Una corte de Estados Unidos abrió la puerta al procesamiento judicial del ex fiscal general John Ashcroft por su política de arrestos a los llamados "testigos materiales", personas que supuestamente tenían información sobre casos de terrorismo tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001.
Un tribunal de apelaciones del estado de Idaho admitió la denuncia de uno de estos detenidos, un ciudadano estadounidense que aseguró haber sufrido sistemáticamente la violación de sus derechos constitucionales por culpa del entonces fiscal, miembro del gabinete de George W. Bush.
Abdullah Al-Kidd sostuvo que en 2003 permaneció arrestado durante 16 días sin ser acusado de ningún delito y durante un año estuvo bajo supervisión judicial, mientras las autoridades investigaban un presunto caso de terrorismo.
Según explicó desde EE.UU. el periodista de la BBC Charles Scanlon, este estudiante musulmán fue arrestado cuando se disponía a tomar un avión a Arabia Saudita.
Al-Kidd aseguró que este tratamiento, que incluía interrogatorios sin presentar ninguna prueba ante él, respondió a una política gubernamental ilegal ideada por Ashcroft.
El tribunal definió este tipo de arrestos como "repugnantes para la Constitución" y "un doloroso recordatorio de algunos de los capítulos más ignominiosos" de la historia del país.
La sala de apelaciones denunció que el gobierno recurrió a la detención de ciudadanos de EE.UU., "a veces en condiciones precarias, no porque hubiera prueba de que hubiesen cometido un crimen, sino simplemente porque el gobierno pretendía investigarles por supuestas fechorías o para evitar que tuvieran contacto con otras personas".
Consecuencias
Al-Kidd presentó una denuncia en 2005 argumentando que la detención le provocó la pérdida de una beca para estudiar en Arabia Saudita, además de causar el fin de su matrimonio.
El demandante señaló que la secretaría que dirigía Ashcroft detenía especialmente a personas de origen árabe o musulmanes, como él, sin que existieran pruebas de su implicación en casos criminales.
Ashcroft, una de las piezas fundamentales en la primera administración de Bush (2001-2004), esgrimió su posición en el Departamento de Justicia para declararse inmune a estos cargos, algo que la corte rechazó este viernes.
También dijo que no estuvo involucrado personalmente en la política de detenciones del Departamento.
Vía libre para más investigaciones
Para Lee Gelernt, el abogado de Al-Kidd, "ningún funcionario, incluyendo el secretario de Justicia de EE.UU., puede ser inmune si adopta y aplica una ley inconstitucional".
Según el letrado, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el dictamen es "enormemente importante", ya que podría fomentar nuevas investigaciones sobre las más de 60 personas que fueron arrestadas como testigos materiales después del 11S.
"Esperamos que ahora podamos empezar el proceso de poner al descubierto la extensión de esta política ilegal", dijo.