Dos sargentos reconocen haber participado en el asesinato. Un capitán reivindica haberlo dirigido pero rehusa implicar las altas esferas del poder. Un coronel, acusado por sus subalternos, clama su inocencia: las quince primeras hojas del proceso de los asesinos del sacerdote Jerzy Popieluszko han permitido situar en parte el papel jugado en ese crimen por esos cuatro miembros de la policía política polaca, pero no responder, con certidumbre, al interrogante: ¿son ellos los únicos responsables?
El sargento de 29 años Waldemal Chmielewski es formal: la "misión" se llevó a cabo con el acuerdo de la jerarquía. ¿Alguna prueba? Antes de la primera tentativa para secuestrar al sacerdote, el capitán Piotrowski le dijo que todo había sido preparado con Wladyslaw Ciaston, viceministro del Interior. Piotrowski también le aseguró que para ese tipo de operación "poseían fondos ilimitados".
Víctima de tics nerviosos, temblores y dificultades para hablar (trastornos que aparecieron, dijo, tras la muerte de Popieluszko), Chmielewski trató ante el tribunal de Torun de minimizar su papel afirmando que se había limitado a obedecer las órdenes de su superior, el capitán Piotrowski. "Yo no pensaba que el sacerdote debía ser asesinado sino intimidado porque sus actividades eran incompatibles con su sotana e interrogado sobre las redes clandestinas del sindicato Solidaridad". Chmielewski reveló otros detalles que muestran el tipo de mentalidad de ese comando: después de la muerte de Popieluszko, el otro sargento de 32 años, Leszek Peka]a, propuso quemar su carro, pero Piotrowski decidió venderlo "entero o por partes". Pekala también se descargó sobre su jefe. Durante el suplicio del sacerdote, él y Chmielewski sugirieron a Piotrowski liberarlo, considerando que ya había sufrido bastante. Lejos de acceder, el capitán ató por la espalda y con la misma soga, los pies, las manos y el cuello del clérigo. "Cuando vi eso supe que iba a morir, reconoció Pekala, pero yo obedeci a las órdenes".
Piotrowski torturó de tal manera al sacerdote que éste perdió tres veces el conocimiento, agregó el funcionario policial antes de precisar que el coronel Pietruszka firmó las pases que les permitió escapar a los controles. Pekala volvió sin embargo sobre sus declaraciones formuladas durante los interrogatorios y sostuvo que Piotrowski les había afirmado que la orden de asesinar a Jerzy Popieluszko venía de "muy alto" y hablando sin citar nombres, de un viceministro del Interior.
El capitán Piotrowski adoptó la misma conducta, tras haberse dicho "convencido de que la operación (contra el sacerdote) habia sido aprobada por la cumbre, al menos a nivel de un viceministro". Declaró ante el tribunal el 8 de enero: "hoy sé perfectamente que en este asunto la cumbre no existe. La única cumbre es Pietruszka". Con todo, el capitán no trató de mejorar la imagen de hombre cruel y determinado que le atribuyen sus subordinados. Admitió haber amarrado y torturado al sacerdote antes de arrojarlo al río Vístula, pero rechazó -ante la sorpresa del propio presidente del tribunal- la inculpación de homicidio voluntario.
Alto y arrogante, el capitán manifestó haber actuado contra el sacerdote simpatizante de Solidaridad en tanto que "adversario político". "Escogí un mal menor para evitar uno más grande". dijo mientras acusaba a Popieluszko de haber establecido relaciones con las embajadas occidentales y actuado bajo la influencia de los servicios secretos de los países miembros de la OTAN. ¿La mención de esos móviles les servirán para escapar a la pena capital? El capitán parece estar seguro de ello pues declaró: "Tendré todo el tiempo para aprender a no cometer tales actos".
Como quiera que sea, las autoridades de Varsovia sacaron desde el 22 de diciembre algunas consecuencias políticas: el general de la milicia Miroslaw Milenski, miembro del buró político y del secretariado del comité central del partido de gobierno fue relevado y el general Jaruzelski asumió la función de supervisión ideológica del ministerio del Interior. Fueron reemplazados igualmente el responsable del departamento administrativo relacionado con los servicios de seguridad; Michal Atlas y Zbigniew Ciechan responsable del partido en la región de Torun donde fue cometido el asesinato. En diciembre, en fin, se nombró un nuevo subsecretario de Estado al ministerio del Interior.
Esta reacción del régimen fue juzgada modesta frente a la emoción profunda que causó en la población polaca el asesinato del sacerdote, emoción que ha llevado a algunos clérigos a pedir su rápida canonización. A pesar de esto y de la reacción moderada de los dirigentes de Solidaridad, las autoridades no han dado ningún signo de apertura. Por el contrario, dispersaron brutalmente unas diez mil personas venidas a depositar flores en torno al monumento erigido frente a los astilleros de Gdansk y denunciaron a "una parte del clero que no respeta los principios constitucionales y las exigencias del Estado".
De hecho, todo pasa como si convencidos de haber neutralizado el sindicato de Solidaridad, las autoridades buscaran poner fin por todos los medios al "clericalismo político" de una parte de los 22.000 sacerdotes del país. Varios casos de sacerdotes torturados (uno de ellos murió de crisis cardiaca, tras seis horas de interrogatorio) han llevado al Consejo General del episcopado polaco a hablar de un "clima de terror" en el país. En todo caso, los amigos de Lech Walesa parecen seguros de dos cosas: en este proceso que termina el 21 de enero, no serán condenados los verdaderos culpables. "La latinoamericanización de la represión", según la expresión del filósofo e historiador polaco Krzysztof Pomian, con sus escuadrones de la muerte, se ha instalado en el seno de la sociedad polaca.