En el banquillo

El procesamiento del ex presidente argentino Carlos Saúl Menem marca un antes y un después en la vida política argentina y quizá latinoamericana. Por primera vez un ex primer mandatario constitucional es procesado durante otro gobierno constitucional como jefe de una banda criminal dedicada al contrabando

de armas y a defraudar al Estado, a la cual habrían pertenecido tres ministros y el jefe del ejército.

En su fallo del miércoles 4 de julio el juez federal Jorge Urso le dictó prisión preventiva a Menem, al que señaló como “jefe de una asociación ilícita” y embargó sus bienes hasta por tres millones de dólares. También procesó al ex ministro Antonio Erman González, al ex jefe del ejército Martín Balza y al ex canciller Guido Di Tella (ver recuadro). Urso restringió el régimen de visitas a Menem, que disfruta de su prisión en una cómoda quinta del Gran Buenos Aires, acompañado de su esposa, la chilena Cecilia Bolocco.

Gobierno o banda criminal

Hace seis años se inició la investigación por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, ocultas bajo decretos que autorizaban las ventas a Panamá y Venezuela. La causa anduvo a paso de tortuga hasta este año cuando el juez Urso, nombrado durante el gobierno de Menem, puso el pie en el acelerador y dirigió su investigación contra quien antes fuera su jefe.

Según Urso, Menem ejerció la jefatura de la asociación ilícita “desde las sombras pero salió a escena cada vez que las circunstancias así lo impusieron (en la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia), encarnando en la asociación el proyecto que se determinó a poco de su asunción gubernamental”.

Para Urso “las decisiones partieron desde niveles superiores del Estado y desde allí a los ámbitos encargados de su ejecución”, por lo cual cree que el ex presidente es prima facie penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita.

De acuerdo con el juez, al llegar al gobierno Menem “ejerció el poder en la organización, designando a cada uno de sus integrantes al lugar que ocuparon, dando las órdenes a sus subordinados, interviniendo en la ejecución de las maniobras cada vez que fue necesario, firmando los cuatro decretos en cuestión a sabiendas de las falacias que contenían y determinando los cursos de acción”.

La planeación del delito quedó en manos de “Emir Yoma, cuya estrecha relación funcional y familiar con Menem es pública. Mientras tanto, en otro despacho, y desoyendo las severas alertas de quienes lo asesoraban, Antonio Erman González ponía en funcionamiento los ‘decretos marco’, equívoca maquinaria legal que sustentaría sin escollo la finalidad de la asociación: afrontar los ofrecimientos de compra que de armamento se realizasen, aprovechando cualquier circunstancia propicia que se presentara en relación con esos asuntos”.

Continúa Urso: “Di Tella, por su parte, desatendiendo también los anuncios de sus funcionarios, firmaba los dos decretos de 1991 repletos de armamento y de falsedades. El certificado de destino y el destino eran apócrifos, su contenido una incógnita en cuanto a procedencia se refiere, y permitieron materializar salidas de significativa cantidad de material bélico, en muchos de los casos excediendo en volumen y calidad a los incluidos en aquellos documentos”.

Urso también manifestó que, una vez instaurado ya por completo el concierto e instalados en sus cargos, los implicados iniciaron las operaciones con los embarques de 1991. Pronto surgieron inconvenientes porque los pedidos superaban el stock de la Dirección de Fabricaciones Militares y debió recurrirse a los arsenales del ejército.

“Desde la jefatura de la fuerza, continúa Urso, Balza colaboró con una empresa que de manera alguna podía desconocer”, como tampoco podía ignorar el movimiento de camiones y contenedores en las dependencias del ejército y “el tránsito de numerosos cañones, fusiles, pólvora y munición que había entregado a subalternos suyos, suministrando injustificadamente toneladas de armamento”.

Dentro de toda la voluminosa investigación todavía hay un agujero negro: ¿a dónde fueron a parar 60 de los 100 millones de dólares que se pagaron por las armas?

Por ello un tema clave es la investigación del enriquecimiento individual de los miembros de la banda. El programa de televisión del periodista Jorge Lanata recordó que en 1998 Menem declaró un patrimonio de dos millones de dólares pero que, al terminar su mandato, el cálculo de los bienes a su nombre o de familiares llegaba a 7.800.000 dólares.

Si la Cámara Federal confirma la resolución de Urso a Menem y sus amigos los espera un juicio oral y público. Los procesados apelarán la decisión del juez esta semana y esperan llegar a la Corte Suprema, pues quieren que la máxima institución se pronuncie sobre la figura de la asociación ilícita.

La clave está en esta figura pues muchos creen que calificar a todo un gobierno como banda criminal sienta un grave precedente. Mal que bien todos los gobiernos cometen errores, o en todos se cuelan corruptos, dicen.

La defensa de Menem se apoya en el argumento de que la exportación de armas fue una decisión de Estado no susceptible de ser sometida al juicio de los magistrados pero el juez no aceptó este razonamiento.

Tampoco le hace mucha gracia al gobierno de Fernando de la Rúa pues su ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmó los decretos falsos cuando era ministro de Menem y podría llegar a ser citado como parte de la investigación.