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| 12/27/1999 12:00:00 AM

Es panameño

Tras una gesta centenaria Panamá enfrenta con optimismo su mayor oportunidad histórica: la devolución del Canal.

Es panameño, Sección Mundo, edición 917, Dec 27 1999 Es panameño
Este lunes las campanas llaman de nuevo a fiesta en Panamá. El turno de la entrega es para el fuerte Clayton, situado en la entrada del Canal por el Pacífico, el mismo que en su momento albergó la mayor cantidad de militares estadounidenses en América Latina y que en 1994, cuando comenzaron las disminuciones de personal, era ocupado por 20.000 soldados.

Eventos como el de Fort Clayton, que han formalizado durante los últimos años la entrega por etapas de la Zona del Canal, son el preámbulo de la gran fecha. Las ceremonias se habían planeado para el 31 de diciembre, día en el cual, según los tratados Torrijos-Carter, finaliza la presencia norteamericana en el istmo. Pero se cambiaron para el 14 para que no compitieran con las fiestas del final del milenio.

La inminencia del cumplimiento de un sueño que ha desvelado a generaciones tiene al país en un trance de emoción patriótica. Desde el aeropuerto de Tocumen las vías están engalanadas con banderines con los colores nacionales y los edificios , tanto públicos como privados, compiten por exhibir la mayor creatividad en sus arreglos. Los automóviles llevan banderitas y hasta los negocios más modestos tienen en sus vitrinas algún tema alusivo a la entrega del Canal.

Y no es para menos. La existencia misma de ese país está íntimamente ligada a la construcción y mantenimiento de la vía interoceánica más importante del mundo. Todas las personas entrevistadas por SEMANA coincidieron con lo que dijo el ex ministro Roberto Alfaro, para quien “la entrega del Canal es como la independencia real y verdadera. Cuando salieron los españoles Panamá quedó bajo Colombia y cuando se separó de ésta quedó bajo la influencia de Estados Unidos. Sólo ahora estamos asumiendo realmente la conducción de nuestros destinos”.



Un gran vacío

Para los panameños la salida de los norteamericanos significa asumir plenamente la responsabilidad de manejar la operación diaria del Canal, lo cual no es poca cosa. Este sigue siendo una vía vital para el comercio internacional pues, por ejemplo, acorta la distancia entre el Extremo Oriente y Europa en 7.000 kilómetros. Al año transitan por sus esclusas unos 14.000 barcos que dejan ingresos por 400 millones de dólares. Curiosamente casi nadie ve en la operación misma del Canal problema alguno. Al fin y al cabo, luego de ser compartido con los norteamericanos, ha corrido por cuenta de personal mayoritariamente local durante años y existe experiencia como para descartar los problemas operacionales. Al respecto Alberto Alemán Zubieta, administrador del Canal, sostiene que “además de tener gente muy capacitada para este propósito, existe una motivación nacional, articulado en la forma corporativa en que la vía va a ser administrada por los panameños”.

Pero también dejar de tener miles de estadounidenses en el vecindario significa perder ingresos. Según el estudio titulado ‘Evaluación económica de la salida de las bases militares’, el cierre de éstas en la antigua Zona del Canal causará a la economía una pérdida neta de unos 170 millones de dólares al año. Eso hace que algunos, como José García, un taxista de 55 años que solía hacer trabajos para los norteamericanos, sientan que las cosas nunca van a ser las mismas. “Los gringos pagaban bien por todo lo que uno les hiciera. Yo creo que haberlos sacado es el peor error de Panamá”, dijo a SEMANA.



Grandes planes

Esas pérdidas quedarán, sin embargo, compensadas con creces por los proyectos que tiene Panamá para las áreas entregadas, las cuales abarcan una franja de tierra de 16 kilómetros de ancho a lo largo de los 80 kilómetros del Canal. Para su desarrollo se ha creado la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), que se encarga de promover a nivel internacional las inversiones que convertirán a esa área en un polo de desarrollo impresionante. Se trata de proyectos que abarcan actividades variadas y en los cuales, por lo pronto, ya hay compromisos de inversión por 1.400 millones de dólares. En el sector marítimo han sido privatizados dos puertos, se crearán puertos de contenedores, centros de carga multimodal y, en cuanto a la industria, se crean múltiples ‘Zonas procesadoras para la exportación’ para atraer el establecimiento de industrias bajo el esquema de maquiladoras. En cuanto al turismo, las enormes posibilidades serán explotadas mediante la creación de puertos de cruceros a ambos lados del Canal, parques temáticos, hoteles, campos de golf y establecimientos dedicados al ecoturismo. Y, por último, bajo el nombre ‘Ciudad del saber’, se construirán instituciones educativas, centros de investigación y un parque tecnológico con el objeto de ofrecer a nivel regional y continental educación universitaria al más alto nivel.

“Ya hemos generado más empleos que los que se perdieron por la salida de las bases, y eso que en realidad apenas estamos comenzando”, dijo a SEMANA Nicolás Ardito Barletta, administrador del ARI, en su oficina situada en el antiguo comando de la Armada norteamericana. Allí la actividad es febril habida cuenta de la enorme tarea que se tiene por delante. “La ARI fue

creada como un proyecto de Estado, una entidad muy profesional destinada a manejar el mayor proyecto de desarrollo de la historia del país sin injerencia política. Su junta directiva está compuesta por empresarios, líderes laborales, rectores, líderes profesionales y trabajamos bajo la estrategia económica del gobierno”.



Problemas

Pero el proceso panameño no está exento de dificultades. La primera es la percepción generalizada de que precisamente lo que se trata de evitar, es decir, que los beneficios provenientes del desarrollo de la zona canalera, se conviertan en objeto de una rebatiña política. Hace dos semanas el subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Pete Romero, señalaba de visita en Panamá que hay que “quitar de la mesa la política tradicional entre los partidos y trabajar por el bienestar de todos”. Romero no lo dijo expresamente pero se refería a la intención del gobierno de Mireya Moscoso de remover a Ardito Barletta, nombrado por el gobierno anterior de Ernesto Pérez Balladares. Ardito Barletta no sólo es miembro del partido del general Omar Torrijos, el mismo de Pérez Balladares, sino que fue quien derrotó (según muchos con fraude) en las últimas elecciones presidenciales previas a la invasión de 1989 a Arnulfo Arias, el difunto esposo de la presidenta. Al respecto el ex ministro y periodista Mario Rognoni dijo a SEMANA que “el caso de Ardito Barletta no tiene nada que ver con ineficiencia sino con un asunto enteramente personal. Ese tipo de cosas es lo que más puede afectar la imagen de Panamá en su nuevo papel de país enteramente soberano”.

Para otros, como Roberto Alfaro, la poca preparación es causa de problemas. “Los norteamericanos nunca vieron el Canal como un potencial comercial y siempre objetaban cualquier proyecto por razones de seguridad. Pero ahora se ha abierto el dique y no estamos listos. Un caso típico es el de una indemnización millonaria que habrá que pagarle a la Hutchinson Whampoa, la concesionaria china de uno de los puertos, por una mala adjudicación de tierras. Son 90 millones de dólares para un contrato que deberá rentar 20 al año”.



Intervención gringa

Pero esas, para la mayoría de los observadores, son dificultades menores que podrán irse superando con el tiempo. Lo que más preocupa a los panameños es la posibilidad, abierta por el Tratado de Neutralidad, de que los norteamericanos invoquen su ‘Enmienda Concini’ para intervenir militarmente en el istmo para ‘proteger’ el Canal o incluso para exigir la concesión de una nueva base militar. La prueba de la sensibilidad extrema existente al respecto es que Pérez Balladares fracasó en su intento por conseguir la reelección en parte como un castigo contra sus coqueteos con Estados Unidos para crear en Panamá un Centro Mundial Antidrogas (CMA), que fue abortado por la reacción popular.

La enmienda Concini es una interpretación unilateral del tratado, que entra en vigencia en 2000, según la cual Estados Unidos tiene la prerrogativa de intervenir militarmente en Panamá siempre que se amenacen sus intereses o el funcionamiento del Canal. Para las Organizaciones No Gubernamentales, que se oponen a cualquier posibilidad de que ello ocurra, el fallido CMA se enmarcaba dentro del deseo norteamericano de permanecer militarmente en Panamá. Según el sacerdote Conrado Sanjur, de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), tanto el gobierno anterior como el actual han gestionado algún tipo de presencia militar. “Nosotros, dijo Sanjur a SEMANA, hemos conseguido el borrador de un acuerdo bilateral para intercambio de información marítima, que es una forma más sofisticada de permanencia que una base militar”. Para el sacerdote, “con el CMA la excusa era la lucha contra el narcotráfico, pero en el fondo era un pretexto para mantener su política de dominación. Ahora estamos viendo algo parecido con el Darién. Este tema, el de la guerrilla y los paramilitares colombianos, lo han venido trabajando en los medios para crear una situación de temor y para hacer de la presencia militar estadounidense la salvadora, o al menos algo más potable”.

El argumento más utilizado en contra de la intervención norteamericana es que el Canal no puede ser defendido militarmente y, por eso, los panameños insisten en que la única forma de mantener el Canal libre de amenazas es garantizar su verdadera neutralidad. Este es el mayor reto de los cientos que enfrenta, con un entusiasmo arrollador, el pueblo de Panamá en los albores de su verdadera independencia.

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