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| 12/11/1980 12:00:00 AM

La revocatoria

Al llegar a la mitad del período se reactiva la crisis del gobierno de Hugo Chávez. Mientras la oposición pide un referéndum el Presidente se atrinchera en las normas.

La revocatoria La revocatoria
Como no hay plazo que no se cumpla, el 20 de agosto se completó la primera mitad del período presidencial de Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela. A comienzos de este año, cuando el paro nacional intentaba derrocar al mandatario, esa fecha parecía tan lejana que cuando Chávez la propuso fue recibida como una maniobra dilatoria. Pero llegó inexorablemente para reactivar la polarización de un país que tiene un presidente ante el cual nadie parece capaz de ser indiferente.

Todo se basaba en que, según la Constitución Bolivariana impuesta por el propio Chávez, solamente a partir de la mitad del período era posible proceder a la revocatoria del mandato. El jueves los activistas de la oposición madrugaron a iniciar el proceso hacia el referéndum al consignar las firmas recogidas durante el 'firmazo' del pasado 2 de febrero, cuando se recogieron 3.236.320 rúbricas. Así comenzó para ellos y para los partidarios de Chávez un tormentoso plazo de 90 días en el que se deberían materializar los objetivos de parte y parte: sacarlo legalmente del poder o mantenerlo en la presidencia hasta 2006.

Los datos de la oposición juegan en contra del mandatario. Para el gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, fuerte competidor para sustituir a Chávez según los sondeos de opinión, las cifras promedio de 11 encuestadoras indican que "60 por ciento de los 11,9 millones de electores quiere un referéndum, y de allí 4,8 millones votaría a favor del Sí para revocarle el mandato". Si Chávez sacó 3,7 millones de votos cuando fue reelecto hace tres años "tenemos más de un millón de votos de diferencia por encima para sacarlo de la presidencia", añade Mendoza.

Pero los opositores presienten que no se dejará derrotar tan fácilmente en las urnas porque suponen que tiene, no una sino varias cartas bajo la manga, para impedir que se realice la consulta popular. Una de ellas consiste en que todavía no se ha elegido un nuevo Consejo Nacional Electoral, el cual podría invalidar las decisiones de la actual directiva, y el oficialismo pondrá muchas trabas en el camino para impedir la consulta.

"Este año no habrá referéndum", repite incansablemente Chávez a pesar de haberlo propuesto el año pasado tras salvarse de ser derrocado por el golpe light el 11 de abril y luego cuando la oposición pidió su renuncia en las tres huelgas generales registradas en los últimos 20 meses. El mandatario se niega ahora a medirse en las urnas, descalifica las firmas y acusa a la oposición de ser presuntamente "golpista" por pretender ejercer un derecho consagrado en la nueva Constitución.

En su defensa, el diputado oficialista Calixto Ortega dijo a SEMANA que las firmas consignadas "no le van a servir de soporte a la oposición para solicitar la convocatoria del referéndum porque ni AD ni Copei están interesados en la consulta porque no les conviene. Veo el referéndum en el limbo desde el punto de vista de la oposición porque ha cometido muchos errores tratando de poner fin al mandato de Chávez".

El argumento principal del gobierno contra la validez de las firmas consiste en que éstas fueron recogidas antes de que el derecho a la revocatoria se configurara y que la oposición debería proceder a recogerlas de nuevo para que tuvieran efectos constitucionales.

Para los dirigentes opositores, como el diputado Alejandro Armas, miembro de la Coordinadora Democrática, hay demasiados obstáculos en el camino. "Veo muchas dificultades por las manifiestas intenciones del gobierno de poner trabas. No obstante, soy optimista, vamos a salir adelante a pesar de los inconvenientes".

En declaraciones a SEMANA, Armas dijo que el gobierno está en una situación delicada. "Si no respeta el proceso del referéndum y los resultados no saldrá airoso y tendrá que enfrentarse a la reacción nacional e internacional".

Armas tampoco cree que Chávez ganaría el referéndum. "Ninguna encuesta dice que el presidente va a triunfar. Por eso el gobierno no quiere la consulta popular y de allí tantas marchas y contramarchas para torpedear la elección del nuevo poder electoral", dice.

El mayor obstáculo sería que el actual o el futuro poder electoral invalide las firmas consignadas en los próximos 30 días y retarde el proceso para que no se pueda realizar el referéndum este año. Pero el presidente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, afirma que "de ser necesario recogeremos más firmas y sacaremos mayor cantidad, cuantas veces sea posible". "Con los votos lo pusimos en el poder en diciembre de 1998 y con los votos lo vamos a sacar ahora", sentencia Felipe Mujica, presidente del Movimiento al Socialismo, al señalar que el referéndum es la esperanza, una oportunidad para cambiar de gobierno, para el trabajo, el empleo, la paz y la democracia.

El oficialismo critica a la oposición por lanzar un referéndum en el vacío sin líderes ni programa de gobierno y se preguntan ¿después de Chávez qué? En sus declaraciones a SEMANA, el diputado Armas sostiene que después de Chávez es "la reconciliación nacional y la reconstrucción del país".

Con la revocatoria del mandato presidencial se produce un abandono absoluto del cargo. Y de acuerdo con la Constitución el vicepresidente toma el puesto y debe convocar elecciones en 30 días.

Armas dio una primicia a SEMANA cuando dijo que "la próxima semana lanzaremos el proyecto o diseño de país que queremos para que sea discutido por la sociedad y vamos a escoger un abanderado de la oposición para las elecciones que vienen, 30 días después del revocatorio de Chávez, que sea capaz de representar los anhelos unitarios de todos los venezolanos".

El presidente que se elegiría en los comicios completaría la otra mitad de tres años de gobierno, es decir, hasta 2006. Armas reconoce que la oposición ha tenido deficiencias en ofrecer el proyecto país, sin embargo, "más del 70 por ciento de los electores está dispuesto a relevar a Chávez. La mayoría sabe que tiene que salir de él porque es un problema de salud pública. La revocatoria es un asunto sanitario".

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