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| Foto: A.F.P.

VENEZUELA

Gobierno venezolano y oposición se radicalizan

La turbulencia en las calles y en la política del vecino. El malestar aumenta y los escenarios son cada vez más extremos.

29 de octubre de 2016

Venezuela está en la incertidumbre. El gobierno y la oposición han jugado sus cartas, que ahora son aún más radicales que las del pasado. Aunque en esta larga crisis se ha vuelto frecuente que se planteen escenarios apocalípticos que no se cumplen, la semana pasada en la oposición hablan de la destitución de Maduro y en el gobierno se dice que la Asamblea desbordó sus funciones. Ambos se cruzan acusaciones mutuas sobre ruptura del orden constitucional.

El chavismo cuenta con el apoyo del alto mando militar, de casi la totalidad de los gobernadores y del aparato del Estado, incluyendo sus organismos de seguridad, encargados de la brutal represión vivida el miércoles en varias ciudades del país, durante una jornada de protesta masiva.

En la otra orilla, la oposición convocó a las calles para protestar por la suspensión del proceso que conducía a un referéndum revocatorio, mientras mantiene conversaciones con el enviado del Vaticano, el nuncio en Argentina Emil Paul Tscherrig, para un diálogo con el gobierno auspiciado por Unasur y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. Y ahora organiza una protesta masiva en la boca del lobo, el palacio de gobierno en el centro de Caracas.

Es la joya de la corona. La oposición no marcha hacia Miraflores desde 2002, cuando el evento terminó en una matanza que desencadenó un golpe de Estado. Es el recuerdo que interesadamente trae a colación el chavismo para asegurar que sus adversarios quieren violencia y expulsarlos del poder. Pero en la acera de enfrente se defiende la movilización ciudadana, que iría a la sede del Ejecutivo para entregar “una carta de despido”, como anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

En realidad, se trata de acudir con la notificación del resultado del voto de censura que el Parlamento prepara contra el mandatario. El diputado Juan Miguel Matheus, quien propuso la moción, explica que se trata de generar una sanción política basada en el abuso de poder que ha blandido Maduro en su modo de gobernar por decreto, desconociendo el Poder Legislativo y aumentando la persecución política, además del cierre al camino electoral que representa un revocatorio.

En el caso venezolano, la Constitución llama a que la sanción del Legislativo abra la puerta a la actuación de la Contraloría (administrativo) y Fiscalía (penal) para determinar responsabilidades jurídicas. Ambas instituciones están controladas por el chavismo. En la Asamblea Nacional también han dicho que decidirán un “abandono del cargo” para forzar unas nuevas elecciones. El artículo 232 constitucional reza que el presidente “es responsable del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo”, entre ellas “procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos”. Según Matheus, si el presidente no ha cumplido con eso, “hay un abandono del cargo”. Pero hay teorías para todos los gustos sobre el verdadero alcance de estas normas. El jueves, la bancada parlamentaria del oficialismo introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia –que ha emitido 30 sentencias para limitar o contrarrestar la acción de la Asamblea Nacional opositora– un recurso de nulidad para invalidar tales actos. Desde la tolda oficial insisten en que Maduro está en pleno ejercicio de su cargo.

Entretanto, una fuente cercana a la MUD, que resguarda su identidad pero da a conocer detalles estratégicos de la alianza opositora, asegura que se trata de “una afirmación del poder de la Asamblea”. Sostiene que a pesar de las competencias parlamentarias, la recomendación ha sido asumir la vía moderada. La movilización convocada para la sede del Ejecutivo el próximo 3 de noviembre no es la única carta que se juega la Mesa de la Unidad Democrática. El propio Henrique Capriles dejó abierta la puerta a reactivar el camino electoral como manera de anular, por ahora, una caminata hasta el palacio de gobierno.

En el Parlamento, la oposición se apresta a nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo y rectores del Consejo Nacional Electoral, que pudieran conducir a una doble estructura burocrática y un no reconocimiento a la división entre poderes. Por ahora, la MUD y el gobierno hablan de diálogo, con diferencias. Este domingo 30 hay reunión convocada en Margarita por los propios “facilitadores” internacionales. En un principio, la oposición anunció que acudiría, luego se desdijo y este jueves se anunció que un representante sí asistirá. Al otro lado, Nicolás Maduro dijo que él mismo iría y criticó que la Unidad quisiera dar la espalda al encuentro convocado con auspicio del Vaticano.

Sin embargo, y a pesar los anuncios grandilocuentes del lunes incluso de la propia coalición antichavista, lo que pudiera darse el domingo es apenas un acercamiento exploratorio, según explicó monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana que recibió en Caracas al enviado papal.

La agenda opositora es única: elecciones cuanto antes, especialmente cuando todas las encuestas ubican el apoyo a Maduro en apenas 20 por ciento. El deseo de que su gobierno termine este mismo año por encima de 70 por ciento, según la última encuesta de la empresa Datanálisis. Una fuente de la Mesa de la Unidad asegura que están sobre la mesa dos propuestas: convocar a un revocatorio, organizar unas elecciones generales o acordar unas presidenciales adelantadas. Estos dos últimos escenarios podrían ser más atractivos para el chavismo porque defendería su modelo político en las urnas y no la gestión del actual presidente, considerando que el fallecido Hugo Chávez como figura aún convoca simpatías de más de 50 por ciento de la población venezolana.

La psicóloga social Colette Capriles alerta sobre confundir medios con fines.:“Llegamos al momento en que se escala la presión, en un contexto de ruptura constitucional inédito en el país. Pero hay que ser estratégico. La cuestión del juicio es una amenaza creíble, pero no es necesariamente eficaz porque el gobierno no cederá. Es una jugada de alta incertidumbre, pero válida”. El diputado Matheus dice que el “juicio político” podría tener consecuencias jurídicas reales, pero “no habiendo Estado de derecho y estando secuestrado el TSJ, la MUD combina lucha institucional con calle y protesta de ciudadanía”.

Para Luis Salamanca, más que la marcha a Miraflores, es importante el condicionamiento de Henrique Capriles de reactivar el camino electoral. Para eso sería la ventana de siete días entre la Toma de Venezuela y una eventual marcha a Miraflores que, sin embargo, el PSUV ya anuncia que no se permitirá. “Miraflores es del pueblo”, gritó Diosdado Cabello el jueves.

Aún hay quienes en Venezuela, y otras partes, esperan una intervención de los cuarteles en la crisis política venezolana. No se dan cuenta que el gobierno es de carácter militar. Al menos un tercio de su gabinete ministerial está conformado por uniformados, y desde que Maduro asumió la Presidencia ha aumentado la cantidad de generales y almirantes en sucesivos ascensos castrenses.

El lunes, el alto mando militar manifestó estar en contra de las decisiones del poder civil representado en el Parlamento y denunció un intento de golpe de Estado para derrocar “al señor Nicolás Maduro, nuestro único comandante en jefe y suprema autoridad”.

El mayor general (r) del Ejército Clíver Alcalá Cordones, quien fue cercano a Hugo Chávez y llegó a comandar la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana, dice que el Ejecutivo se apartó de la legalidad. Por eso asegura que “la Fuerza Armada debería mantenerse fiel a la Constitución. En este momento sus instituciones están siendo vulneradas, por evitar la participación del pueblo en una elección”. Sin embargo, no afirma que esté cerca levantamiento alguno.

La presidenta de la ONG Control Ciudadano y experta en asuntos de cuarteles, Rocío San Miguel, asegura que “los políticos siempre tratan de esperar la vía de los pronunciamientos militares como una ruta de transición y yo creo que ese escenario no está presente en Venezuela en este momento”. Y añade: “¿Por qué los militares darían un golpe si la cúpula militar con poder político, poder de fuego y poder económico tiene el control del poder?”.