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| 10/9/2000 12:00:00 AM

La controversia

Al iniciarse el Plan Colombia dentro de la guerra antidrogas, en Estados Unidos sigue el debate de la legalización.

La controversia La controversia
Sostener en Estados Unidos que la guerra contra las drogas es un esfuerzo costoso e inútil, que el combate se ha perdido y que es necesario cambiar radicalmente el enfoque y afrontar la legalización es poco menos que una herejía. Al fin y al cabo fue en ese país donde nació desde comienzos del siglo XX una concepción represiva y moralista del tema. Tan arraigada está esa percepción en el subconsciente de los norteamericanos (y por extensión del mundo entero) que pocos analistas serios se han atrevido a contradecirla. Y ni hablar de los políticos, para quienes salir de la línea oficial es casi como firmar su defunción electoral.

Pero mientras en Colombia arranca el plan más ambicioso para erradicar la coca, en los últimos tiempos unos cuantos solitarios norteamericanos se han dedicado a promover un cuestionamiento de fondo sobre el tema. En el área académica, junto con el Nobel de economía Milton Friedman, han agitado el problema analistas como Joseph McNamara, un ex jefe de policía y graduado de Harvard; Kurt Schmoke, quien promovió la legalización desde la alcaldía de Baltimore y puso en marcha varios programas en ese sentido, y el ex procurador general de Ronald Reagan, Edwin Meese, entre otros.

Sin embargo el asunto ha recibido mayor difusión desde que el gobernador de Nuevo México, Gary E. Johnson, lanzara su propuesta de legalización en una conferencia en el Cato Institute, de Washington, en octubre de 1999. Johnson, quien no pierde oportunidad para insistir en su propuesta ante los medios, se convirtió en el funcionario de más rango en plantear abiertamente esa posibilidad. En un comienzo el gobernador incluyó la legalización de la marihuana y de drogas ‘duras’ como la cocaína y la heroína. Hoy, más realista, habla sólo de legalizar la yerba y en cuanto a las demás, de una política de reducción del daño (Harm Reduction Policy) semejante a la de varios países europeos.

El gobernador advierte que su propuesta es un suicidio político. Por eso se lanzó a defender la legalización luego de asegurar su segundo (y último) período en Nuevo Mexico mientras su fortuna de self-made man le permite un retiro dorado. Pero su personalidad le da color a sus argumentos. Desde su campaña aceptó haber usado cocaína y fumado marihuana (un periodista le preguntó si la había “probado” y contestó que la había “fumado“). Pero hoy, a sus 47 años, practica el triatlón y ha participado con éxito en dos versiones del ‘Ironman’, una prueba reservada a los atletas más fuertes del mundo. Y, para completar, pertenece al Partido Republicano, el más recalcitrante contra las drogas.

Por eso no es de extrañar que su visión sea muy económica, al estilo de sus escandalizados copartidarios. En su conferencia ante el Cato Johnson dijo que “yo soy un analista tipo costo-beneficio. Hoy estamos gastando 50.000 millones de dólares al año en la guerra contra las drogas, entre policía, juzgados y cárceles, y yo sostengo que es un absoluto fracaso. Mi hipótesis ‘inaceptable’ es que en un escenario de legalización podemos controlar el uso y el abuso de drogas e incluso hacerlo disminuir”.

La tesis de Johnson se basa en cinco conceptos clave: controlar, regular, cargar con impuestos, educar y prevenir. Al legalizar la droga y ponerla bajo control estatal los usuarios conocerían la pureza de lo que compran, el comercio estaría fuera de las manos de los traficantes, disminuiría la violencia relacionada con el tráfico, los impuestos contribuirían a financiar los programas de rehabilitación y de desestímulo al consumo. “Hoy en día cualquier adolescente le dirá que en Estados Unidos le es más fácil conseguir un ‘joint’ de marihuana que una cerveza”, dijo Johnson.

El gobernador niega que su postura favorezca el consumo. Sólo que éste por sí solo no debe conducir a los 80 millones de usuarios a la cárcel. “Yo les digo a los jóvenes: usar drogas es malo, es una desventaja, lo mismo que el tabaco y el alcohol”, sostuvo ante el Cato. Y su propuesta no equivale a la permisividad, sino a activar un nuevo régimen fuertemente restrictivo. Por ejemplo, incluiría el que los crímenes cometidos bajo el efecto de drogas fueran castigados con más fuerza, así como conducir automóvil bajo su influencia, o vender drogas a un menor de 21 años. Incluso los empleadores tendrían el derecho a despedir a los empleados que usen drogas y exigir exámenes periódicos para detectarlos.

La postura de Johnson, que le ha reportado mucho eco en los medios de comunicación, ha producido una dura reacción en medios conservadores y en el gobierno de Bill Clinton. Hay académicos, como William MacDonald, de la Universidad de Princeton, quien dijo a SEMANA que “la legalización de las drogas ‘suaves’ no sería más que una forma de tolerancia de comportamientos marginales y llevaría a un aumento en el consumo al ponerlas más cerca de los consumidores”. Y el zar antidrogas, Barry McCaffrey, no ha ahorrado epítetos para referirse a Johnson. Pero lo cierto es que, en un momento en que Estados Unidos se embarca en una empresa multimillonaria como el Plan Colombia, personajes como él han logrado que se despierte lentamente un debate aplazado por muchos años en la sociedad norteamericana y en el mundo.

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