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¡Patria o muerte!

El nacionalismo vasco vuelve a amenazar la unidad de España por cuenta de un plan elaborado por el 'Lendakari' José María Ibarretxe.

16 de enero de 2005

EL HOMBRE QUE ACAPARA las noticias en España se llama Juan José Ibarretxe, el presidente del gobierno vasco. El Lendakari, como se le llama al jefe de gobierno en vasco, está empeñado en sacar adelante el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que alborotó el avispero político español desde que fue aprobado por el Parlamento autonómico en diciembre pasado. Dicho estatuto eleva al País Vasco al nivel de 'estado libre' asociado a España. Este plan, conocido como el Plan Ibarretxe, siempre ha sido rechazado por el gobierno español desde que fue presentado por el Lendakari en 2003. El entonces jefe de gobierno José María Aznar anunció que éste jamás sería aprobado y con la misma tónica continuó José Luis Rodríguez Zapatero cuando asumió el poder. Desde un comienzo el jefe de gobierno socialista expresó su rechazo hacia este plan al argumentar que no respeta la Constitución Nacional de 1978, que fundó la democracia española, y porque genera un ambiente de "tensiones y crispación" que divide a la sociedad vasca. Sin embargo, continuando con su política de diálogo que ha tratado de implementar desde su posesión en mayo pasado, Zapatero se entrevistó el jueves pasado en el Palacio de La Moncloa con Ibarretxe para ratificarle su oposición al estatuto. Pero Zapatero comprobó la terquedad del líder vasco, que siguió empeñado en sacar adelante su iniciativa, con el consentimiento del gobierno y el Parlamento nacional o sin él. Al parecer la lucha del gobierno vasco contra el español para sacar adelante el Plan Ibarretxe seguirá por largo tiempo. Esto se debe a que el Lendakari inventó un camino legislativo propio para sacar a flote su proyecto y no dejar que el gobierno nacional lo frenara en la primera instancia. Es así como primero será debatido por el Parlamento Nacional y de no salir victorioso -como es de esperarse debido a la oposición de los partidos mayoritarios españoles-, se convocaría a un referéndum para que sea convalidado por los vascos. Pero el asunto no es tan claro como parece. Los opositores al plan señalan que éste apenas fue aprobado por una escasa mayoría de tres votos por los parlamentarios vascos, por lo cual no puede decirse que interprete una voluntad popular abrumadora. Y en el sector empresarial el planteamiento de una separación virtual de España no los seduce. Algunos incluso han llegado a cuestionar las motivaciones del Lendakari. "La obstinación de Ibarretxe con su proyecto es un simple truco electoral, porque busca polarizar las posiciones en el País Vasco y presentarse como una víctima atacada por el resto de España y el gobierno central, para incrementar los ímpetus separatistas entre los vascos y conseguir arrasar en las elecciones de mayo", aseguró a SEMANA el politólogo del Real Instituto Elcano, Carlos Closa. Como si fuera poco, lo que ha suscitado más polémica es que el Plan Ibarretxe fue aprobado en el País Vasco gracias a los votos decisivos de tres diputados que deberían de estar inhabilitados para votar. El Tribunal Superior de Justicia ilegalizó en marzo de 2003 al partido Batasuna, por sus nexos con la banda terrorista ETA, pero no se ocupó de sus miembros. Así que estos personajes crearon pocos meses después el partido Sozialista Abertzaleak, y con este cambio de fachada dieron su apoyo irrestricto al Plan Ibarretxe, lo que fue una gran sorpresa pues hasta días antes de la votación habían asegurado que votarían en contra. El nuevo Estatuto de Autonomía es casi una constitución de un estado independiente. Crea una 'nacionalidad y ciudadanía vascas', determina los símbolos de 'identidad nacional' como la bandera y el escudo vascos, define el euskera como lengua oficial junto al castellano, se atribuye el derecho de ejercer con toda soberanía los tres poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial), implanta los centros vascos como embajadas en el exterior y establece la representación directa del País Vasco en los órganos de la Unión Europea. Uno de los ideólogos de este proyecto es Íñigo Bullaín, constitucionalista y profesor de la Universidad del País Vasco. "La cruda realidad, dijo a SEMANA, es que el País Vasco ocupa un lugar cada vez más marginal en el escenario de España y de Europa, y todo nuestro poder se limita a ejecutar las normas que se dictan desde Madrid y Bruselas y en cuya elaboración no participamos, lo cual nos coloca en una situación de doble sometimiento de la que debemos salir por la vía de reclamar y conseguir mayor autogobierno", explicó Bullaín. Sin embargo no hay que olvidar que el País Vasco es una de las autonomías que tiene más derechos cedidos dentro de la Unión Europea. En la otra orilla de la controversia, Gregorio Peces, uno de los autores de la Carta de 1978, dijo a SEMANA que "todos sabemos que el Plan Ibarretxe es inconstitucional y que se puede invalidar por cualquier vía, bien sea por una sencilla declaración del Tribunal Constitucional, por el gobierno al invocar el artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de los derechos a las Comunidades Autónomas o por la impugnación en el Congreso de los Diputados, pero Ibarretxe está apretando la tuerca para ver hasta dónde puede llegar". Por su parte, el Partido Popular y su líder, Mariano Rajoy, critican al gobierno por contemporizar demasiado con los nacionalistas vascos. Quieren que el Plan Ibarretxe sea descabezado de un tajo, pero el gobierno de Zapatero e Izquierda Unida (tercer partido del país) están dispuestos a que sea debatido en el Parlamento nacional. Zapatero y Rajoy comenzaron el viernes pasado la negociación para definir una estrategia de los grandes partidos contra el Plan Ibarretxe, "que garantice la unidad de España" y mejore el ambiente con miras al referéndum de la Constitución Europea. Closa explicó a SEMANA que "la peor salida que los grandes partidos pueden darle a este problema es enfrentarse a Ibarretxe aplastando su plan con la Constitución nacional, porque lo convierten en la víctima que él quiere ser para aumentar el poder del PNV en las próximas elecciones regionales". Closa y otros analistas estiman que la mejor solución es permitir que el nuevo estatuto vasco siga su proceso y sea rechazado por amplia mayoría en el Parlamento, "para que quede como un ejemplo del deseo amplio y democrático de los españoles contra los ánimos separatistas de algunas regiones". Independientemente de sus motivaciones, esta no es la primera ni será la última vez que los vascos remuevan las raíces de la sociedad española con sus reclamos de independencia. Se trata de una manifestación más del nacionalismo étnico que amenaza en el mundo entero al viejo concepto del estado nación y, de paso, a los esfuerzos integradores de la globalización. Es una realidad que dominará el ambiente político mundial en el siglo XXI.