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La piñata en que se convirtió la campaña electoral brasileña

El PT sigue empeñado en inscribir a la presidencia a Lula, quien desde la cárcel sigue con las mayores opciones. Y la alternativa es su antítesis: un exmilitar que defiende las torturas y la dictadura.


El miércoles, el Partido de los Trabajadores inscribió la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, pero al día siguiente la fiscal general, Raquel Dodge, impugnó el acto ante el Tribunal Superior Electoral. Alegó que el expresidente es inelegible porque la Justicia lo condenó a 12 años de cárcel por el proceso conocido como Lava Jato. De ese modo, creció la incertidumbre en un país que se ha convertido en la piñata más grande del mundo: a menos de dos meses del 7 de octubre, nadie sabe quién puede ganar, y ni siquiera quiénes estarán en el partidor.

En esa fecha los brasileños elegirán presidente, renovarán todos los miembros de la Cámara y un tercio del Senado, y escogerán gobernadores y legisladores en 26 estados y en la capital. Pero a diferencia de otras elecciones desde que volvió la democracia en 1985, esta vez los electores están enojados, desilusionados y descontentos. Si las elecciones fueran hoy, ganaría Lula que aun con un 30 por ciento de las preferencias, tiene graves dificultades para siquiera participar. Y si Lula no va, al día de hoy se llevaría la presidencia Jair Bolsonaro, un exmilitar evangelista y ultraderechista que despierta un enorme rechazo.

En ese extraño escenario en el que el candidato socialista resulta bloqueado por decisiones judiciales, aparece en el segundo lugar en las encuestas alguien de extrema derecha.

En lejanos tercero, cuarto y quinto lugares se ubican candidatos que por ahora no superan los diez puntos en las encuestas: Gerardo Alckmin, del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB); la ecologista Marina Silva, del Partido Rede; y Ciro Gomes, del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT).

Para el analista internacional Jorge Castro, “el punto de partida es que el expresidente no va a participar del proceso electoral, porque la ley aprobada durante su gobierno es nítida: todo condenado en segunda instancia por un tribunal colegiado no puede disputar la presidencia”. A pesar de ello, el PT inscribió a Lula como ‘ficha limpia’, alegando que la ley obliga a presentar la certificación de antecedentes del domicilio electoral del candidato y no de todo el país. Como el juez Sergio Moro lo condenó en Curitiba y en segunda instancia el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Porto Alegre, su ficha está limpia en São Paulo, su lugar de residencia.

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Pero esa argucia legal servirá de poco por la impugnación presentada de inmediato por la Fiscalía. Ese acto abre un procedimiento en que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debe tomar una decisión. El 17 de septiembre debe haber resuelto todos los pedidos de registro y hasta ese día los partidos pueden sustituir sus candidatos, aunque todavía pueden recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF), alegando inconstitucionalidades en el proceso.

Cuando todo esto termine y cuando todas las puertas se cierren, como se espera, Lula cedería su lugar a Fernando Haddad, exalcalde de São Paulo, su actual candidato a vicepresidente, con Manuela D’Ávila, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) como vice. Para Castro, el PT tiene pocas opciones: “La intención de voto del 30 por ciento es de Lula, no del PT. La posibilidad de que transfiera su caudal va a ser muy difícil porque Haddad es tan desconocido como los demás”.

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Sin embargo, el analista Guilherme Simões Reis, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, cree por el contrario que puede llegar a haber una “transferencia récord” de Lula a Hadad y por eso considera que hay que hacer la transición rápidamente. “Van a intentar, lo más posible, explotar la insatisfacción con el hecho de que Lula no sea candidato. Si bien siempre hay un límite a la transferencia de votos, creo que es posible que Haddad pase a la segunda vuelta”. Ya se habla, incluso, de que el exalcalde se pondrá el nombre de Fernando ‘Lula’ Haddad.

En ese extraño escenario en el que el candidato socialista resulta bloqueado por decisiones judiciales, aparece en el segundo lugar en las encuestas alguien de extrema derecha. Jair Bolsonaro, el exmilitar y candidato evangélico del Partido Social Liberal, ha defendido a la dictadura militar, la tortura y la pena de muerte y su base es un pequeño partido sin estructura nacional.

Lo mismo sucede con los otros aspirantes: Silva, la ecologista que ya fue candidata presidencial, suma 8 puntos; Ciro Gomes, exgobernador del estado de Ceará, ocupó el Ministerio de Integración Nacional durante el gobierno de Lula de 2003 a 2006 y después fue diputado nacional, pero tiene un 7 por ciento en las encuestas. Ni qué hablar de Henrique Meirelles, el candidato del presidente Michel Temer por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), presidente del Banco Central durante el gobierno de Lula y ministro de Hacienda hasta abril de este año, cuando renunció para disputar la presidencia.

Pero Temer es tan impopular que Meirelles cuenta con una candidatura puramente simbólica, ya que no tiene ninguna posibilidad, con solo un 2 por ciento de favoritismo en las encuestas.

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Ante la ausencia de figuras nacionales, cobran peso clave la televisión y la propaganda electoral. “Lo decisivo va a ser cuántos minutos de televisión gratuita tiene cada uno de ellos”, opina Castro. Esto le dará una enorme ventaja a Gerardo Alckmin, del PSDB, cuatro veces gobernador de São Paulo, excandidato presidencial en 2006 por el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, el principal opositor a los gobiernos del PT y quien representa a la poderosa industria paulista. Alckmin tiene más posibilidades, ya que ha logrado reunir una coalición de 13 partidos que completan casi el 50 por ciento del total de propaganda gratuita.

El espacio electoral gratuito se divide en dos bloques diarios de 12 minutos y 30 segundos a las 13 y las 20:30, los martes, jueves y sábados, del 31 de agosto al 4 de octubre. Alckmin contará con 5 minutos y 30 segundos, el PT tendrá 2 minutos y 27 segundos, y los demás se repartirán 4 minutos entre todos. Además, Alckmin se garantiza un 48 por ciento de los fondos públicos destinados a la financiación de los partidos, ya que después del escándalo del Lava Jato se prohibió la financiación privada de las campañas electorales.

Desde la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, el país vive una grave situación económica. El escándalo del Lava Jato, que involucró a Odebrecht y otras grandes constructoras con los sobornos pagados a la clase política brasileña, destruyó la credibilidad en las empresas y las instituciones y llevó al mismísimo Lula a prisión, acusado de haber recibido un apartamento de la constructora OAS.

A Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército, lo consideran la versión tropical de la ultraderecha fanática, comparable con la francesa Marine Le Pen y el italiano Matteo Salvini.

El gobierno de Temer, que tiene solo el 5 por ciento de aceptación popular, no ha logrado sacar al país de la crisis: en mayo, la economía del gigante suramericano tuvo su mayor caída en 15 años y se contrajo 1 por ciento en el segundo trimestre del año. Sin embargo, Brasil goza de un robusto sector externo, con un superávit comercial de 60.000 millones de dólares. Esto es una buena noticia, aunque el principal problema es fiscal, en particular, el sistema de seguridad social, rompedero de cabezas de todos los gobiernos. Su reforma seguirá siendo uno de los temas candentes para el futuro ganador.

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Pero falta mucho para eso. Mirando más allá del 7 de octubre, habrá que ver cuáles de los 13 candidatos en carrera pueden pasar a una segunda vuelta, pues con el actual panorama es difícil augurar un triunfador con más del 50 por ciento. En ese caso, todavía puede haber grandes sorpresas en la piñata brasileña, cuyas sorpresas por lo visto aún no terminan.