene en descenso y recuerdan que hace pocos días el presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, otrora un incondicional de Correa, renunció, aparentemente por desacuerdos sobre los plazos para entregar la Carta Política.

Todo el asunto, aunque se trate de un acto legal estrictamente financiero, levanta suspicacias, pues estas confiscaciones son el segundo golpe contra los medios, luego de que el periódico El Telégrafo, decano de la prensa ecuatoriana, fue también embargado por la AGD en marzo de 2002 y ahora es el diario oficial del gobierno. Un mal antecedente que permite acusar a Correa, en el mejor de los casos, de oportunismo político. n