Murió un hombre que pasó 23 años en coma luego de una rinoplastia

Antonio Meño tenía 21 años cuando se sometió a una rinoplastia en 1989. El martes, 23 años después, fue enterrado en la localidad madrileña de Mostoles luego de una intensa batalla jurídica entre su familia y la clínica que le práctico la cirugía en la que quedó en coma profundo, hasta este domingo cuando falleció.

Los padres de Meño, panaderos jubilados, demandaron por negligencia a la clínica Nuestra Señora de América, de Madrid, y al anestesista que intervino en la cirugía por los perjuicios causados a su hijo. Comenzando una larga batalla legal que en 1993 les consiguió 176 millones de pesetas (más de un millón de euros de hoy) del seguro de la clínica y la condena al anestesista.

Sin embargo, poco después, gracias a una apelación, el médico fue absuelto y en los años 2000 y 2008 varios tribunales negaron que hubiera negligencia médica en el caso, por lo que la aseguradora demandada se negó a pagar la indemnización.

Como resultado de su costosa pelea jurídica la familia de Meño fue condenada a pagar 400.000 euros por los gastos legales generados por sus demandas. A consecuencia de esto el tribunal amenazó con embargar su vivienda para solventar la deuda.

La familia entonces decidió montar un campamento en la plaza Jacinto Benavente, de Madrid, junto al Ministerio de Justicia Español, para reclamar una salida a la situación de su hijo, que durante todo el tiempo permaneció en estado vegetativo. Gracias a algunas maniobras del abogado de los Meño cesó la orden de embargo en su contra.

Casi un año después de instalado el campamento Ignacio Frade, un cirujano que presenció la intervención cuando era estudiante de medicina, se informó de lo sucedido y decidió declarar lo que había visto el día de la operación, dándole un giro inesperado al caso.

Con el testimonio de Frade la familia presentó una nueva demanda que fue acogida por el Tribunal Supremo de Justicia y reversó todas las anteriores decisiones sobre el caso. Frade aseguró que el anestesista Francisco González, quien atendió a Meño, se ausentó en el momento en que el ritmo cardíaco del intervenido se alteró. Razón suficiente para aceptar la demanda de la familia.

Esto motivó a la familia a levantar el campamento y regresar a su casa el 19 de noviembre del 2010, 522 días después de haberlo establecido. El año pasado la familia y la aseguradora firmaron un acuerdo de indemnización por 1'075.000 euros terminando así más de 22 años de pelitos judiciales.

Juana Ortega, la madre de Meño, aseguró en su momento que habían aceptado la indemnización porque se encontraban sin fuerzas para entablar otra batalla legal. 
 
"Llegamos a un acuerdo miserable y me siento muy mal, prácticamente humillada", dijo entre lágrimas la mujer al salir del juzgado lamentando que, de todas maneras, el anestesista hubiera quedado libre.

Finalmente, luego de más de dos décadas de convalecencia en una camilla, el cuerpo de Antonio Meño descansa cerca de Madrid.