Fujimori acepta culpabilidad y será sentenciado en dos días

El ex presidente Alberto Fujimori, quien ya cumple una condena de 25 años de prisión, aceptó el lunes su culpabilidad en un cuarto juicio por haber ordenado interceptaciones telefónicas, soborno de congresistas y compra de la línea editorial de medios de comunicación con recursos del estado.

Se trata de tres casos que han sido acumulados en un solo proceso en el que se acusa a Fujimori como autor de los delitos de violación del secreto de las comunicaciones, cohecho activo, y peculado, cargos por los que la fiscalía ha pedido la máxima pena de ocho años de cárcel.

"Conforme", dijo escuetamente Fujimori cuando el tribunal le preguntó si aceptaba los cargos y las responsabilidades que le imputó la fiscalía.
El juicio es público y transmitido por televisión.

La aceptación de la acusación fiscal por parte de Fujimori implica que será sentenciado el próximo miércoles, según anunció la corte.

Esta será la cuarta condena que reciba Fujimori, de 71 años, quien cumple desde abril una pena de 25 años de prisión por la muerte de 25 personas a manos de un destacamento militar que operó como parte de la lucha antisubversiva durante su gobierno (1990-2000).

En julio, Fujimori fue condenado a siete años y medio de cárcel por haber pagado ilegalmente 15 millones de dólares al ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. En esa oportunidad también se acogió a la figura legal de la conclusión anticipada del juicio, aceptando los hechos aunque estuvo en desacuerdo con la responsabilidad penal.

En Perú las penas no son acumulables sino que rige la mayor.

El ex congresista Javier Diez Canseco, uno de los afectados por las interceptaciones telefónicas durante el gobierno de Fujimori, dijo a la prensa que lo que busca Fujimori "es que la gente olvide la verdadera historia del fujimorismo, la historia de cómo robaron, cómo asesinaron, cómo abusaron del poder, y pretender que ese olvido cubra la candidatura dulce de la señora Keiko Fujimori, para amnistiar a su padre".

Pero el legislador fujimorista Carlos Raffo dijo que la motivación de Fujimori fue solo parar el "show", ya que está convencido de que no hallará justicia.

El fiscal José Peláez pidió a la corte imponga a Fujimori ocho años de cárcel, inhabilitación para ejercer cargos públicos, y un pago de cinco millones de soles, (1,6 millones de dólares), como reparación civil a favor del estado, y tres millones de soles (un millón de dólares) a favor de los agraviados de las interceptaciones telefónicas.

Según la acusación fiscal, desde 1990, cuando inició su gobierno, Fujimori montó un plan denominado "Emilio" para espiar las comunicaciones telefónicas de sus rivales políticos, ordenando la adquisición de modernos equipos de interceptación telefónica.

La fiscalía también lo acusa de haber ordenado pagos de sobornos a congresistas de la oposición para que se unieran a las filas del oficialismo. Un vídeo sacado a la luz por la oposición mostró a Montesinos sobornando a un legislador, lo que desencadenó el escándalo que condujo a la caída del gobierno de Fujimori en noviembre del 2000.

Asimismo, la fiscalía afirma que Fujimori, con el objetivo de obtener su segunda reelección en el 2000, encargó a Montesinos comprar la línea editorial del Cable Canal de Noticias, Canal 10, y del diario Expreso, de modo que favorecieran con sus informaciones a la imagen presidencial.

El ex mandatario recibió una primera condena de seis años por usurpación de funciones por el allanamiento ilegal de la vivienda de Montesinos en el 2000.

AP.