Entre la verdad y el olvido

La masacre de las monjas norteamericanas y de los seis sacerdotes jesuitas, el asesinato de monseñor Romero y la muerte de otras 75.000 personas asesinadas durante más de 12 años de guerra civil, procuraron borrarse de la memoria colectiva salvadoreña. Pero un detallado y escalofriante informe de la Comisión de la Verdad, integrada por el ex presidente colombiano Belisario Betancur, el excanciller venezolano Reinaldo Figueredo y Thomas Buergenthal, profesor de leyes norteamericano y antiguo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encargó la semana pasada de recordárselo a todo el mundo. La Comisión, creada por las Naciones Unidas como parte del acuerdo de paz celebrado en El Salvador entre el gobierno y los rebeldes, condujo sus investigaciones durante ocho meses y, después de evaluar millares de testimonios, entregó un informe sobre las atrocidades de la guerra al secretario General de la ONU, Boutros Ghali.
Desde los tribunales de Nuremberg, el Informe de la Comisión de la Verdad es el avance más significativo en la adjudicación de responsabilidades ante la comunidad internacional por los atropellos a los derechos humanos. El voluminoso memorial del horror, creado para esclarecer las responsabilidades de los atropellos cometidos durante la guerra y para contribuir a la reconciliación nacional, demuestra lo que diversos organismos internacionales y algunos periodistas dijeron desde el principio de la guerra salvadoreña: que muchos de los 75.000 muertos de la guerra civil no cayeron en el campo de batalla sino que fueron fría y calculadamente eliminados en asesinatos selectivos y matanzas indiscriminadas. El documento, primero de esta naturaleza elaborado por un panel nombrado por Naciones Unidas, señala que en El Salvador, los mayores excesos fueron cometidos por representantes del Estado. Pero como lo establece el informe, los guerrilleros del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí también asesinaron, secuestraron e hicieron desaparecer a los civiles, a los disidentes del movimiento rebelde, a funcionarios públicos, alcaldes y personal militar que se hallaba desarmado. Finalmente el informe establece que los funcionarios norteamericanos, gracias a más de 6.0000 millones de dólares de ayuda económica, al encubrimiento de la realidad ante el Congreso y en algunos casos por su participación directa, alimentaron la barbarie durante 12 años.
El informe pide que sea removida de las Fuerzas Armadas y de cualquier función pública la plana mayor del aparato de seguridad salvadoreño, incluyendo al actual ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, y a su viceministro. Recomienda, además, cambios profundos en las Fuerzas Armadas y el poder Judicial, y pide una investigación especial sobre los macabros escuadrones de la muerte, a menudo operados por militares y respaldados por empresarios, terratenientes y líderes políticos salvadoreños.
El impacto del informe en El Salvador es apabullante. El presidente Alfredo Cristiani ha solicitado darle la vuelta a una página dolorosa de la historia, y cerrar las tentaciones de revanchismo. La antigua guerrilla del Fmln ha aceptado sus responsabilidades en las atrocidades cometidas durante la guerra. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre una posible amnistía. Para el gobierno de Cristiani es necesaria una amnistía general para todos los responsables de crímenes políticos. Por otro lado, la dirigencia del Fmln, que reconoce la necesidad de un indulto, lo considera inaceptable a menos que se acaten las recomendaciones de la Comisión en el sentido de depurar las Fuerzas Militares y el poder Judicial.
Por su parte, el informe de la Comisión, aunque no se pronuncia en contra de la amnistia, considera que la justicia debe sancionar los crimenes de esa humanidad, pero no pide juicios, pues considera que el poder Judicial salvadoreño no está en capacidad operativa, ni moral, para procesar a los responsables.
Entretanto la renuncia del general Ponce, ministro de la Defensa, ocurrida días antes de la divulgación del informe aún no ha sido aceptada por el presidente Cristiani y el Fmln insiste en que discutirá la amnistía cuando se implementen reformas sustanciales en el sistema legal vigente. Sin embargo, aunque sea comprensible que aquellos que sufrieron atropellos esperen algún reconocimiento, resulta lógico creer que, por otro lado, quieran ver la paz. La historia está llena de ejemplos que demuestran la inutilidad de procesos similares, y lo desestabilizador que puede resultar el llevar estos casos hasta sus consecuencias lógicas. Pero, por otro lado, como lo afirmó Larry Birns, director del Consejo sobre Asuntos del Hemisferio, "no se puede basar la sociedad en una amnesia colectiva". Muy probablemente, del punto de equilibrio al que lleguen los distintos estamentos de la sociedad salvadoreña, depende que la reconciliación sea un proceso exitoso y duradero.