A las malas

Los informes fueron inusitadamente duros. El Centro Carter y la Federación de Derechos Humanos (FIDH) no tuvieron para con la situación política peruana el recato que suelen exhibir los medios afectos al gobierno de Alberto Fujimori, ni le dieron al tema la mirada soslayada de los columnistas del oficialismo. Se limitaron a llamar a las cosas por su nombre, y eso fue suficiente para poner en tela de juicio a nivel nacional e internacional la legitimidad de las elecciones del próximo 9 de abril.

Los documentos muestran un panorama poco halagador. Todo parte, señala el Centro Carter en su documento, de la pregunta sobre si el presidente Fujimori tiene o no derecho de ser reelegido por segunda vez. El Carter recuerda que el mandatario fue elegido inicialmente en 1990, —cuando regía una Constitución que prohibía la reelección—, y vuelto a elegir en 1995 bajo la vigencia de la actual Carta, adoptada tras su autogolpe de 1993, que limita la reelección a dos períodos. La controversia se centra en si la primera presidencia debe contarse bajo la nueva Constitución, caso en el cual Fujimori no tendría derecho a postularse de nuevo.

Para el Centro, la cadena de hechos iniciada en 1996 es demasiado sospechosa. En ese año el Congreso expidió una peculiar ‘Ley de interpretación auténtica’ que estableció que el primer período de Fujimori no contaba. En 1997 la Corte Constitucional decidió que esa ley era inaplicable, ante lo cual el Congreso sencillamente destituyó a los tres magistrados responsables. Como si eso fuera poco, el alto tribunal no ha sido integrado, por lo que el país carece de control constitucional. “Tomados en su conjunto, dice el informe Carter, esos pasos presentan lo que parece ser una orquestación dirigida a asegurar un resultado específico en las controversias emanadas de la reelección del presidente, sin importar los méritos de los argumentos legales”.

El informe de la FIDH, por su parte, no vacila en describir la situación política peruana como un “golpe de Estado permanente” caracterizado por la ausencia de un Estado de derecho. Señala que “la injerencia del Servicio de Inteligencia Nacional en los asuntos públicos y privados, en la administración de justicia, intervenida por comisiones ejecutivas, y en la investigación de delitos comunes, distorsiona la independencia de poderes. (...) Existen numerosas denuncias de propietarios de medios de comunicación que identifican al SIN como fuente de amenazas e intimidaciones”. En ese sentido, señalan ambos informes como un caso aberrante el despojo de la emisora Frecuencia Latina (Canal 2), que de pertenecer al empresario opositor Baruch Ivcher pasó a convertirse en uno de los medios más difamatorios de los miembros de la oposición.

Eso conduce a otro aspecto de las denuncias, que se refiere a que por las presiones del Estado los medios de comunicación, sobre todo la ‘prensa chicha’, es decir, los tabloides, se han caracterizado por su falta de objetividad, cuando no por su abierta campaña de calumnias contra los adversarios de Fujimori. Para empeorar las cosas, los investigadores recibieron múltiples denuncias sobre la negativa de los canales de televisión a emitir la propaganda política pagada de parte de los candidatos opositores. El centro Carter señala al respecto que “el gobierno es el mayor comprador individual de publicidad en televisión y radio” y que, por las deudas impositivas, también es su mayor acreedor, lo cual se ha usado como una herramienta de presión irresistible.

Por otro lado las ONG denunciaron los abusos en la utilización de los recursos del Estado, que se cifra no sólo en que los programas sociales están siendo usados para asegurar el voto de las clases menos favorecidas, sino en el crecimiento de un “extendido ambiente de temor por las represalias que pudieran sufrir por su postura discrepante, ya sea perdiendo su trabajo, la ayuda recibida, la apertura de algún proceso judicial u otra forma de agresión”.

Las denuncias produjeron reacciones nacionales e internacionales, lideradas por el respaldo de la Unión Europea. No es muy probable que el gobierno acoja las recomendaciones. Pero como dijo a SEMANA Francisco Soberón, director ejecutivo de Aprodeh, la filial peruana de la FIDH, que coordinó el informe, “la actuación de los organismos internacionales ha desatado el debate y ha puesto a los peruanos a pensar en la democracia que merecen. Ahora los candidatos opositores deben decidir si participan o no en unas elecciones de esas características”.