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| 12/13/1982 12:00:00 AM

NUEVA CAMISA DE FUERZA

La constitución propuesta por el general Evren, masivamente aprobada, difícilmente garantizará las libertades civiles.

NUEVA CAMISA DE FUERZA NUEVA CAMISA DE FUERZA
Más del noventa por ciento de electores turcos votaron el 7 de noviembre, en favor de la nueva constitución propuesta por la junta militar en el poder desde el 12 de septiembre de 1980. Aprobado el 19 de octubre por el "Consejo Nacional de Seguridad" -compuesto por los altos mandos del Ejército- y presentado como una nueva etapa en su misión de "saneamiento nacional", el referéndum no dejaba, en realidad, ningún margen de maniobra a los electores.
Votar "Kabul" (aceptada) significaba, aprobar la nueva constitución, designar al jefe de la junta militar, General Kenan Evren, presidente de la República durante siete años y convertir al "Consejo Nacional de Seguridad" en "Consejo Presidencial". Votar "Reddetmek" (rechazada) implicaba mantener el dispositivo militar en su forma actual, y correr el riesgo de provocar un neto endurecimiento del régimen.
De la misma manera, resulta imposible saber cuáles habrían sido los resultados si las fuerzas políticas hubieran podido gozar de todas las garantías inherentes, en principio, a cualquier campaña democrática o si los dos millones y medio de trabajadores turcos, residentes en el extranjero, hubieran podido participar en el referéndum.
En efecto, tildados de "traidores", "aliados de los enemigos del exterior" o "politiqueros sin escrúpulos", los partidarios del "no", no tuvieron acceso a los medios de comunicación a partir del 20 de octubre y se vieron obligados -por decreto- a abstenerse de formular cualquier crítica contra Evren. La campaña coincidió, por otra parte, con la apertura o la prosecución de importantes procesos políticos en el país: 574 militantes de la extrema izquierda juzgados en Ankara, 178 en Izmir, 311 en Adana, 880 en Erzurum y 678 en Amasya. Unos 250 de estos detenidos, acusados de varios asesinatos y un número elevado de atentados terroristas, podrían ser condenados a la pena capital.
Las dudas persistirán, igualmente, sobre la naturaleza profunda del voto del 7 de noviembre. Se trata de un paso decisivo del pueblo turco en favor de un cambio institucional que, según la junta militar, debe conducir lentamente al país hacia un régimen parlamentario. La ausencia de verdadero debate electoral y la existencia de 40% de analfabetos deja intacto el problema de saber si el pueblo turco votó en pro o en contra de una larga constitución de 177 artículos.
Todo parece indicar que con su adhesión masiva al plebiscitó, el pueblo turco quiso expresar, más bien, su reconocimiento al Ejército por haber acabado con la ola terrorista que se desató en el país a fines de los años setenta causando veinte víctimas diarias, a pesar del balance poco halagueño de tal lucha antiguerrillera hecho por la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias.
Según cifras oficiales turcas, 45.000 personas han sido arrestadas desde septiembre de 1980 hasta julio de este año. Treinta mil han sido juzgadas y 25.000 purgan actualmente su condena en las cárceles de país.
Los tribunales militares, señalan las mismas fuentes gubernamentales, han pronunciado 111 penas capitales, 21 de las cuales han sido ejecutadas.
En este mismo campo, las autoridades han admitido que 605 denuncias, contra la tortura, fueron presentadas ante los tribunales y reconocieron la muerte de quince personas por este motivo. Trescientos sesenta y ocho casos son actualmente investigados pero, desde ahora, las autoridades militares han anunciado que 60 miembros de las fuerzas del orden han sido puestos a disposición de la justicia.
Paralelamente, la junta militar ha logrado reducir la inflación del 104% en 1980 a 35% este año y mejorar las cuentas del país gracias al aumento en un 60% de las exportaciones. Esos resultados, matizados por la oposición a recordar que el desempleo afecta oficialmente a un quinto de la población activa y el temor a caer de nuevo en la espiral terrorista explicarían el porcentaje favorable del referéndum que sorprendió a los propios militares.

LICENCIA PARA MATAR
Como quiera que sea, la nueva constitución parece apoyarse en ese miedo, pues fue redactada según las etapas y las prioridades fijadas por la Junta Militar.
"Todo individuo (...) goza de derechos y libertades fundamentales inalienables, inviolables, a las cuales no puede renunciar" dice el capítuló primero de las disposiciones generales de la nueva constitución. Sin embargo las autoridades han introducido también una serie de casos que pueden justificar la restricción o la suspensión de esas libertades: "para salvaguardar la integridad del Estado, la República, la Seguridad Nacional, el interés público, la paz interior, la moral pública, los derechos y las libertades de los demás".
El artículo 16 indica que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas incompatibles con la dignidad humana. Pero la pena de muerte puede ser pronunciada "en caso de legítima defensa (...) para ejecutar un auto de detención preventiva o un arresto, para reprimir un tumulto, una insurrección o durante el estado de sitio para ejecutar las órdenes de las autoridades competentes.
La nueva constitución es igualmente ambigua en lo que concierne a las libertades individuales y la libertad de los medios de comunicación. "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensar y de opinar", recuerda el artículo 25; pero estas disposiciones, precisa el artículo 26, no impiden someter las empresas de radio, cine y televisión a autorizaciones particulares. El ejercicio de estas libertades, prosigue el nuevo texto constitucional, puede ser sometido a las restricciones que se impongan para impedir la divulgación de secretos de Estado y la difusión de noticias falsas o prematuras que causarían perjuicio a la vida económica del país. "La prensa escrita no puede ser censurada", reza este texto, pero un párrafo después: "cualquiera que comunique, con el fin de hacer publicar una información o un artículo que amenace la seguridad interior (o que pueda causar) infracciones, tumultos o insurrecciones como también los que la imprimen o la hacen imprimir, podrán ser procesados aunque la difusión no haya podido efectuarse".

SOLO PARTIDOS MODERADOS
Sin definir qué significa "atentar contra la integridad del Estado, la nueva constitución estipula que en ese caso las publicaciones periódicas no podrán ser decomisadas, los periódicos suspendidos o cerrados definitivamente, pero las asociaciones podrán ser disueltas por los mismos motivos. Los sindicatos, por su parte, no podrán "librarse a actividades políticas, sostener o ser apoyados por partidos políticos, ni colaborar con las organizaciones profesionales de carácter público".
Los turcos podrán recurrir a la huelga. Pero el derecho de huelga no podrá ser ejercidido de manera "perjudicial a la colectividad y a la riqueza nacional". Las huelgas con fines políticos, las huelgas por solidaridad, las huelgas generales, la ocupación de los sitios de trabajo en signo de resistencia, han sido prohibidas del mismo modo. Además durante diez años, los dirigentes de los partidos disueltos, responsables según la junta militar del caos económico y la violencia terrorista, no podrán formar un partido político, adherir a los que serán tolerados o ser candidatos independientes en cualquier tipo de elección.
La vida política será animada, casi seguramente, por tres partidos moderados o abiertamente de derecha. El Procurador General de la República, advierte la constitución, controlará permanentemente sus actividades. El Parlamento será reconstituido a fines de 1983 o a comienzos de 1984. Su papel será, sin embargo, meramente consultivo y el Presidente podrá disolverlo cuando lo juzgue adecuado.
Promulgada para reemplazar la constitución de 1961, calificada por el General Evren de "vestido demasiado grande" para Turquía, la nueva constitución, aplicada por militares sin uniforme podría convertirse, según los observadores en una verdadera camisa de fuerza.

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