La última carta

La renegociacion de la deuda pública y el paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Fernando de la Rúa parecieran no traer calma a la recalentada situación del país. Las incógnitas persisten sobre el apoyo interno y externo de lo que una importante calificadora de riesgo llamó “default selectivo”.

La reestructuración de la deuda tendrá dos etapas: una primera, en la que se canjearán los bonos en manos de bancos y fondos de pensión nacionales —unos 60.000 millones de dólares— por nuevos bonos, garantizados por la recaudación impositiva, con un interés del 7 por ciento anual (hoy es 12 por ciento), con tres años de gracia.

Si esta primera etapa prospera vendrá una segunda, en la cual se renegociaría la deuda en manos de extranjeros, que será la más difícil y engorrosa de la propuesta. La idea del gobierno es que con esta medida se bajará el costo del dinero, que la semana pasada llegó a 300 por ciento anual para préstamos entre bancos, y el riesgo país, que superó los 2.500 puntos, aliviando así a las empresas, a las que se les permitirá pagar sus deudas impositivas y bancarias con los desvalorizados bonos públicos de hoy al ciento por ciento de su valor.

Los empresarios festejaron, los banqueros hicieron mala cara pero al final dijeron que “pondrán el hombro”. Otra salida no les quedaba porque los bancos, llenos de bonos, irían a la quiebra si se declara un default y si no logran cobrar las deudas que las empresas están imposibilitadas de pagar.

Mientras que Fernando de la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, viajaban a Washington para buscar apoyo, el frente interno seguía estremeciéndose. Hasta último momento el gobierno negociaba un acuerdo con los gobernadores de las 23 provincias y, en el Congreso, los diputados peronistas le hacían una mala jugada, al aprobar una ley para repartir con las provincias la recaudación del impuesto al cheque, que el gobierno había dado como garantía de los nuevos bonos.

Mientras tanto el gobernador peronista de Buenos Aires amenazaba con embargar los bienes de la Nación para cobrarse las deudas. Es que la situación es cada vez más crítica. Maestros, médicos y jubilados dependientes de las provincias no han cobrado los haberes de octubre y, cuando cobren, no recibirán pesos sino un papel llamado “patacón” o “Lecop”, que no es canjeable sino para pagar algunos impuestos y servicios.

Con esta situación interna a De la Rúa y a Cavallo les queda la difícil tarea de ganar en el exterior el apoyo que no tienen en su casa. A pesar de las promesas del gobierno de no declarar la cesación de pagos el plan anunciado la semana pasada ha sido interpretado en el exterior como un default parcial. Para la calificadora de riesgo Fitch, “el proyecto de canje de deuda dirigido a inversionistas privados equivale a un canje en crisis y, por lo tanto, una cesación de pagos (default)”, por lo cual la calificadora degradó la calificación a C, “indicando una cesación inminente de pagos”. La misma medida tomó Standard & Poors y se esperaba lo mismo de Moody’s.

El problema es que, aun cuando todo saliera bien, el país debe pagar, entre 2003 y 2005, 40.000 millones de dólares de capital, aparte de los intereses, lo cual hace que la perspectiva sea negra. Paul Krugman, uno de los zares de las finanzas de Estados Unidos, en un editorial en The New York Times, se sumó al coro de los que proponen una devaluación. Según el economista, “la convertibilidad, introducida en 1991 para tranquilizar a los inversionistas, hizo retornar al país al patrón oro, sólo que los papeles tomaron el lugar de los lingotes”. Con un déficit que no es tan grande y una deuda de sólo la mitad de su PBI, menor que la de muchos países europeos, el verdadero problema es la rigidez del sistema monetario y la única salida es devaluar, como propuso el economista Ricardo Hausmann, ex jefe del BID y profesor de Harvard.

“Los funcionarios argentinos están clavando su tan sufrida nación en una cruz de dólares”, sentenció.