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¿Fujimorazo a la vista?

La crisis institucional de Guatemala, con todo y sus ingredientes folclóricos, podría descarrilar del todo su precaria democracia.

11 de octubre de 1993

LA CRISIS INSTITUCIONAL que afecta desde hace varias semanas a Guatemala se parece cada vez más más a un sainete de barrio. El último capítulo se inició el domingo 5 de septiembre, cuando el Parlamento se reunió en pleno para decidir sobre la exigencia del presidente Ramiro de León Carpio de una "depuración" del órgano legislativo. La sesión extraordinaria terminó a golpes y con dos mesas directivas disputándose la legitimidad.
Una situación peligrosa en la que el espeçtro de la ingobernabilidad pesa sobre el espíritu de los guatemaltecos.
De León había sorprendido a todo el país el 25 de agosto, cuando decidió enfilar las lanzas de su campaña anticorrupción contra los mismos congresistas que le habían elegido para reemplazar al presidente titular Jorge Serrano Elías.
Lo paradójico es que Serrano fue destituido por ese mismo Congreso después de que intentara un "fujimorazo" con el mismo objetivo -o pretexto- que ahora esgrime su sucesor.
De León había sido escogido para reemplazar a Serrano por el prestigio que había acumulado -como Procurador de Derechos Humanos- por sus denuncias contra los atropellos que cometían las Fuerzas Armadas. Cuando asumió el poder el 5 de junio, el nuevo presidente se comprometió a moralizar las instituciones, pero pasaron las semanas y no actuaba.
Algunos explican la tardanza porque el presidente primero quiso asegurarse de su respaldo enlas zonas rurales. Lo cierto es que el 25 de agosto se lanzó al agua "He tomado la decisión histórica de comenzar una cruzada nacional c ontra la corrupción", dijo en una alocución para todo el país.
EI mandatario exigió la renuncia de los 166 diputados (congresistas) y de los nueve magistrados de la Corte con la amenaza de convocar una consulta popular y movilizar a la población para presionar su salida.
La reacción inicial del Congreso fue rechazar la solicitud del presidente. Entonces De León Carpio ordenó al ministro de Finanzas congelar los fondos y suspender los pagos del Congreso, de modo que los diputados solo recibieran la mitad de su sueldo. Esto avivó el conflicto, pues según Jorge Skinner, diputado del partido Unión de Centro Nacional (UCN), "el presidente machucó los callos donde más pecado había". Pero a los pocos días se conformaron dos bandos claramente delimitados.
Por una parte, el movimiento Instancia Nacional de Consenso, la coalicion de industriales, empresarios, sindicalistas y políticos que había dirigido la destitución de Serrano Elías, convenció a unos 70 de los 116 diputados de la conveniencia de renunciar, mientras otros 16, pertenecientes a la Democracia Cristiana, se negaron rotundamente a hacerlo. De esa manera, los primeros, reunidos en el "Teatro Nacional" de Ciudad de Guatemala desde donde convocaron la sesión del 5 de septiembre, se convirtieron en "los buenos" y los segundos, que sostienen que no hay razones para su renuncia, quedaron como los "malos".
Según los "malos", detrás de la campaña anticorrupción de De León se encuentra el sector privado organizado que representa la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y que busca librarse del Congreso para acelerar el plan de privatización de empresas estatales.
En un panfleto sin firma, los "malos" sostienen, además, que los grupos de cafeteros y azucareros requieren el desmonte del Congreso para fijar leyes que los favorezcan y poder seguir evadiendo impuestos. Todo esto hace pensar que la "cruzada de la dignidad involucra intereses económicos.
Aunque el desenlace de esta batalla de moralización es una incógnita, la depuración total parece una utopía y lo más probable es que el presidente se conforme con la parcial que sé negocia en el Congreso.
Sin embargo, no son pocos los que piensan que de continuar la concentración de poderes, se podría generar un "ramirazo", pues De León cuenta con el respaldo de la cúpula empresarial, de los movimientos sociales y sindicales, de la Iglesia Católica y del Ejército. Lo único que parece claro es que el problema está llevando a Guatemala a una situación ingobernable y que la batalla contra la corrupción puede ser más mala que la enfermedad.