El delito de opinión

El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez dio un paso más en el camino al totalitarismo. Con pocos días de diferencia, dos figuras opositoras fueron detenidas la semana pasada por haber criticado públicamente al autoproclamado socialista del siglo XXI, en episodios de dudosa legalidad que hacen pensar que el delito de opinión se abre paso en la República Bolivariana.

La noche del lunes, agentes del servicio de inteligencia se llevaron preso al ex gobernador del estado Zulia Oswaldo Álvarez Paz, acusado de conspiración, instigación al delito y difusión de información falsa. Todo por comentar en un programa de televisión las acusaciones del juez español que vincula a funcionarios venezolanos con las Farc y con ETA. Tres días después le tocó el turno a Guillermo Zuloaga, presidente del canal opositor Globovisión. Al empresario lo acusan de "vilipendiar" a Chávez durante la cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada en Aruba, donde declaró que el Presidente era responsable de los sucesos sangrientos del fugaz golpe de Estado del 11 de abril de 2002. A Zuloaga lo detuvieron en un aeropuerto de Falcón cuando iba rumbo al Caribe para pasar la Semana Santa y lo llevaron a los tribunales en Caracas. Esa noche, después de todo tipo de declaraciones dentro y fuera de Venezuela que rechazaban la acción judicial, lo pusieron en libertad, pero tiene prohibido salir del país. Desde la oposición, no tardaron en denunciar una nueva oleada de "terrorismo judicial".

"Esto profundiza lo que yo he llamado la aplicación del derecho de guerra contra los enemigos políticos", dijo a SEMANA Román Duque Corredor, ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, profesor de Derecho Constitucional y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. En su concepto, se trata de una persecución sistemática y planificada para criminalizar las opiniones, que involucra todos los órganos de los poderes públicos.

Hace tiempo es claro que el mandatario venezolano no tolera las críticas. Un sonado informe de Human Rigths Watch, que le costó a su director para las Américas la expulsión de Venezuela, señalaba la discriminación política y el desprecio de la autonomía de los poderes como características definitorias de la presidencia de Chávez.

Ser opositor es cada vez más peligroso. Primero fueron las 272 inhabilidades políticas que sacaron del camino a líderes populares como el ex alcalde de Chacao Leopoldo López antes de las elecciones regionales de 2008. La oposición, sin embargo, se quedó con las cinco gobernaciones más importantes y la alcaldía de Caracas. Pero Chávez después lanzó una ofensiva para quitarles atribuciones y competencias hasta convertirlas en un cascarón vacío.

La lista de dirigentes opositores empapelados es larga. Raúl Baduel, ex ministro de Defensa convertido en disidente, está tras las rejas acusado de corrupción. A Manuel Rosales, otro ex gobernador del Zulia, lo acusaron de enriquecimiento ilícito después de que Chávez declaró que estaba decidido a meterlo preso. Hoy está asilado en Perú.

La prensa también ha sufrido el acoso gubernamental. Chávez ha cerrado medios de comunicación como Rctv y varias estaciones de radio. Globovisión, en particular, ha sido un blanco permanente de sus ataques verbales, al punto que en varias ocasiones se ha rumorado que van a cerrar el canal.

La diferencia es que, hasta ahora, se habían esgrimido actos de corrupción en el caso de los políticos, o formalismos administrativos en el de los medios. No sus opiniones. "Antes se pretendía construir cierta formalidad. Ya es mucho más descarado. Estas decisiones son abiertamente indefendibles en el escenario internacional", dijo a SEMANA Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Todo apunta a que la nueva escalada, a meses de las elecciones legislativas de septiembre donde el chavismo podría perder sus mayorías, busca intimidar a los opositores, promover la autocensura y mantener cohesionado al oficialismo. Un escenario nada prometedor para la democracia venezolana.