Ecuador caliente

Los policías que cercAn los epicentros del temblor político que sacude a Ecuador son la imagen que mejor ilustra el tenso ambiente que se respira en Quito. Decenas de ellos se alinean con escudos antidisturbios frente al palacio de Carondelet, sede de gobierno. Cientos impiden traspasar el amplio perímetro del edifico donde sesiona el Congreso, que no se reúne desde la batalla campal del pasado martes, y otros tantos custodian la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Es difícil seguir el vertiginoso ritmo de los acontecimientos en Ecuador. El enfrentamiento del presidente Rafael Correa con los partidos políticos que dominan el Congreso, se remonta a la campaña electoral, cuando el entonces candidato le declaró la guerra a la "partidocracia". La Asamblea Constituyente fue la principal promesa de Correa quien, incluso, cuando se posesionó hace dos meses, tomó juramento, aludió a Dios y al pueblo ecuatoriano pero, para sorpresa de todos, evitó hacer referencia a la Constitución que se propone cambiar.

Pero la tempestad actual, que incluyó al poder judicial en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, se desató el 7 de marzo, cuando el TSE decidió destituir a más de la mitad del Congreso, 57 diputados de un total de 100, y les suspendió sus derechos políticos por un año. Esta fue su respuesta al intento de las mayorías en el Congreso de destituir al presidente del TSE, Jorge Acosta, por haber aprobado sin pasar por el legislativo la consulta sobre la Asamblea para el 15 de abril.

Las dos decisiones son de una legalidad dudosa. El gobierno tomó rápidamente partido por el TSE y envió a la Policía para impedir el acceso a los congresistas que pertenecen a los partidos que se oponen al proyecto de Correa: el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian), del derrotado rival de Correa en las elecciones, el magnate Álvaro Noboa; Sociedad Patriótica (SP), del depuesto ex presidente Lucio Gutiérrez, y el tradicional Partido Social Cristiano (PSC). Miles de manifestantes llegaron hasta el lugar para apoyar al gobierno y expresar su repudio a los congresistas, mientras otros tantos manifestantes agredieron a otros legisladores destituidos que se reunían en un hotel de la capital.

El martes pasado, 20 de los diputados destituidos lograron entrar a la fuerza al Congreso, en medio de forcejeos con la Policía y nuevas agresiones de los manifestantes, que dejaron varios heridos. El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, convocó a sesión ordinaria para el próximo martes a las 10 de la mañana, pero sólo consiguió suspender la crisis. También, en otro lugar de la ciudad, hubo un confuso tiroteo donde hirieron a dos simpatizantes de la oposición.

El miércoles, el propio Presidente se vio obligado a desmentir tajantemente en televisión los fuertes rumores sobre un feriado bancario, que atribuyó a los 57 diputados "defenestrados, irresponsables y antipatria" y a "las mafias políticas y económicas que se niegan a morir". Ecuador ya experimentó la impopular medida durante el gobierno de Jamil Mahuad, en 1999, y ahora está formalmente prohibida por la ley.

Como un último recurso, los diputados destituidos presentaron un amparo ante un juez de Manabi, y el jueves, cuando varios de ellos asistían a una audiencia, estalló de nuevo la violencia y varios manifestantes atacaron sus vehículos con piedras y palos. A los congresistas no les quedó más remedio que huir despavoridos y refugiarse en una vivienda hasta cuando un vehículo antimotines pudo protegerlos de la turba enfurecida. En cuanto al juez que acogió el amparo, también podría ser destituido por el TSE.

Para Correa no hay ni crisis institucional ni violencia política en Ecuador, pues, según el mandatario, "no hay quiebre institucional, sólo un grupúsculo de legisladores que traicionaron el mandato popular". Para el gobierno, la única fórmula aceptable es que el Congreso funcione con los suplentes de los destituidos. "Ellos abusaron de su poder, se creyeron inmunes y les dieron de su propia medicina", aseguró Correa.

La senda de Chávez

Según la oposición, el Presidente está siguiendo el libreto de su amigo el venezolano Hugo Chávez, y transita hacia el autoritarismo y la concentración de poder. Federico Pérez es uno de los destituidos diputados del Prian, y el primero en renunciar públicamente, el pasado jueves. "Correa pretende conseguir en dos meses lo que a Chávez le ha costado ocho años", dijo con preocupación a SEMANA en el elegante Club de Agricultores en Quito.

"La base del discurso de Correa, como fue el de Chávez, es la polarización y la confrontación con el poder constituido en todos los ámbitos", afirma en su oficina de la Universidad Andina Simón Bolivar el analista y catedrático César Montúfar. "Pero Ecuador es un país atravesado por una fragmentación política, regional, étnica y social que hace imposible procesos de concentración de liderazgo tan pronunciados como los de Venezuela", añade con gesto categórico.

Correa está casando demasiadas peleas, no sólo con la "partidocracia", sino también con los medios de comunicación. Luego de que habló de mafias informativas, al final de la semana se enfrentó con el diario La hora, por cuenta de un editorial donde lo criticaban por el caos institucional. Con los empresarios y los líderes políticos de Guayaquil, la capital económica de país, la relación ha sido tensa. El jueves, las llamadas "fuerzas vivas" de la provincia, o sea los sectores empresariales, salieron a las calles a respaldar al alcalde opositor Jaime Nebot, quien aprovechó su discurso para criticar fuertemente el modelo socialista del Presidente. El oficialista Movimiento Alianza País organizó también su propia concentración y, aunque no hubo enfrentamientos, el pulso fue un reflejo del estado de los ánimos.

Si se exacerba más la polarización, se corre el riesgo de que el escenario, más que al de Venezuela, se parezca la de Bolivia, donde las elites de las regiones más desarrolladas han puesto serios obstáculos al proceso de "refundación" que persigue Evo Morales.

Políticos queridos y odiados

Wilma Andrade es una diputada que no hace parte de los destituidos y pertenece a Izquierda Democrática, una de las fuerzas políticas de la Asamblea. Ella considera que la oposición no ha entendido que la consulta hace parte de "un proceso histórico irreversible", aunque también censura el discurso "beligerante e intolerante" del Presidente, pues opina que se necesita una gran concertación para asegurar que esa eventual Constitución sea respetada. "Así sea minoritaria, las fuerzas políticas van a tener su representación y tenemos que llegar a una Asamblea donde no nos saquemos los ojos", dijo a SEMANA.

Aunque todo el conflicto entre el Congreso y el TSE pudiera parecer un tema de interpretación jurídica, en realidad se trata de un pulso de poderes. Y en la calles, el apoyo a Correa es apabullante.

En Ecuador, el país más inestable de la región, con ocho presidentes en una década, el Congreso está acostumbrado a tumbar Presidentes, como lo hizo con Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez. Pero Correa, como apuntó hace poco, no teme que lo derroquen pues tiene una favorabilidad de más del 90 por ciento gracias, entre otras cosas, a medidas como duplicar el bono de desarrollo humano para los más pobres. Aunque no presentó candidatos propios al Congreso (o quizás en parte gracias a que no lo hizo), es el mandatario con mayor respaldo popular desde cuando se inició el actual período democrático en 1979. La Constituyente es un clamor popular. El Congreso, por el contrario, está profundamente desprestigiado, y el famoso "que se vayan todos" se escucha en todas las esquinas.

Para Irma Torres, un ama de casa que ha dejado de lado sus oficios para volcarse a la calle a defender a Correa con un afiche que muestra a las 'ratas' del Congreso, "es el único que está con el pueblo y está cumpliendo lo que prometió. Ya era hora de que se largaran". Según Daniela Ramírez, una estudiante de la universidad Central del Ecuador, "los congresistas tienen unos sueldos muy elevados. Ganan 3.800 dólares. En el 98 hicieron una Constituyente a favor del neoliberalismo y todas las leyes los benefician". Ante la principal crítica de la oposición, María Escobar, otra ama de casa correísta que se manifiesta frente al Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande, opina que "sería maravilloso que se convirtiera en Chávez. No nos asusta el comunismo. Si este Presidente sigue cumpliendo, que se quede de por vida".

En medio de la pertinaz lluvia que caracteriza a Quito en estos días, hay un clima de ebullición social que se ha traducido en manifestaciones de baja intensidad para respaldar a Correa. A muchos les extraña que los movimientos sociales, y especialmente los indígenas, que apoyan la iniciativa de Correa y en el pasado han abarrotado las calles, no se hayan hecho sentir con más fuerza en medio de esta crisis. Pero ellos están pensando desde ya en la Asamblea.

SEMANA presenció la primera reunión del proyecto Somos Poder Constituyente, que reúne diversos movimientos sociales que incluyen desde la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hasta las organizaciones femeninas. Los invitados llegaron de todas partes, la Amazonia, Galápagos, la Sierra o Guayaquil. Su discurso es muy parecido al de Correa, y demandan, entre otros, que los recursos naturales vuelvan a las manos de los ecuatorianos y que la ecuatoriana deje de ser una democracia con rasgos coloniales.

"La crisis no es coyuntural, es una crisis estructural que se viene arrastrando de mucho tiempo atrás. La vieja estructura del Estado se tiene que transformar y hay una empatía entre la propuesta del gobierno y lo que quiere el pueblo ecuatoriano", dijo a SEMANA Luis Macas, presidente de Conaie. "Cuando el momento lo requiera, el movimiento indígena, como siempre, estará en las calles", advierte.

A estas alturas, Correa está obligado a mantener la intensidad de su discurso contra la partidocracia y los congresistas o, de lo contrario, su fortaleza se podría comenzar a resquebrajar. Pero a pesar de su sintonía con la opinión pública, el desprestigio de la política a tales niveles es peligroso pues atenta contra la institucionalidad y cuando el Presidente comience a personificar el poder, se le podría devolver como un bumerán.

"Los llamados a la sensatez, a la cordura y al mínimo respeto a la institucionalidad caen en un absoluto vacío porque los dos actores principales de nuestro medio político convergen perversamente porque les conviene -explica el analista Montúfar-. Gobierno y oposición coinciden en que el caos es en este momento la vía para ganar la Asamblea, por un lado, o boicotear su legitimidad, por el otro. Mientras mayor demolición institucional exista, el peligro de una salida autoritaria también es mayor".

Aunque Ecuador parezca a la deriva, es tal el empuje popular, que la brújula inevitablemente señala en dirección a la Asamblea Constituyente. Pero en el camino todo puede pasar y ya nadie se atreve a anticipar escenarios. Por lo pronto, el martes, cuando los diputados deben volver a sesionar, la posibilidad de nuevos episodios de confrontación se hace latente. Y la presencia de la Policía en el Congreso volvería a estar justificada.