La pugna de Correa con la prensa en ocho actos

Lo más reciente de la polémica en este tema tiene que ver con la decisión divulgada este miércoles por el gobierno ecuatoriano de que no cumplirá el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspensión de la sentencia en contra del periódico, y el anuncio efectuado por el presidente Correa de que tiene una "decisión tomada" sobre qué hará con el juicio al rotativo, la cual la comunicará en los próximos días al pueblo ecuatoriano por medio de una carta abierta.

El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño no quiso responder a la prensa sobre si la decisión anunciada por el presidente Correa tiene que ver con una remisión o "perdón" a los directivos del diario, posibilidad que días atrás fue advertida por el propio mandatario, pero sí señaló que no es posible aplicar la solicitud de medidas cautelares solicitada por la CIDH a favor de los sentenciados pues aún no existe un fallo definitivo en el caso, así como tampoco órdenes de captura ni dictámenes de embargo de bienes.

Patiño además dijo que Ecuador recibe el pedido de la CIDH "como una clara violación a la institucionalidad de nuestro país".

Previamente, el presidente Correa había calificado como un "disparate total" tal solicitud, mientras que los abogados del diario y otros juristas han insistido en que el pedido de la Comisión es vinculante para Ecuador, quien está obligado a cumplir los acuerdos internacionales que ha suscrito.

Pero el caso El Universo no es el único que hace parte del conflicto que mantiene Rafael Correa con los medios ecuatorianos. Las tensiones son a diario y los temas de dicho enfrentamiento son diversos. BBC Mundo le presenta cuáles son los principales puntos de la actual pugna del mandatario con los medios de comunicación.

Caso diario El Universo
 
La sentencia de tres años de cárcel y US$40 millones dictada en contra de diario El Universo, sus tres principales directivos y el exeditor de Opinión, Emilio Palacio, en una demanda por injurias presentada por el presidente Rafael Correa a causa de un artículo de opinión, ha despertado el rechazo de medios de comunicación ecuatorianos que han calificado al fallo como un ataque a la libertad de expresión en el país.

Dos de los directivos del diario sentenciados se encuentran fuera de Ecuador presentando su caso ante organismos internacionales de prensa, y el tercero, Carlos Pérez, director del rotativo, ha recibido asilo por parte de Panamá y se encuentra desde la semana pasada en la Embajada panameña en Quito a la espera de viajar rumbo a la nación centroamericana. Palacio, por su parte, está en Estados Unidos donde presentó su pedido de asilo político.

La CIDH ha previsto para el próximo 28 de marzo una audiencia en su sede en Washington, en la que espera recibir a las partes involucradas en el caso. No obstante, tras la declaración de este miércoles del presidente Correa hay quienes ven como muy probable un “perdón” a los directivos del diario, lo cual sin embargo no disminuiría el rechazo de organizaciones de prensa a la forma cómo el mandatario ha llevado adelante su demanda contra el rotativo.

Caso Gran Hermano
 
Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita recibieron hace poco una sentencia de primera instancia que los ordena a pagar US$2 millones en el juicio por daño moral seguido en su contra por el presidente Correa.

La demanda se origina en el libro El Gran Hermano, escrito por los dos reporteros, en el que se señalan millonarios contratos con el Estado suscritos por el hermano del mandatario, Fabricio Correa, y se anota, citando a este último, que el mandatario sí sabía de dichos contratos, lo cual es negado por Rafael Correa.

Los periodistas han presentado 35 pruebas a la justicia ecuatoriana y han calificado a la sentencia como “desproporcionada y absurda”, mientras que el mandatario ha insistido en que su honra ha sido afectada.

Ley de Comunicación
 
Luego de más de dos años de trámite legislativo, la Asamblea Nacional se apresta a poner a votación la controvertida Ley de Comunicación, la cual crea un Consejo de Regulación de contenidos y establece diversas regulaciones para los medios de comunicación.

Periodistas ecuatorianos han calificado el proyecto legal como sancionador y riesgoso para la libertad de expresión de los ecuatorianos, a la vez que han expresado sus temores de que más allá de las discusiones legislativas sea el presidente Correa quien termine imponiendo sus posiciones por medio de un veto a la ley.

El mandatario ha insistido en que hará uso de su facultad de veto y que buscará que la ley no favorezca “a los intereses de cierta prensa”.

Reforma electoral
 
El 4 de febrero pasado entró en vigencia una reforma electoral que, entre otras cosas, coloca restricciones al trabajo de los medios durante elecciones.

El texto legal señala que durante la campaña electoral "los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política".

La prensa ecuatoriana ha señalado que la disposición es tan amplia y ambigua que cualquier trabajo periodístico durante elecciones podría entrar en la prohibición, por lo cual se han planteado varias demandas de inconstitucionalidad de la reforma electoral ante la Corte Constitucional.

El presidente Correa, de su lado, ha insistido en que la norma busca evitar que los medios hagan “campaña política disfrazada de información”.

"Campaña de descrédito"
 
Organizaciones periodísticas han rechazado lo que califican una "campaña de descrédito" desarrollada por el gobierno ecuatoriano en contra de diversos periodistas y medios de comunicación, por medio de constantes cadenas nacionales de radio y televisión, enlaces ciudadanos sabatinos y publicidad dirigidos a combatir lo que el mandatario llama "prensa corrupta".

En varias oportunidades, funcionarios del oficialismo han señalado que lo que hace la Presidencia de la República es contrarrestar las supuestas "mentiras" de la prensa.

Críticas a la CIDH y a la OEA
 
El gobierno ecuatoriano ha emitido en los últimos meses permanentes críticas al trabajo de la CIDH y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la cual se ha pronunciado en casos como la sentencia a diario El Universo o el proyecto de Ley de Comunicación.

“Existe un sesgo muy claro en estos organismos internacionales. Para empezar tenemos que ir a discutir el problema de Ecuador en Washington, pese a que Estados Unidos no reconoce la convención Interamericana”, ha señalado Correa.

De allí que el gobierno ecuatoriano ha impulsado cambios al funcionamiento de la Relatoría, que incluyen el establecimiento de un "código de conducta" para la entidad, los cuales fueron aprobados en enero pasado por el Consejo Permanente de la OEA.

Otras leyes en trámite en la Asamblea
 
Dos proyectos de ley que aún están en trámite en la Asamblea Nacional y que colocan varias regulaciones a medios de comunicación y periodistas son la Ley de Telecomunicaciones y el nuevo Código Penal.

En el primer caso, se plantea que las concesiones de frecuencias de radio y televisión tengan una duración de hasta 15 años, renovables por adjudicación directa por un máximo de hasta 30 años, luego de lo cual la frecuencia se sometería a un concurso público para su nueva adjudicación.

El proyecto de Ley de Telecomunicaciones además dispone multas para los medios que podrían llegar hasta los US$2.6 millones.

En cuanto al nuevo Código Penal, la iniciativa legal mantiene sanciones penales para quienes injurien a una autoridad pública, con penas mayores que las aplicadas por injurias a un ciudadano común.

Aplicación de leyes ya aprobadas
 
La Ley Antimonopolio y la Ley de Participación Ciudadana son dos textos legales que ya se encuentran vigentes en Ecuador y cuya aplicación también genera preocupaciones entre los medios de comunicación del país andino.

La Ley Antimonopolio impide a los empresarios de los medios tener acciones en cualquier otro tipo de negocio que sea ajeno al ámbito comunicacional; mientras que la Ley de Participación Ciudadana dispone que los medios rindan cuentas a los ciudadanos anualmente.