EL REVENTON DE LOS PINOCHEQUES

EL ROSTRO PALIDO Y CANsado de Davor Harasic, presidente del Consejo de Defensa del Estado, reflejaba perplejidad y desencanto. En escueta declaración, Harasic informó que el organismo desistía, "por petición expresa del presidente de la República Eduardo Frei", de la apelación ante la Corte Suprema por el caso de fraude al Estado contra un hijo del ex dictador, el acaudalado empresario Augusto Pinochet Hiriart, y dos altos militares.
La historia se remonta a 1991, cuando la Cámara de Diputados, recién reinagurada tras 17 años, decidió investigar la entrega, por parte del Ejército, de tres cheques por tres millones de dólares, al hijo del general Pinochet. Al parecer el heredero había servido de mediador en la venta irregular de una empresa llamada Valmoval (que se encontraba en quiebra) al Ejército.
A mediados de julio de este año pocos chilenos sabían que el caso de los 'pinocheques' seguía en la justicia, y quienes lo sabían estaban más preocupados por el chantaje de los militares al gobierno por la condena a prisión, el 30 de mayo, de dos ex altos jefes de la inteligencia militar por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. La petición de justicia hecha por el Consejo de Defensa del Estado sonó como provocación. Y el sábado 22, a dos días de la petición de encarcelamiento para Augusto Pinochet Hiriart, más de mil militares vestidos de civil se congregaron amenazantes frente a la cárcel para militares de Punta Peuco, según ellos para saludar al único reo preso por la muerte de Letelier, el ex brigadier Pedro Espinoza.
Eso pareció llenar de miedo al gobierno de Eduardo Frei. Dando marcha atrás en sus declaraciones de que se trataba de un organismo independiente, el Ejecutivo no tuvo otro remedio que coaccionar al Consejo de Defensa del Estado hasta hacerlo desistir del cumplimiento de su deber. El gobierno dice que esgrimió "razones de Estado" que son, en la realidad, una acumulación de conflictos no resueltos con las fuerzas armadas que ponen al país al borde del golpe militar.
Esos elementos no son pocos: los juicios a los militares por violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura; su desacato permanente a la institucionalidad, incluido el del ex general Manuel Contreras, quien se resiste al veredicto de la justicia amparado por el Ejército y la Marina, el juicio al torturador de la Dina (policía secreta de Pinochet) cuyas declaraciones a una cadena de televisión estadounidense aún angustian al Ejército, las presiones de las fuerzas armadas para que se les aumenten los salarios y el reflotamiento de las acusaciones al director general de la Policía en el caso denominado de los degollados. Ninguna de estas razones tenía piso jurídico para convencer a los abogados que integran el Consejo de que se debía dejar en la impunidad un fraude al Estado. Pero al mismo tiempo sobrevolaban Santiago y al Palacio de la Moneda helicópteros y aviones militares que ratificaban, con el poder de la imagen, la debilidad del argumento presidencial. Y, como se evidenció en las dos sublevaciones militares anteriores, lo que más le molesta a Augusto Pinochet es que se averigue el origen del enriquecimiento familiar.
El desistimiento del Consejo de Defensa del Estado muestra con claridad que mientras Pinochet -de 80 años- siga en servicio activo, hay una espada de Damocles sobre la precaria democracia chilena. Esta situación ha creado gran inquietud entre los partidos que componen la coalición gobernante. Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista, expresó temor por las vías que tomará la democracia chilena tras estas presiones que, según él, son para atemorizar a la sociedad y hacer posible la expedición de una ley de punto final que sería la sanción de la impunidad. Para Jorge Schaulsohn, del Partido por la Democracia, "lo que está en juego es quién manda en Chile, si son los civiles o los militares". Por lo que se vio la semana pasada, esa pregunta tiene una respuesta obvia.