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| 10/16/1989 12:00:00 AM

Morir en Madrid

ETA golpea a la justicia española con el asesinato de la fiscal Carmen Tagle.

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Mientras en Colombia se habla de que los narcotraficantes han contratado los servicios de expertos en explosivos de la organización terrorista española ETA, en España se piensa que estos terroristas han aprendido muy bien de los narcotraficantes colombianos. Esta impresión surgió la semana pasada cuando la organizacion terrorista decidió acabar, a punta de sicarios, con la vida de una juez que les había hecho la vida imposible. Carmen Tagle, una fiscal de 44 años que tenía a su cargo varios casos relacionados con la ETA, fue asesinada el martes pasado cuando se disponía a entrar al garaje de su casa en su Renault 12. Un comando de tres hombres armados que se movilizaban en un Volkswagen con placas falsas, le disparó en 9 oportunidades y luego emprendió la huída.
"Bueno es saber dónde está cada uno" le había dicho el dirigente terrorista Josu Ternera el 16 de mayo pasado, cuando supo que la mujer que le interrogaba enérgicamente y sin titubeos era la fiscal de la Audiencia Nacional de España. En esa oportunidad, en la que Carmen Tagle se había trasladado a París en compañía del juez de la Audiencia, Baltasar Garzón, para interrogar a la cúpula etarra, la frase del dirigente de ETA fue tomada como una sentencia.
La fiscal Tagle era conocida por sus posiciones antietarras. Hace apenas unos cuatro meses participó en un programa radial en el que pidió que al terrorismo se le aplicara un régimen especial: "No es posible que a los terroristas se les otorguen los mismos beneficios que se le dan a los delincuentes comunes. Porque de esa forma un terrorista termina pagando por la muerte de 7 personas lo mismo que un delincuente por la muerte de una". Era una verdadera experta en el tema y lo había estudiado profundamente. "Mercedes Galdós, por ejemplo, terrorista con muchos muertos a sus espaldas, pagará como mucho 30 años de prisión, que es lo máximo que ordena la ley española, y con las reducciones va a salir y volverá a matar. Esto no puede seguirse manejando de esta manera", afirmó en varias ocasiones.
Carmen Tagle, una soltera de ideología conservadora, aunque no militaba en ningún partido, se destacaba por sus posiciones frente al terrorismo y otro tipo de delitos de cierta trascendencia social, como las drogas o la violencia sexual contra mujeres. Se hizo famosa por un caso que pasará la historia de España como el del "violador de Eixample", un individuo llamado Francisco López Maillo que se conoció con ese apodo y cuyo caso despertó la pasión de la fiscal hasta el punto de que, en 1985, pidió que se retormara el Código Penal respecto de las agresiones sexuales, ya que a su juicio "la ley española era alávica y falsamente proteccionista de las mujeres".
Otro caso en el que se hizo famosa fue en el del sonado "affaire Rumasa", en donde la fiscal asumió una postura bastante radical y pidió, inclusive, para José María Ruiz Mateus, condenas hasta de 35 años de prisión. Sin embargo, su muerte, aunque no había sido reivindicada hasta el final de la semana, fue obra indiscutible de la organización terrorista ETA. El día anterior a su asesinato actuó en contra de dos presuntos miembros de la banda terrorista, Miriam Alkorta y Eleuterio Imaz, para quienes pidió condenas de 21 años.
Curiosamente, el diario Egin, que se caracteriza por defender las tesis políticas nacionalistas de ETA, había publicado una noticia el mismo día del asesinato que titulaba "Una fiscal se lamenta de que haya quienes colaboran con ETA". Lo que resumía en alguna forma las posiciones que se encontraban en el episodio del juicio el día anterior. Respecto de las negociaciones con ETA la fiscal afirmó recientemente: "Ni siquiera con la independencia del país vasco se llegaría a una solución porque luego se tendría que negociar con Navarra y así sucesivamente y siempre tendrían un pretexto para justificar sus acciones armadas".
Estas actitudes asumidas por la fiscal Tagle la convirtieron en la víctima número 4 del poder judicial. En 1978 ETA asesinó al juez José Javier Jáuregui en Vizcaya, ese mismo año al presidente del Tribunal de Orden Público, José Francisco Mateu Canoves, y en 1979, en Madrid, al presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo, Miguel Cruz Cuenca. Por otro lado, recientemente la policía encontró un documento secreto de ETA en el que decía: "Es hora ya de llegar a acciones ilegales contra los J", con el argumento de que los jueces ejercían un papel represor.
El asesinato a la juez confirma una nueva actitud de ETA. Como lo afirmara el propio presidente del gobierno, "ETA está demostrando que ha perdido la batalla y que la única forma que tiene para aparecer que está viva es asesinando". En este sentido son muchos los analistas españoles que coinciden en que el golpe de ETA no solamente está dirigido hacia la institución judicial, sino a mostrar una pretendida presencia en el escenario, sobre todo ante la creciente desmoralización en que se encuentran sus presos.-

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