El juicio del siglo

"EL proceso del siglo" es un titular que el periodismo mundial ha utilizado varias veces desde el caso Dreiffuss hasta el de Oliver North, pasando por Nuremberg, Eichmann, Patricia Hearst y algunos más. Sin embargo, el juicio que está comenzando en Miami contra el ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega tiene unas características que le atribuyen una singularidad muy especial en ese campo. Ni siquiera en Nuremberg un jefe de Estado extranjero fue juzgado por la potencia vencedora, por cuanto Adolfo Hitler ya se había suicidado. Para encontrar un antecedente comparable, los expertos han señalado que sería necesario retroceder hasta las épocas de la Roma clásica, cuanda los emperadores victoriosos cargaban de regreso a casa no sólo el tesoro y las mujeres de sus adversarios, sino a estos mismos como símbolo de su victoria absoluta.
Por eso se habla de que se trata de la primera ocasión en el siglo y tal vez en la era moderna en que un jefe de Estado es juzgado fuera de su patria por la potencia que invadió su país para sacarlo del poder. Manuel Antonio Noriega probablemente sea un criminal, narcotraficante y tirano, pero las imágenes de ese hombre, otrora orgulloso, cargado de cadenas como cualquier extraditable colombiano, causaron impacto hasta en los más furiosos antinorieguistas. Para muchos, ese traslado pasó los límites de la humillación personal para entrarse en los terrenos de la humillación a un país y hasta a un continente. Muchos querían verlo preso, pero en manos de sus propios conciudadanos.
En cualquier caso, todo parecía terminado. La sensación entre la opinión pública era que tras la captura y la extradición forzada de Noriega sólo quedaban juicio, condena y cárcel perpetua. Pero con los días que pasan, la impresión que crece es que la cosa no es tan fácil.
Probablemente el ex hombre fuerte está mejor equipado para esta batalla que para la que perdió en Panamá. Sus probabilidades de éxito no sólo están cifradas en las posibilidades legales que le brinda el sistema norteamericano, sino en la aparente debilidad de algunos cargos y, sobre todo, en los secretos que Noriega conoce sobre las actividades encubiertas de los organismos de inteligencia norteamericanos. Desde hace algunos meses Noriega había amenazado con revelar todo lo que sabe sobre asuntos poco presentables que involucrarían hasta al presidente George Bush. Hoy la prensa norteamericana se pregunta qué tanto daño podría hacer al gobierno norteamericano alguien que, como Noriega, sabe demasiado.
LAS ACUSACIONES
En febrero de 1988 se presentaron cargos en Miami y Tampa contra Manuel Antonio Noriega (y otras 15 personas) que cubrían una gran cantidad de actividades realizadas entre 1981 y 1986. Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría, en cualquier momento, presentar nuevas acusaciones contra Noriega basadas en los descubrimientos hechos por las tropas norteamericanas que invadieron a Panamá a finales del año pasado. De ser declarado culpable, ello podría significar para Noriega hasta 210 años de cárcel y más de US$1 millón en multas. A vuelo de pájaro, las acusaciones se refieren a las siguientes actividades de Noriega:
·Haber aceptado US$4.6 millones de parte del cartel de Medellín como recompensa por la protección de envíos de cocaína hacia los Estados Unidos y por permitir que se realizara en bancos de Panamá el lavado de los dineros provenientes de esas operaciones.
·Otorgar refugio en Panamá a los narcotraficantes colombianos luego de que el gobierno de este país iniciara la ofensiva que desencadenó el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. Según la acusación, Noriega no sólo acogió a los narcotraficantes, sino que les permitió trasladar su centro de operaciones a Panamá.
·Haber viajado a Cuba en 1984 para reunirse con Fidel Castro en busca de que este mediara en una controversia con el cartel de Medellín, que le había quitado sus afectos luego de que Noriega les cerrara un gran laboratorio de cocaína situado en la región del Darién. Según el documento legal, los mafiosos de Medellín ya le habían pagado a Noriega fuertes sumas de dinero por la protección de esas instalaciones.
· Facilitar el envío de insumos químicos necesarios para el procesamiento de la coca, incluso algunos que habían sido decomisados por la policía panameña.
·Intentar introducir a los Estados Unidos más de 2 toneladas de marihuana.
·Haber comprado un jet, supuestamente para el gobierno panameño, pero utilizado en realidad para transportar marihuana y dinero proveniente del narcotráfico.
· Recibir sobornos por más de US$1 millón para permitir que otro grupo de narcotraficantes utilizara a Panamá como estación de paso para el transporte de cocaína a Estados Unidos y como su lavandería de dinero.
Todo indica que los cargos acabados de mencionar son los más fuertes que se hicieron al ex hombre fuerte de Panamá. Pero su sólo análisis preliminar hace que muchos especialistas piensen que se trata de acusaciones relativamente débiles. Para la muestra, hasta el momento ningún jurista norteamericano ha podido explicar con claridad si algunas de las actividades mencionadas en la acusación estaban configuradas en alguna norma como delito con anterioridad a las actividades de Noriega. En ese sentido algunos se preguntan, por ejemplo, cuál es el delito que se esconde detrás de que un alto funcionario de un gobierno (Noriega) visite a un presidente (Fidel Castro). Lo que se haya tratado en esa reunión proviene exclusivamente del testimonio del ex cónsul panameño José I. Blandón, quien le ha dado el tinte de narcotráfico a la conversación entre los dos, pero, por supuesto, está sujeto a contradicción. Para otros tampoco resulta fácil de probar documentalmente los demás cargos, que por su mismo carácter y por las circunstancias quedan a cargo del testimonio de testigos que son, a su turno, narcotraficantes convictos, cuya credibilidad será puesta en juicio por la defensa.


NORIEGA ESTABA EN TODO
Pero al margen de las consideraciones sobre los cargos en sí mismos lo que produce mayor preocupación en algunos medios del gobierno norteamericano es la extensión a la que llegaron los contactos de Noriega con los Estados Unidos a través de más de 25 años de colaboracion estrecha con sus servicios de inteligencia. Según se ha revelado en las últimas semanas, la colaboración de Noriega se remonta a sus años de estudiante en una academia militar peruana. En esa época, (1960) Noriega comenzó, por unos cuantos dólares al mes, a informar a los agentes gringos en Lima sobre las tendencias políticas de sus compañeros de academia, quienes, con el paso de los años, se convertirían en los líderes castrenses de sus respectivos países. Según el periodista Frederick Kempe, quien está a punto de publicar un libro que resume toda la turbulenta historia de esas relaciones, desde los primeros días los norteamericanos cerraron un ojo frente a los exabruptos de Noriega, cuando le echaron tierra a un asunto en el cual el entonces cadete habría golpeado y violado a una prostituta peruana. Tal vez desde entonces Noriega se convenció de que, a cambio de buenos servicios, los norteamericanos estarían dispuestos a tolerarle todo.
Esa dudosa relación se profundizó a mediados de los años 60, a medida que Noriega demostraba ser el oficial más inteligente de la entonces Guardia Nacional y ascendia rápidamente en sus filas. Hasta consolidarse, para regocijo de los norteamericanos, como jefe de inteligencia militar del país.
Pero así como crecía la utilidad de Noriega, comenzaban las sospechas contra él. Para cuando Richard Nixon se había convertido en presidente de Estados Unidos, la fama de Noriega era tan mala, que un agente secreto de la CIA llegó a aconsejar el asesinato de quien ya era conocido como el "coronel de alquiler". La propuesta fue hecha en 1972 a John Ingersoll, jefe de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, la antecesora de la DEA. Pero se trataba de 1971 y, según Kempe, el escándalo Watergate -que llevó a la renuncia de Nixon- hizo que el asunto de Noriega pasara a un segundo plano y finalmente se archivara. Lo que no se sabe es si Ingersoll tenía otras razones para rechazar la propuesta del asesinato.
Ante las sospechas de que el gobierno panameño estaba plagado de gente corrupta, los Estados Unidos comenzaron en la década de los 70 a vigilar por medios electrónicos todas las actividades del gobierno que en ese entonces estaba dominado por el general Omar Torrijos. En 1976, cuando George Bush era director de la CIA se descubrió que Noriega se había dado cuenta del juego de los norteamericanos y había comprado los favores de un grupo de sargentos gringos quienes, en contraprestación, le habían entregado un número indeterminado de cintas grabadas por sus equipos. La angustia cundió en la CIA, ante la posibilidad de que Noriega hubiera proporcionado a algún enemigo los detalles de la operación encubierta. Los gringos ya sospechaban que Noriega era un múltiple agente que utilizaba sus conexiones cubanas no sólo para beneficio de los norteamericanos.
A pesar de que todo el pastel estaba al descubierto, Bush no tomó ninguna acción contra Noriega ni contra los sargentos involucrados. Era un asunto del ejército, alegó, y los militares habían resuelto no menear el problema. La CIA de Bush, que acababa de salir del escándalo de Watergate, desmoralizada y desprestigiada no quería convertirse en piedra de escándalo. El entonces director -quien inició su serie de reuniones con Noriega- optó no sólo por dejar impunes a los sargentos, sino mantener a Noriega en su nómina, que en esa época le representaba al coronel US$110 mil al año.
Pero Jimmy Carter ya había vencido a Gerald Ford en las elecciones y el nuevo director de la CIA, Stanfielc Turner, lo primero que hizo fue sacar a Noriega de sus filas. En medio de las negociaciones del canal, las actividades de Noriega se habían convertido en tema del Congreso de los Estados Unidos. El presidente del comité de inteligencia, senador Birch Bayh debió contestar la pregunta del millón en una audiencia privada efectuada en 1978. ¿Noriega es narcotraficante? Su respuesta resultó profética: "Yo no creo que tengamos suficiente evidencia como para enjuiciarlo en este país. Pero si ustedes me lo preguntar de colega a colega, yo debo decir que mi instinto me lleva a pensar que allí hay una gran cantidad de humo, en lo que se refiere a ese oficial de la Guardia".
A pesar de todo, las relaciones con Noriega poco a poco volvieron a entibiarse a medida que el coronel ascendía en importancia en la Guardia Nacional. Aunque ya no estaba en nómina de la CIA, Noriega seguía lucrándose por cuenta de las contribuciones que hacía el gobierno norteamericano para pagar operaciones conjuntas, de las cuales se cree que sacaba su correspondiente tajada.
DE NUEVO EN NOMINA
El nuevo acercamiento llegó a su máxima expresión cuando Noriega fue reinstalado en la nómina de la CIA en 1981. La era Reagan acababa de comenzar y empezaba su campaña para sacar a los sandinistas del poder en Nicaragua así el Congreso norteamericano prohibiera la ayuda militar a los movimientos contrarrevolucionarios. Pero, además, el creciente poder político de Noriega coincidía con el aumento de la importancia de Panamá como centro financiero internacional y diplomático. El secreto bancario del nuevo paraíso fiscal, adoptado para que Panamá fuera la Suiza de América, convirtió al istmo en el punto focal del lavado de dinero, el comercio legal e ilegal y, por si ello fuera poco, el espionaje. Entre quienes concurrieron a la nueva fiesta de intrigas internacionales estaban intereses tan diversos como los de Israel, la Organización para la Liberación de Palestina, la Unión Soviética, Cuba, Libia, Siria y hasta grupos subversivos latinoamericanos como el M-19, para todos los cuales, de una u otra forma, trabajó Noriega. En semejante ambiente, los servicios del coronel resultaban de nuevo valiosos asi Washington supiera muy bien que pagarle a Noriega no significaba comprarlo del todo. Dos años después de la muerte del general Torrijos, en 1981, su antiguo subordinado había logrado conseguir el poder efectivo al hacerse comandante de la Guardia Nacional, que rápidamente cambió de nombre por el de Fuerzas de Defensa, para darle su sello personal.
Noriega comenzó a ayudarle a la Casa Blanca contra los sandinistas desde principios de los ochenta al permitir que los servicios secretos israelíes condujeran sus envíos de armas y de recursos con destino a los contrarrevolucionarios en Nicaragua.
El nuevo y flamente director de la CIA, el difunto William Casey, se convenció de que Noriega resultaría una figura clave para tumbar a los sandinistas y comenzó una relación calificada de "estrecha" con el nuevo general panameño. Noriega quería convencer a los norteamericanos de que era mejor amigo de ellos que su predecesor Torrijos, entre otras cosas porque sentía que le estaban respirando en la nuca por el lavado de dólares que crecía constantemente en las instituciones bancarias de Panamá. Casey estaba tan obsesionado con la ayuda de Noriega que se reunió varias veces con él en Panamá y en la sede de la CIA en Langley (Virginia). Fue en esa época que Bush, ya como vicepresidente, se reunió de nuevo con Noriega en Panamá en diciembre de 1983. Según algunos recuentos, la conversación en ese momento se centró sobre la ayuda a los contras, y Noriega interpretó el silencio sobre sus actividades de lavado de dinero como un mensaje velado según el cual si se portaba bien en el asunto de Nicaragua no tendría que preocuparse por otros detalles "pequeños".
ENTRA OLIVER NORTH
Esos días Casey le presentó a Noriega a un personaje que sería clave en los años siguientes: el coronel Oliver North. La Panamá de Noriega resultaba el terreno abonado para las actividades de North quien desde una oficina del Consejo Nacional de Seguridad en el sótano de la Casa Blanca había montado una organización "privada" para apoyar militarmente a los "contras". North, hoy convicto por sus actividades -que estaban expresamente prohibidas por el Congreso- decidió aprovechar al máximo las posibilidades que le brindaba su nuevo amigo. Varias de las compañías formadas para el transporte de armas y suministros hacia Nicaragua se formaron con el concurso de Noriega, entre ellas la Udall Research Co. y la Southern Air Transport, que resultó más tarde involucrada en el transporte de cocaína del clan Ochoa de Medellín. El abogado de Noriega tomó parte fundamental en todo el trabajo legal de la fundación de esas compañías fantasmas.
Las relaciones con North, que en parte aparecen en los documentos del juicio contra este, llegaron a los extremos de que Noriega ofreciera sus servicios para asesinar a toda la cúpula sandinista. Pero por instrucciones del almirante John Pondexter, entonces Consejero Nacional de Seguridad, el ofrecimiento fue declinado. En lo que no declinaron su ofrecimiento fue en la colocación de bombas terroristas contra un complejo gubernamental de Managua, que se concretaron, por lo menos, en un atentado perpetrado el 6 de mayo de 1986. Que para esa época el gobierno norteamericano estaba convencido de que Noriega se hallaba metido en el narcotráfico hasta la coronilla se demuestra en el memorando que el Departamento de Estado le envió a Casey pocas horas antes de que este recibiera a Noriega en una de sus reuniones en Langley, en noviembre de 1985. Allí se decía que "aunque (el general resulta relativamente efectivo) el líder de las FDP no tiene en cuenta los derechos humanos, con frecuencia es arbitrario y está involucrado en actividades ilegales (por ejemplo drogas). El gobierno norteamericano está consciente de su situación y de una forma u otra intenta modificar el comportamiento y la actitud de los militares panameños".
Pero para Casey la operación Irán-contras era suficiente justificación como para que el gobierno se hiciera de la vista gorda como tantas veces, y no mencionó ni una palabra al hombre fuerte.

CON LOS NARCOS COLOMBIANOS
Según Frederick Kempe, las relaciones con el narcotráfico colombiano habian comenzado desde varios años atrás, con ocasión del secuestro de una hermana de José Luis Ochoa del cartel de Medellín. Noriega había hecho vínculos con el M-19, responsable de delito, y había facilitado las conversaciones para la liberación de la víctima, que dio lugar a la creación del MAS (Muerte a Secuestradores).
El resto forma parte de los alegatos contra Noriega. Primero, este habría facilitado el uso de Panamá para el lavado de dinero, luego para el traslado físico de la cocaína y más tarde hasta para la construcción de laboratorios y el traslado de las operaciones del cartel de Panamá. La acusación implica a Fidel Castro en el negocio, al atribuirle un papel de mediador en una disputa surgida entre los colombianos y Noriega por la captura de un laboratorio construido en Panamá con su autorización. Pero como en la mayoría de las afirmaciones sobre narcotráfico, esa se basa en declaraciones de testigos y no en documentos.
QUE PUEDE PEDIR
En concreto, el profundo conocimiento que se atribuye al general sobre las actividades secretas de Estados Unidos en Centroamérica podría llevar a que sus defensores Frank Rubino y Steven Kollin trataran de demostrar documentalmente, entre otras cosas, que:
·Tanto los gobiernos republicanos de Nixon, Ford y Reagan como el demócrata de Jimmy Carter sabían que Noriega tenía vinculos con presuntos narcotraficantes, pero tenían razones secretas para mantener la vista gorda. En 1977, por ejemplo, Carter desestimó esas denuncias para no dañar la firma de los tratados del canal de Panamá.
·Las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían extensos archivos sobre las actividades de Noriega. Una auditoría efectuada en 1988 demostró que los hechos allí contenidos eran conocidos además por las dependencias competentes e inclusive por la oficina de George Bush.
·Sus vínculos con la DEA permanecían, a tiempo que era acusado en Tampa por el asunto de la marihuana. En esa misma época Noriega sacó a relucir una carta muy reciente de la DEA en la que se agradecían sus valiosos servicios en contra del tráfico de drogas. Los expertos se preguntan si sus contactos con los narcotraficantes no podrían, entonces, considerarse operaciones encubiertas de doble inteligencia,
·William Casey se reunió con él varias veces aún sabiendo de sus obras santos y nunca le dijo nada.
·Durante el gobierno de Richard Nixon se habló de asesinarle, pero se le consideró demasiado valioso para hacerlo. ¿Sería que algunas agencias del gobierno no sabían lo que otras sí?
·North conocía las actividades de Noriega y en 1986 ofreció a la DEA tratar el asunto con el hombre fuerte. Lo que los defensores quieren descubrir es qué tanto sabía la DEA cuando rehusó ese ofrecimiento, y qué intereses llevaron a esa agencia a tomar esa actitud.
¿QUE PUEDE PASAR?
"Noriega sabe más sobre nuestras operaciones secretas en Centroamérica que ninguno de nuestros archivos" decía la semana pasada un funcionario del Departamento de Justicia. Eso es lo que más preocupa al gobierno norteamericano excluido George Bush, quien ha aprovechado cuanta oportunidad se le presenta para afirmar que "el caso está firme".
Pero lo cierto es que cuando estaban preparando la acusación, los encargados del Departamento de Justicia no tuvieron acceso a ciertos files de la CIA. Noriega consideraba a George Bush como su gran aliado en la política norteamericana, hasta el punto de haber afirmado que si aquel ganaba la Presidencia muchos de sus problemas terminarían, inclusive porque según él, había hecho contribuciones ilegales a la campaña republicana a través de su socio Carlos Duque. El hecho de que Bush hubiera negado primero y aceptado después haber tenido varias reuniones con el general tanto como director de la CIA como vicepresidente, lleva a muchos a desconfiar de la posición del presidente.
En cualquier caso, la defensa de Noriega tratará de demostrar que las actividades del general eran conocidas y toleradas por el gobierno norteamericano, en una especie de patente de corso justificada por la "seguridad nacional".
La trascendencia de las revelaciones que prueben lo anterior radica en dos niveles: el político, por el temor de que se descubran intimidades de esas que mejor no hablar en los servicios de inteligencia puedan resultar en una verguenza para los Estados Unidos. Los efectos sobre la imagen de Bush y sus consecuencias electorales podrían presionar para que la Casa Blanca buscara un acuerdo. Para nadie es un misterio que cualquier conclusión de que se hubiera dado a Noriega algún grado de luz verde o de complicidad sería demoledor.
Igualmente podría ser el efecto jurídico. Los abogados ya han anunciado su intención de practicar (en términos ajedrecísticos) una "defensa Oliver North", consistente en pedir a la Corte la presentación como prueba de muchos documentos "clasificados". En el juicio contra el coronel North esa estrategia le consiguió que se invocaran razones de seguridad nacional para negarse a entregar los documentos a la Corte, y el juez no tuvo otra alternativa que desestimar los cargos más importantes con base en que en esas condiciones no era posible un juicio justo. Eso quiere decir que si Noriega y sus abogados dan en el blanco, el general podría hasta conseguir la libertad. Pero muchos comentan que de Oliver North (héroe nacional) a Manuel Noriega hay un abismo y que no se puede esperar que el último reciba un tratamiento tan benevolente.
ESTRATEGIAS EN LA CORTE
Es claro entonces que Noriega no se rindió del todo, sino que cambió de campo de batalla. En la nueva, al menos en teoría, está en igualdad de condiciones con sus adversarios. Los casos penales en Estados Unidos -y en particular los de drogas- tienen reglas muy estrictas que en este asunto ya comienzan a pesar.
Los innumerables problemas de mecánica juridica comienzan con la ilegalidad de la detención, que será muy difícil de desvirtuar. Según el experto cubano-norteamericano Francisco García Amador, "Noriega no fue secuestrado por las tropas norteamericanas en virtud de que la suya fue una entrega voluntaria. Su arresto, con las formalidades legales, sólo se produjo cuando el avión que lo trasladaba a los Estados Unidos estaba sobre aguas territoriales". Esa, que por otros canales es la posición oficial de Estados Unidos, no resulta muy plausible y la verdad es que no resiste mayor análisis.
La defensa, por otra parte, intentará que las puebas recogidas en Panamá no pueden traerse a juicio por cuanto su obtención es inconstitucional. Las cantidades de cocaina supuestamente encontradas en las oficinas de Noriega -que, según uno de los abogados, Frank Rubino, "correspondía a un reciente decomiso legal hecho por las FDP"- sería entonces desestimada. La Corte Suprema, sin embargo, deberá determinar este año si esa inconstitucionalidad sólo se aplica dentro de las fronteras de Estados Unidos. De no ser así, no sólo las pruebas contra Noriega se validarían, sino que Estados Unidos autorizaría a sus fuerzas a hacer cualquier cosa en el extranjero (hasta invadir un país) para conseguir una prueba contra un acusado, sin cortapisa legal alguna.
Pero además está la cuestión del juicio justo. Esa figura implica la necesidad de buscar un jurado que no esté influenciado por la enorme publicidad que ha recibido el asunto Noriega ni por la imagen, cultivada por los medios periodísticos, de que Noriega es algo así como el anticristo.
Según el experto Robert Palmer, "los cientos de fotógrafos a la llegada del general, las pancartas por televisión, los informes periodísticos y, sobre todo, el presidente George Bush hablando a diestra y siniestra contra Noriega, dificultan la consecución de un jurado que no está prejuiciado".
Por otro lado, la circunstancia de que la acusación del gobierno descanse principalmente sobre el testimonio de testigos tampoco ayuda. La razón es que varios de esos personajes son traficantes de drogas convictos, cuya credibilidad podría ser fácilmente desvirtuada por la defensa. Uno de los principales es Floyd Carlton Cáceres, antiguo piloto personal de Noriega y quien cumple una sentencia "negociada" de 9 años. Carlton es quien afirma que tuvo parte en la fijación del precio que los narcos de Medellín deberían pagarle a Noriega por cada vuelo que pasara por Panamá.
Otro es el norteamericano Steven Kalish, según el cual él y el general conspiraron para introducir en territono norteamericano 500 toneladas de marihuana, para lo cual el propio Kalish habría comprado un Boeing 727 supuestamente para el gobierno panameño. Y figura allí también Ramón Millán Rodríguez, quien fue detenido por acusaciones del propio Noriega.
Tal vez el testigo más importante es Jose Blandón, un antiguo cónsul de Panamá en Nueva York y cercano colaborador de Noriega, que comenzó a hablar mal de su jefe después de que este lo destituyera de su último cargo.
Blandón no tiene acusaciones en su cargo pero alega haber acompañado a Noriega en múltiples ocasiones en que se habló de tráfico de drogas, inclusive en aquella en que el general viajó a La Habana a tratar de que Castro intercediera por él ante el cartel de Medellín. Pero la credibilidad de Blandon ha sido cuestionada en el pasado por el propio George Bush, quien lo llamó "mentiroso" cuando testificó ante el Congreso que el entonces vicepresidente había llamado a Noriega para pedirle que hablara con Castro, para que los soldados cubanos, estacionados en Granada, se rindieran ante la invasión inminente de la isla caribeña.

Pero por encima de todo gravita sobre el juicio contra Noriega la cuestión sin precedentes de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre el dictador. Para muchos expertos, incluso norteamericanos, la captura y traslado de Noriega tiene muy poca justificación legal. Alfred Rubin, profesor de derecho internacional de la Fletcher School of Law and Diplomacy dijo que "La legalidad del arresto de Noriega es la misma que tendría el de Salman Rushdie capturado por órdenes de Khomeini en suelo inglés para ser juzgado por sus blasfemias en Irán". Rubin encontró analogías de lo hecho por Estados Unidos en Panamá con algunas actitudes británicas del siglo XIX, cuando la corona invocaba la "Ley del Poder Capital" o "Law of Paramount Power", en el sentido de que ella tenía el derecho, por ser más fuerte, de derrocar gobiernos si sus intereses así lo indicaban. Pero eso, concluye Rubin, significa muy poco a la hora de encontrar una base jurídica verdadera hoy en día.
A estas alturas nadie sabe con certeza cuál va a ser el desenlace del que, con alguna razón, ha sido calificado "Juicio del siglo". Lo único cierto es que va a pasar bastante tiempo -incluso años- antes de que se sepa el resultado. Y que, por encima de todo, la expectativa continental y mundial sobre su desarrollo será enorme.
Por lo pronto, algunos señalan el hecho de que la captura de Noriega está siendo presentada por el gobierno de Bush como un gran triunfo contra el narcotráfico internacional. Pero la invasión de un país, los miles de muertos y de millones de dólares en daños, y la pérdida de imagen internacional no parecen haber tenido ningún resultado concreto: la DEA reconoció la semana pasada que el efecto sobre el precio de la cocaína en las calles no se ha presentado. Ello parecería indicar que el suministro sigue estable y que el flagelo de las drogas no es de los problemas que se resuelven con invasiones.
FIGURAS CLAVES
El juicio del siglo promete toda clase de incidencias procesales y más de un precedente importante para la jurisprudencia norteamericana. En ambos bandos se sentarán numerosos abogados, incluídos los que representarán a los demás acusados, aparte de Noriega. Algunos de estos ya han pedido que sus procesos sean separados del general, para evitar caer en la marea de intringulis políticos y de opinión pública que se manejarán en el proceso del ex dictador. Las siguientes son las figuras claves del proceso:
- Juez William M. Hoeveler. De 66 años, tiene fama de ser muy equilibrado en sus decisiones pero algo lento en la toma de las mismas. Admitido para la práctica de abogado en Florida en 1951, es un graduado en Harvard en este año.
- Dexter Lehtinen, fiscal principal. Veterano del Vietnam, se encuentra bajo fuerte presión por lo que algunos consideran falta de experiencia para manejar una acusación de tanta trascendencia nacional. De temperamento explosivo, este hombre de 43 años fue admitido para el ejercicio de la profesión en 1975. Suele referirse a sus labores en términos militares, lo que le ha restado seriedad a su presencia en la Corte. Casado son Ileana Ros-Lehtinen, la primera mujer latina en llegar a la Cámara de Representantes.
- Frank Rubino, abogado de la defensa. Si hay dudas sobre la experiencia de Lehtinen, el gran misterio del proceso es la escogencia de los abogados de la defensa. Rubino, de 44 años, es un antiguo agente secreto que trabajó como investigador privado antes de entrar a estudiar derecho en la Universidad de Miami. Es considerado un buen abogado que posee una inteligencia clara y rápida, pero para muchos el equipo legal sufrió una gran baja con la salida de su peso pesado, el famoso litigante Neil Sonnet.
- Steven Kollin, abogado. De 41 años, es un antiguo agente del Tesoro. Trabajó para la oficina del fiscal del condado de Dade entre 1976 y 1978. Ha sido defensor penal durante 10 años y se le considera un radical con ideas que frecuentemente chocan con las del gobierno de Washington.