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| 6/15/2003 12:00:00 AM

El desafío vasco

Con la rebeldía del Parlamento euzquera a aceptar la ilegalización de Batasuna, Madrid enfrenta una grave crisis institucional.

El Parlamento vasco tiene en jaque a las instituciones de la madre patria. Su negativa a cumplir una orden del Tribunal Supremo de ilegalizar al grupo político 'Sozialista Abertzaleak' por sus lazos con la banda terrorista ETA ha sido calificada como "el mayor desafío contra la democracia" por el presidente José María Aznar y por el oposicionista Partido Socialista (Psoe). El tema elevó a la condición de crítica las difíciles relaciones entre el País Vasco y el gobierno español.

ETA mantenía un importante poder en el País Vasco a través del partido Batasuna que, tras ser ilegalizado en marzo, pasó a llamarse 'Sozialista Abertzaleak' (Socialistas Nacionalistas). Poco antes de las elecciones municipales del 25 de mayo el Tribunal Supremo anuló 241 listas de candidatos de la Plataforma por la Autodeterminación (AuB) porque también contenían nombres de Batasuna.

Pero lo que ha causado más conmoción es que el Parlamento vasco sometió a votación la orden y se negó a ilegalizar el partido gracias a la mayoría nacionalista, incluido el propio 'Sozialista Abertzaleak'. El Supremo exigió una explicación y el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, respondió que le era "imposible" disolver el partido por falta de herramientas jurídicas. Atutxa propuso cambios en el reglamento para posibilitar la disolución de grupos parlamentarios, que cuenta con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el principal grupo político de esta comunidad autónoma.

Según el gobierno y el Psoe, el Parlamento vasco discute la autoridad del Tribunal basándose en un informe en el que afirma que "se han invadido competencias, se ha menospreciado la autonomía del Parlamento y se ha emitido una sentencia que es ajena, completamente, al ordenamiento jurídico" del País Vasco. La respuesta de Atutxa desató indignación. El presidente del Partido Popular vasco, Carlos Iturgaiz, dijo que las sentencias "no se votan, sino que se cumplen", y el fiscal general, Jesús Cardenal, amenazó con iniciar acciones contra el Parlamento vasco si no cumple la orden.

Con dos millones de habitantes (5 por ciento de España), el País Vasco fue la región que más logró autonomía. Su Parlamento tiene la mayor capacidad de autogobierno, la comunidad dispone de su policía, la 'Ertaintza', y cuenta con un sistema educativo en euskera (idioma vasco) con textos que exaltan la nacionalidad vasca. "Si se pudiera conseguir un pasaporte vasco, lo tendría, porque mi nacionalidad no es española. No me siento español ni me sentiré nunca", comentó a SEMANA el miembro de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, Taxema Auxbendi.

En las elecciones municipales la coalición liderada por el Partido Nacionalista Vasco consiguió aumentar votación en las tres provincias vascas. Esta alza alarmó al Partido Popular y al Psoe, que decidieron hacer coalición para gobernar en varias localidades porque para ellos la lucha allí es entre 'nacionalistas' y 'constitucionalistas'.

Pero el poder regional está controlado por nacionalistas. Esto hace prever que el desafío a las órdenes del Tribunal se prolongará. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, dijo a SEMANA que el Tribunal Supremo "se ha metido en un lío grande" al trasladar al Parlamento vasco una sentencia que difícilmente se puede cumplir si no se cambia su normativa interna. "Lo único que está haciendo el Parlamento es defender su autonomía, explicó. El reglamento lo tienen que cambiar los parlamentarios y a éstos nadie les puede obligar a que voten en un sentido concreto". Esa explicación jurídica para un problema político no augura un fácil acuerdo.

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