El drama de los menores juzgados como adultos en EE.UU.

Cristian Fernández tenía 12 años cuando mató a su hermanastro de dos años al golpearle la cabeza contra una repisa.

Fue un punto de inflexión en la vida de un niño que había sido objeto de constantes abusos físicos y psicológicos y que, en medio de las más terribles circunstancias, se convirtió oficialmente en un adulto.

La fiscalía lo acusó de homicidio en primer grado. En el estado de Florida, donde ocurrieron los eventos, eso significa un juicio ordinario, no juvenil, y la posibilidad de una sentencia de por vida.

Si el proceso hubiera seguido ese curso, Fernández se hubiera convertido en el reo más joven en la historia de Estados Unidos en recibir cadena perpetua. Apenas un poco más joven que Lionel Alexander Tate, condenado en 2001 por el homicidio en segundo grado de su hermana de seis años cuando él contaba 12.

En virtud de un acuerdo, Cristian volvió al entramado de la justicia juvenil y saldrá en libertad condicional cuando cumpla 19 años.

Pero la historia no acabó ahí. Miles de personas se han sumado a una campaña de recogida de firmas en internet en la que le piden al gobernador de Florida, Rick Scott, que lo deje libre.

Los argumentos van desde el cuadro de violencia en el que creció hasta cuestionamientos sobre si los menores de edad son capaces de comprender el alcance de sus actos, pasando por la justicia y la eficiencia de sentencias que no toman en cuenta estos factores.

Las mismas preguntas aplican a miles de menores que son juzgados como adultos todos los años en Estados Unidos. El caso de Fernández reabrió un debate que va y viene de la mano de la ley y la ciencia social, de la política y la opinión pública.

 

"Penas de adultos para crímenes de adultos". Este fue el eslogan que resumió un clamor general en los años 90, frente a un marcado incremento en el número de crímenes violentos cometidos por adolescentes.

Además de varios casos de alto perfil, una cifra compilada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) da idea de la magnitud del problema: entre 1984 y 1993, el número de arrestos juveniles por homicidio se incrementó 167%.

La respuesta del sistema penal estadounidense fue endurecerse. En concreto, se convirtió en uno de los pocos países del mundo que juzga a menores como si fueran adultos para casos determinados.

Según datos del Consejo Nacional de Justicia Juvenil, cada año 250.000 menores de edad son procesados, sentenciados o encarcelados como adultos en EE.UU.

Cada estado tiene la posibilidad de decidir cómo juzgar a sus menores y cada uno lo hace de una forma ligeramente distinta. En algunos casos es definido por una ley estatal; en otros, la decisión recae en el fiscal o en el juez.

Entre 1976 y 2005, cuando se abolió la posibilidad de castigar con la muerte a menores de edad, 22 hombres que cometieron crímenes antes de alcanzar la edad adulta fueron condenados a la pena capital.

El primer estado en procesar a menores como adultos en EE.UU. fue, precisamente, Florida. Ahí se aplica además la política de "una vez adulto, siempre adulto", la cual establece que un menor será siempre juzgado como adulto una vez que haya sido condenado y sentenciado anteriormente.

"Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo. Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy triste, pero es la única medida legal que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos", dijo la Fiscalía en un comunicado en 2012, cuando el proceso contra Cristian Fernández se encontraba en pleno desarrollo.

Pero la imagen del joven ante el tribunal, con mono naranja y muñecas esposadas, mientras trascendían los detalles de una vida marcada por la violencia, dio material a los críticos para presionar por una revisión del sistema, más allá de los cambios iniciados unos años atrás.

En 2005, el Tribunal Supremo puso fin a las ejecuciones de menores. Posteriormente, en 2010, eliminó también las sentencias mínimas obligatorias sin posibilidad de libertad condicional y las cadenas perpetuas sin libertad condicional para menores que cometieran crímenes no capitales, esto es, que no hubieran cometido asesinato.

En los dos casos, el alto tribunal, que tomó las decisiones por estrecho margen, citó un "consenso nacional" en contra de la práctica.

La Corte también se apoyó en evidencia de la ciencia médica y social sobre la inmadurez psicológica y emocional de los menores. Y los hallazgos en esta materia siguen apuntando en la misma dirección.

"Recientes estudios ligados al campo de la neurociencia han constatado que los menores son menos responsables que los adultos incluso en el caso de crímenes serios", le dice a BBC Mundo Robert Schwartz, cofundador y director ejecutivo del Centro de Ley Juvenil de Filadelfia (Juvenile Law Center), el primer centro público que se inauguró en el país dedicado a los menores y la justicia.

Uno de estos estudios, de la Academia de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Estados Unidos, explica que la zona del cerebro responsable de las reacciones instintivas (incluidas el miedo y el comportamiento agresivo), conocida como la amígdala, se desarrolla temprano.

En cambio, la zona del cerebro que controla el razonamiento y nos ayuda a pensar antes de actuar -el córtex frontal- se desarrolla más tarde y no alcanza la maduración hasta bien entrada la edad adulta.

"El hecho de que los cerebros estén en proceso de cambio significa que los adolescentes actúan de forma diferente que los adultos", sostiene la Academia.

Imágenes del cerebro muestran que las acciones de los jóvenes están guiadas más por la amígdala que por el córtex frontal.

En suma, "la toma de decisiones o el control de los impulsos están determinadas por ciertas partes del cerebro todavía en desarrollo en menores y adolescentes", subraya la profesora de Derecho de la Universidad de miami, Tamara Lave, en conversación con BBC Mundo.

"Cuando uno crece y madura es menos proclive a cometer un crimen. Las edades entre los 13 y los 27 años son más propensas para la criminalidad", agrega.

Más allá de las diferencias biológicas, a los menores les resulta más complicado comprender el alcance de un proceso judicial.

Según la organización Legal Match, son más propensos a creer que un arresto equivale a una sentencia de culpabilidad.

Como resultado, los menores son más a dados a confesar: no entienden el derecho a permanecer callado. Tienden a pensar que están obligados a hablar ante un tribunal y creen cualquier información sobre su estatus legal proveniente de una figura de autoridad.

Otro elemento en el debate es si juzgarlos como adultos anula la posiblidad de que tengan un futuro.

En un tribunal de menores se toman en cuenta factores como la educación, el ambiente familiar, las circunstancias de su crianza. En el caso de los adultos, el sistema estadounidense se presenta como de prisión y castigo.

Los menores condenados por una corte penal son retenidos en centros de menores hasta que alcanzan la mayoría de edad. Entonces, son trasladados a cárceles de adultos. Allí los programas de educación o reinserción social son prácticamente inexistentes por falta de inversión pública.

Mientras los críticos sostienen que los jóvenes se benerficiarían de un sistema enfocado en la rehabilitación, sus defensores argumentan que otorgarles sentencias más severas es la mejor forma de disuadirlos de violar de nuevo la ley y un ejemplo para sus pares.

Un análisis de seis investigaciones comisionado en 2007 por el organismo federal Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDCP, por sus siglas en inglés) concluyó que el "remedio" de tratar a los menores como adultos es peor que la "enfermedad".

Los estudios revisados arrojaron tasas que van del 26% al 77% de mayor reincidencia entre menores transferidos al sistema de adultos que entre los que se mantuvieron en el circuito juvenil.

"No sólo no previene el crimen juvenil, de hecho lo hace más violento", dijo el doctor Robert Johnson, miembro del panel del CDCP. "Puede que satisfaga nuestro deseo de castigar (...) Pero no se cometa el error de creer que el castigo ayudará en manera alguna".

Sobre este argumento, organizaciones que operan en el campo de los niños y adolescentes están trabajando en todo el país por un sistema más enfocado hacia la rehabilitación.

"Es verdad que los menores pueden cometer crímenes tan brutales y horribles como los citados, que generan muy pocas razones para ser comprensivos. Pero al mismo tiempo, a esa edad es realmente difícil saber si alguno de esos chicos es en verdad un psicópata", sostiene Robert Schwartz, del Centro de Ley Juvenil de Filadelfia.

"Algunos lograrán reinsertarse, otros no, y serán muy peligrosos, pero son minoría". Pero por ahora nada parece indicar que los juicios de adultos para menores vayan a eliminarse.

El tratamiento que reciben los menores acusados de crímenes graves también ha sido noticia reciente fuera de Estados Unidos. Y, a diferencia del caso de Cristian Fernández, la balanza de opinión pública se ha inclinado a favor de penas más severas.

En España, el caso de Sandra Palo, una joven con leve discapacidad intelectual que en 2003 fue violada, torturada y murió a manos de un grupo de cuatro menores, desató la ira de la ciudadanía y generó una campaña, liderada por su madre y que todavía está en marcha, para que se revise la Ley del Menor y se apliquen condenas más duras en este tipo de crímenes.

Más recientemente, la violación en grupo y posterior muerte de una joven de 23 años en India hizo que miles de personas salieran a la calle para pedir justicia. Cuatro de los supuestos autores fueron condenados a muerte, pero el único menor de los imputados fue juzgado en una corte aparte, para menores, sin que se atendiera la demanda de la ciudadanía que pedía para el joven la misma condena: la muerte.

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, la Convención entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

En su Artículo 37 establece:

Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

Estados Unidos y Somalia son los únicos dos países que no han ratificado la Convención.