MEA CULPA

Qué hacer con los responsables del régimen anterior, es siempre uno de los grandes dilemas de los gobiernos de transición. Y Uruguay no es una excepción a la regla. El encontrar una fórmula adecuada para juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, es hoy el gran reto político del presidente Julio Sanguinetti y de la democracia uruguaya.
Las cifras distan mucho de alcanzar las dimensiones de sus vecinos argentinos -se habla de denuncias por 27 desapariciones y 397 abusos contra los derechos humanos con 180 militares y policias implicados-, pero aun así los distintos sectores políticos ven en la forma como se resuelvan finalmente las acusaciones, la clave para el paso definitivo hacia la reconciliación nacional. Por ello, el documento entregado por los militares al presidente Sanguinetti dado a conocer la semana pasada, ha despertado en los uruguayos una nueva expectativa.
La declaración firmada por los comandantes del Ejército, la Marina y la Aviación, ha sido interpretada como una especie de autocrítica de los militares, al reconocer que "cuando se producen desencuentros entre los sectores que componen una sociedad", se pierden también "los puntos de referencia" que rigen en la Constitución "la conducta y la conducción" de las Fuerzas Armadas. Y en este sentido fue recibida positivamente tanto por el Partido Colorado, en el gobierno, como por su principal opositor, el Partido Nacional o Blanco.
Particularmente porque constituye un avance en la posición que hasta ese momento habían mantenido los militares, quienes insistían en calificar sus acciones como justificadas por la "lucha antisubversiva" que -según ellos- tuvieron que librar entre 1973 y 1985 y se resistían a aceptar cualquier tipo de revisión sobre sus actividades. El mea culpa de los militares fue visto, por tanto, como la puerta hacia una salida política al problema, después de que intentos anteriores, como el de una amnistía general pro puesta por el gobierno y el traslado sólo de los casos más graves a la Corte Suprema de Justicia, sugerido por el Partido Blanco, fueron rechazados por el Congreso.
En la misma declaración, sin embargo, los militares reiteran su posición de que la responsabilidad de los hechos es de los altos mandos y por tanto "no puede recaer en sus subalternos sin crear una situación de grave lesión al ascendiente moral que sustenta el principio de autoridad " en la institución militar. Estas palabrar fueron interpretadas como una con firmación tácita de la negativa de los miembros de las fuerzas militares a comparecer ante los jueces civiles, que los han citado para responder por las denuncias sobre delitos cometidos durante la dictadura, hecho que ha despertado gran preocupación dentro de todos los sectores, pues constituiría un claro desacato a la autoridad civil que pondría en serio peligro la estabilidad del gobierno.
Los términos cordiales en que concluyó la reunión de los comandantes militares con el presidente Sanguinetti y los líderes de la oposición, Wilson Ferreira del Partido Nacional Liber Seregni del Frente Amplio de la Izquierda y Humberto Ciganda de Unión Cívica, en la cual se dio a conocer el documento, dejaron no obstante una buena dosis de optimismo en el ambiente. Sanguinetti estimó que la declaración "constituye un testimonio de enorme relevancia" que "no tiene precedentes en la historia nacional y latinoamericuna" y por tanto "merece una respuesta de igual grandeza de espíritu", mientras Ferreira la calificó de "altamente auspiciosa" y Seregni de "importante y positiva en lo que tiene que ver con el tratamiento del problema en el momento actual".
La participación del Frente Amplio en un eventual acuerdo, era vista, sin embargo, como poco probable, especialmente después de la declaración emitida por su dirección política, en la cual pone de presente la "imperiosa necesidad" de que los militares acaten las citaciones ante la justicia civil y manifiesta que "nunca existió ni expresa ni tácitamente acuerdo alguno en materia de violaciones de derechos humanos" en 1984, cuando se logró el pacto cívico-militar que permitió el retorno a la democracia. El presidente Sanguinetti, por el contrario, había expresado poco antes que en tal oportunidad "no hubo ninguna cláusula expresa o tácita que comprometiera la amnistía", pero "la lógica de los hechos (...) suponía que entre las partes no se reclamarían responsabilidades".
La posición de la izquierda hacía suponer, por tanto, que en esta oportunidad, de llegarse a un acuerdo, éste se lograría básicamente entre el oficial Partido Colorado y el Partido Blanco, hecho que si bien muchos piensan no es el ideal, de todos modos creen que dejaría contenta a una gran mayoría de uruguayos, que aspiran a lograr salvar de una vez por todas el principal obstáculo que afronta el actual sistema político para su despegue definitivo.