EL DICTADOR CONFIADO

En la esquina de Moneda y Estado, pleno centro de Santiago de Chile, diez vendedores ambulantes pregonan a gritos sus baratijas. Ganan poco y se exponen a que los carabineros los corran a palo a cada rato. Sin embargo, no tienen muchas alternativas. Hay un millón de chilenos desempleados -cerca del 20%- y esta cifra se eleva hasta más de 30%, si se tiene en cuenta a aquellos que como estos vendedores callejeros, sólo tienen un disfraz de trabajo.
Según algunos estudiosos de la economía chilena, las perspectivas de empleo para los jóvenes menores de 30 años son aún más angustiantes: el 65% de ellos está cesante.
El gobierno ha creado el Plan de Empleo Mínimo y el Plan de Jefes de Hogares para dar trabajo a unas 300 mil personas. "Lejos de solucionar el problema, estos planes dan trabajo inútil que degrada al hombre, pagándole menos de cuatro mil pesos al mes (20 dólares aproximadamente)",dijo el dirigente demócrata cristiano, Arturo Frei a SEMANA.
Como el desempleo, la extrema pobreza también ha aumentado. Más de la mitad de los chilenos vive con el salario mínimo o menos (el equivalente a 35 dólares mensuales), según el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (Ilades).
"Al visitar las poblaciones, se siente el clamor de la miseria. Los hospitales no dan abasto y las viviendas fallan en número alarmante" dijo a SEMANA el padre Renato Hevia, director de la revista jesuita Mensaje, opositora del gobierno, haciendo eco a las conclusiones de los obispos chilenos en sus "Orientaciones pastorales para los años 1986-1989".
Tanto para la Iglesia Católica como para otros dirigentes, la crítica situación económica es producto de una política intencional del gobierno. En un reciente comunicado, el Colegio de Ingenieros de Chile dijo que la distribución del ingreso era la más regresiva en años y que la mitad del gasto social oficial va al 40% de los hogares de ingresos más altos.
Semejante situación social va acompañada por una dura represión contra todo aquel que proteste contra el régimen. Si bien, según el organismo de derechos humanos de la Iglesia, la Vicaría de Solidaridad, de los 600 casos documentados de desaparición de personas, sólo una decena corresponde a los últimos años, la dictadura se vale de otros métodos para silenciar la oposición.
Así, cerca de un centenar de académicos y estudiantes fueron expulsados de las universidades a fines de 1985. Segun el padre Hevia, en el último año 150 trabajadores católicos fueron amenazados, torturados o secuestrados. El caso más patético fue el de Marcela Pradenas, secuestrada tres veces, asaltada en su domicilio y marcada a cuchillo con cruces en su cuerpo.
"A pesar de que ahora circulan medios opositores, la actividad periodística sigue siendo severamente restringida", dijo a esta reportera el presidente de la Asociación Nacional de Prensa, Carlos Paúl.
A mediados de febrero, los dirigentes Andrés Palma (presidente de la Juventud Demócrata Cristiana), Alejandro Toro (ex senador del Partido Comunista) y Manuel Sanhueza (presidente de Intransigencia Democrática) fueron requeridos por la justicia por sus declaraciones a la revista izquierdista Análisis. Dos de ellos permanecen presos. Como respuesta, la JDC adelantó su plan de movilización anunciado para marzo y se lanzó a la calle en protesta.
Sin embargo, no todas las respuestas populares espontáneas a la violencia oficial o a la pobreza resultan en una acción que debilite el poder del régimen. En los barrios marginales, la protesta -quizás la más beligerante en el Chile de hoy- no representa una base de agitación social que dé sustento a la acción política de los dirigentes opositores en contra de la dictadura.
"Cuando un joven "poblador" (habitante de los barrios marginales) tira una piedra, no lo hace en contra de Pinochet, sino en contra de todo un sistema que no le brinda nada", dijo a SEMANA Ricardo Lagos, designado por el Partido Socialista Chileno como su representante ante la Alianza Democrática -una de las dos grandes coaliciones de oposición. La otra, a la izquierda de la AD, es el Movimiento Democrático Popular (MDP).
Para Lagos, éste es precisamente el reto de la clase política chilena: lograr que la gente se dé cuenta que la democracia es un sistema que le dará respuesta a su desesperanza y de ahí la necesidad de sacar a Pinochet.
El dirigente socialista dice que se debe ir más allá del Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena -impulsado por la Iglesia y suscrito por 11 partidos políticos y varias organizaciones sociales en agosto pasado. Este fue rechazado categóricamente por Pinochet cuando monseñor Juan Francisco Fresno, arzobispo de Santiago, se lo presentó en enero.
"Hay que hacer un gran pacto nacional de todas las fuerzas políticas para la transición a la justicia social", dijo Lagos. "Sólo ofreciéndole al pueblo una alternativa institucional después de Pinochet, es que vamos a lograr la movilización suficiente para sacarlo del Palacio de La Moneda".
La derecha, representada en el Acuerdo por el Partido Nacional y el Movimiento de Unión Nacional, cree que no debe haber movilizaciones masivas contra Pinochet, ya que es él quien negocia por cuenta de las FF.AA. y por eso tiene que formar parte de cualquier solución democrática.
Los principales integrantes de la AD están convencidos que es inútil negociar con Pinochet y que se debe llevar la insurgencia a tal punto que las FF.AA. se vean obligadas a transar una salida democrática.
En lo que sí parecen coincidir los suscriptores del Acuerdo Nacional, es en excluir todo enfrentamiento militar con el régimen porque, según ellos, la violencia sólo ayuda a polarizar la sociedad y, por tanto, a darle a Pinochet el motivo para no entregar el poder.
Este punto ha sido el mayor obstáculo para que las fuerzas opositoras se unan. "Pinochet es el generalisimo del Partido Comunista de Chile", dijo el demócrata cristiano Frei. "Al rechazar el Acuerdo Nacional y por ende la única salida pacífica a la democracia, la dictadura deja espacio para la lucha violenta contra el régimen, que es lo que pregonan los sectores que ahora predominan dentro del PCCh".
Para la AD, la izquierda -representada por la coalición MDP- debe formar parte del juego democrático, pero para esto tiene que renunciar expresamente a la lucha armada y cortar los lazos que pueda tener con el grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El dirigente del MDP, Patricio Hales, cree sin embargo que "el problema de las formas de lucha no es la dificultad para el acuerdo opositor. Es una excusa. Lo de las vías no es una cosa que surja del laboratorio político, se va definiendo en la propia práctica diaria".
Los llamados al diálogo que el MDP ha hecho al resto de la oposición han sido rechazados casi siempre. Con la excepción del Partido Radical, que ha iniciado tratativas con la coalición izquierdista, y de algunas alianzas estudiantiles entre esta y la AD, parece que la brecha que separa a las dos grandes coaliciones de oposición será insalvable, por lo menos a corto plazo.
A pesar de las divisiones internas todos los sectores de la oposición esperan que 1986 sea el año de la movilización política. "Yo soy optimista que durante este año lograremos desarrollar una verdadera campaña de desobediencia civil, hasta que el 90% de los chilenos nos quedemos en las casas. Y entonces vamos a ver de qué le sirven las bayonetas al señor Pinochet", dijo Lagos a SEMANA. El optimismo de los dirigentes de oposición también se basa en recientes señales de cambio de parte de los Estados Unidos, cuyo gobierno no ha retirado el apoyo a Pinochet, pero algunos de sus ideólogos han comenzado a dudar sobre si éste será el mejor guardián de sus intereses en Chile.
En un informe reciente, Miguel Falcoff, académico del American Enterprise Institute, una de las principales fuentes del pensamiento conservador en EE.UU.,dice: "El dilema político que enfrenta EE.UU. en Chile hoy, es cómo persuadir a una dictadura militar para que devuelva el poder a las fuerzas civiles, antes de que pierda totalmente el control de la situación y también, antes de que las alternativas aceptables para Washington pierdan toda credibilidad frente a las fuerzas revolucionarias".
A Pinochet no parecen preocuparle las dubitaciones en el seno del poder del norte. Menos aún cuando el gobierno chileno obtuvo el apoyo de los EE.UU. en la ONU al votar una vez más contra la resolución condenatoria a la dictadura por sus violaciones a los derechos humanos. Es más, los informes de los asesores del gobierno, según pudo constatar SEMANA, no conceden demasiada credibilidad a los anuncios opositores de que 1986 será el año de la movilización social.
De la capacidad que tengan las fuerzas opositoras para superar sus diferencias y canalizar el descontento social, en un marco donde la miseria crece a pasos agigantados, dependerá que se cumpla o no la profecía del dictador quien a mediados del año pasado dijo "Yo me voy a morir. El que me suceda también tendrá que morir. Pero elecciones no habrá".