Home

Mundo

Artículo

LAS VENAS SIGUEN ABIERTAS

Dos dramáticos sucesos volvieron a sacar a flote el tema de los desaparecidos y del terrorismo de Estado en América Latina.

1 de mayo de 1995

EN LOS ULTIMOS DIAS EL fantasma del terrorismo de Estado ha vuelto a materializarse en América Latina, salpicando en distintos episodios a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, por un lado, y al de Argentina, por el otro, con un común denominador inquietante: el uso de la fuerza pública para cometer violaciones a los derechos humanos.
La semana pasada el senador Robert Torricelli -miembro del comité de inteligencia del Congreso de Estados Unidos- acusó al gobierno de su país -y en particular a la CIA- de encubrir al coronel guatemalteco Julio Alpírez, a quien acusó de los asesinatos del norteamericano Michel Devine, en 1990, y del jefe guerrillero Efraín Bamaca, capturado por el Ejército de Guatemala.
El caso de Bamaca ha tenido gran despliegue en Estados Unidos porque su esposa, Jennifer Harbury, ha llevado a cabo huelgas de hambre para exigir respuestas del gobierno guatemalteco sobre el paradero de su marido.
El problema, sin embargo, es que de acuerdo con Torricelli, el coronel Alpírez fue informante pago de la CIA en los años 80. La premio Nobel de Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, reclamó a la CIA que explicara su papel en la guerra sucia de este país, donde gobierno y guerrilla se enfrentan desde hace 34 años y donde para nadie es un secreto la injerencia de la CIA en los asuntos internos, comenzando por el derrocamiento de Jacobo Arbenz, en 1954.
Pero lo que tiene indignados a los sectores guatemaltecos de derechos humanos, es la defensa que hizo el presidente Ramiro de León del coronel Alpírez, sin siquiera ordenar una investigación. León le sugirió al militar que demandara al congresista por calumnia.
Al sur del continente, en Argentina, el tema de los desaparecidos durante las dictaduras ha vuelto a abrir las cicatrices. El escándalo se reabrió cuando el ex capitán de corbeta Alfredo Scilingo reconoció que cerca de 2.000 prisioneros fueron transportados en helicópteros y, luego de ser drogados, fueron lanzados vivos en mar abierto, en 1977.
Scilingo, según su propia denuncia, participó en esos traslados, pero las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-89) lo liberaron del juicio y condena. Aun así, las declaraciones de Scilingo derivaron en el pedido a la justicia para que reclame al gobierno la lista de desaparecidos, una solicitud que la Cámara Federal ya trasladó la semana pasada al Poder Ejecutivo .
El presidente Carlos Menem intentó bajar decibeles a la polémica al afirmar que se carece de archivos, aunque luego señaló que si existiera alguna documentación la entregaría a la justicia. En tal sentido, la subsecretaría de Derechos Humanos admitió tener una lista de casi 1.000 desaparecidos cuyos casos no están mencionados en el informe realizado en 1984 y que registró 10.000 denuncias. Muchos analistas ven el inicio de un serie de confesiones espontáneas de otros militares como Scilingo, atormentados por sus conciencias.
Todo ello demuestra que el tema sigue vigente, a tiempo que numerosas organizaciones internacionales preguntan sobre el caso colombiano, donde tantas atrocidades siguen amparadas detrás de la obediencia debida y el fuero militar.