La guerra del gas

Que los campesinos de un país bloqueen caminos para exigir escuelas, rutas o mejores precios, es algo normal. Que los trabajadores exijan aumento de salarios, también. Pero que indígenas de las más olvidadas regiones, campesinos de escarpadas montañas, maestros, trabajadores y estudiantes pongan en jaque a un gobierno oponiéndose a una exportación de gas sólo puede suceder en Bolivia, ese altiplano que hace temblar al continente con sus estallidos sociales.

Los bloqueos de caminos por indígenas y campesinos, iniciados el 15 de septiembre para reclamar mejoras en la asistencia social, dieron paso a una protesta nacional cuando el gobierno anunció su decisión de vender gas a Estados Unidos y México a través de Chile. El 21 de septiembre murieron siete personas en choques entre campesinos y policías, aumentando el malestar, y la Central Obrera Boliviana decretó una huelga general indefinida a partir del lunes 28 de septiembre para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Siguiendo las instrucciones del dirigente aymará Felipe Quispe, las comunidades campesinas continúan sumándose al bloqueo de caminos que se generalizará a partir de este lunes 6 de octubre, cuando se unan a él los cultivadores de coca encabezados por el ex candidato presidencial indígena Evo Morales.

En La Paz se siente cada vez más el desabastecimiento, los precios han subido hasta 50 por ciento y también los carniceros se han sumado a la huelga para exigir la anulación del Alca.

Las protestas de los más disímiles sectores confluyen en el rechazo a la exportación de gas natural, el recurso más importante del país, a Estados Unidos y México. Los bolivianos se oponen a que sean las empresas extranjeras las que controlen y usufructúen la exportación del gas, a lo cual se suma el tradicional resentimiento con Chile, que privó al país mediterráneo de costas luego de la guerra de 1879.

Las reservas de gas de Bolivia son de 52,3 billones de pies cúbicos, las segundas en el continente después de las venezolanas. El consorcio internacional Pacific LNG pretende tender un gasoducto entre los yacimientos gasíferos de Tarija y un puerto chileno en el océano Pacífico para exportar el hidrocarburo hacia el norte.

Todos contra el presidente

Todos los sectores sociales parecen haberse puesto de acuerdo para reclamar lo suyo, coronando sus exigencias con la cuestión del gas y colocando al gobierno contra las cuerdas. El presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, es un sobreviviente de los años 90, el último de los defensores a rajatabla del modelo neoliberal y privatizador que ya fracasó en el sur de continente. El mandatario fue reelegido en 2002 con un escaso 22 por ciento de los votos e inauguró su nuevo período en condiciones de debilidad extrema. De no ser por los artilugios del sistema electoral boliviano el temido Morales pudo haber sido electo presidente de un país donde el cultivo de coca es una tradición milenaria y respetada.

Pablo Solón, coordinador del movimiento contra el Alca (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), habló con SEMANA desde La Paz. "Lo que están pasando es que cada pueblo y sector están levantando sus propias exigencias al gobierno, uniéndolas a la cuestión del gas, razón por la cual Sánchez de Lozada no tiene margen de maniobra".

"Para mantenerse en el poder, un gobierno en Bolivia necesita un triple sustento: el pueblo, las fuerzas armadas y la embajada de Estados Unidos", escribe el historiador José Luis Roca en el diario La Razón de La Paz. "En la ecuación política actual, el régimen cuenta con cero respaldo popular, mientras el apoyo que proviene de las fuerzas armadas es cada vez más débil. Hoy por hoy el verdadero y único sostén del gobierno es la embajada norteamericana y es probable que ese, también, se encuentre erosionado y vacilante".

Hasta sectores de las fuerzas armadas, llenos de sentimientos nacionalistas, han hecho saber su descontento con el gobierno por la cuestión del gas. Hace pocos días los 'Cóndores y satinadores de Bolivia', una fuerza de élite, envió una carta abierta al presidente con ocasión del pago de un sueldo extra a los militares para mantener su lealtad. La carta se titulaba "¿Gas para Chile? ¡Que se lo venda su abuela, carajo!". En el texto los militares advierten que "dadas las circunstancias correrá sangre, pero esta vez será sangre de los gobernantes actuales y anteriores, que despojaron al pueblo boliviano de sus recursos naturales".

La pobreza explosiva

País minero por excelencia, Bolivia siempre fue tan explosivo como la dinamita usada para perforar sus montañas. Con el ocaso de la minería como principal recurso económico en los años 80, y con las reformas privatizadoras de la década de los 90, la nación se fue sumiendo en una pobreza aterradora que le ganó el triste título de país más pobre del continente.

Cada hora 20 personas se hunden en la pobreza y siete de ellas en la indigencia y en la marginalidad. Este promedio, que se ha mantenido a lo largo de los últimos tres años, ha contribuido a que dos terceras partes de la población de ocho millones estén por debajo de la línea de la pobreza, la mitad de los cuales vive en la indigencia. La cuarta parte de la población que reside en las dos capitales y en las ciudades provinciales sobrevive con menos de 80 centavos de dólar al día, promedio que en el campo baja a 60 centavos.

Es por esa fuerza explosiva de la pobreza que el panorama se ha puesto color de hormiga para Sánchez de Lozada. "La situación está gravísima", opina Pablo Solón, quien manifiesta su preocupación por la posibilidad de que el gobierno prepare una salida de fuerza.

Para Solón, "si al gobierno se le va la mano en la represión, va a venir una acción mucho más fuerte que puede acabar con él. Sánchez de Lozada está muy débil, sabe que si reprime puede causar una reacción terrible, pero sabe que si la utiliza en el momento exacto puede lograr un punto de inflexión. Lo más grave son los bloqueos de caminos, que se van a recrudecer a partir del lunes". Por eso, concluye, la semana que comienza es la clave.