Peligro en Caracas

LA EXPLOSION DE UN CARRO BOMBA EN UN exclusivo centro comercial del este de Caracas la semana pasada, hizo que la angustia volviera a niveles que los venezolanos creían superados. El carro bomba acabó de disipar la sensación de alivio que se había generalizado en el país desde el 5 de junio, cuando el Congreso escogió a Ramón J. Velásquez para reemplazar interinamente al suspendido presidente Carlos Andrés Pérez, procesado bajo cargos de corrupción. Con su enorme prestigio nacional, Velásquez tiene la imagen ideal para sacar al país de la tormenta política y conducirlo hacia las elecciones presidenciales de noviembre. Pero a medida que pasaron los días, se evidenció que la tarea sería mucho más difícil de lo esperado.
Velásquez conformó un gabinete con figuras de mucho prestigio, y consiguió que su gobierno alcanzara más del 70 por ciento de popularidad. Pero la tregua terminó el 19 de julio, cuando el estallido de una de varias cartas bomba dirigidas a la Corte Suprema de Justicia le mutiló una mano a un empleado de esa corporación.
El atentado de la Corte fue seguido por varias bombas de regular poder, que estallaron en la Federación de Empresarios, en una estación de gasolina y en las cercanías de la embajada de Colombia. La obsesión popular por el tema se vio acrecentada por múltiples versiones de prensa que pintaban un panorama dramático. El periodista y político José Vicente Rangel denunció la presencia en el país de "mercenarios extranjeros", y el ministro de Defensa, vicealmirante Radamés Muñoz, lo corroboró cuando dijo que la ola de terrorismo podría ser responsabilidad de grupos guerrilleros provenientes de El Salvador y Nicaragua. Pero esas versiones, a juicio de observadores independientes, podrían deberse a la tendencia generalizada en los últimos tiempos en Venezuela, de echarles la culpa de sus problemas internos a la mala influencia de los extranjeros.
Por su parte, el diario Ultimas Noticias afirmó que una nueva intentona golpista habría sido abortada por la indiscreción de un teniente que habló en un lugar público sobre planes siniestros del 23 al 27 de julio. El diario El Universal sostuvo que el ministro Muñoz dijo en consejo de ministros que había "incomodidad " en el seno de las fuerzas militares. Y El Nacional, asegurando basarse en fuentes de entero credito, escribió que el envío de los sobres bombas formaba parte de un "Plan Aguila II", destinado a sembrar el terror y la desestabilización en el pais.
El gobierno se anotó un nuevo punto cuando detuvo rápidamente a los autores de las cartas bomba, quienes resultaron ser miembros del "entorno policial" de Jaime Lusinchi, el expresidente que comenzó a ser enjuiciado en días pasados por supuestos casos de corrupción en su gobierno (1984- 89) y quien por lo tanto tendría interés en amedrentar a los magistrados de la Corte.
Pero los investigadores no descartan que la vinculación del ex presidente sea puramente circunstancial. Lo cierto es que otras afirmaciones que trataron de relacionar al propio Carlos Andrés Pérez con los atentados, no hicieron más que incrementar la sensación de que hay una mano oculta detrás de todo ello.
Para explicar lo que está pasando en Venezuela hay varias hipótesis. Según la primera, los verdaderos responsables de los hechos serían extremistas de derecha que estarían tratando de confundir al país sobre los autores y el motivo de los actos terroristas, para hacerlos parecer como obra de la extrema izquierda. Su objetivo final sería evitar que se efectúen las elecciones de noviembre, y sobre todo eliminar por cualquier medio al alcance, la posibilidad de que el próximo presidente sea el candidato independiente Rafael Caldera.
Esa hipótesis se basa en que Caldera, quien está con una posición firme en el primer lugar de las encuestas y rodeado de izquierdistas, echaría atrás todas las medidas de ajuste económico, y sobre todo las que Velásquez tiene que aplicar inmediatamente para solucionar el problema del déficit fiscal,que se acerca a los 3.200 millones de dólares. Pero esa posición se contradice con el hecho de que las reformas son virtualmente irreversibles, y con la realidad de que el pragmático Caldera, quien no ha dicho esta boca es mía en materia económica, tiene en sus filas a importantes economistas de línea neoliberal .
Otra hipótesis, contraria a la anterior, sostiene que los autores de los atentados pertenecen a grupos de extrema izquierda, en hibernación desde los años 60, que vieron en la inestabilidad del año anterior los espacios para reverdecer sus aspiraciones. Según esa teoría, esos grupos estarían dispuestos a evitar que con el éxito del gobierno de transición se cerraran esos espacios, sobre todo si Velásquez logra conformar el gran "Acuerdo Nacional" que constituye la base de su proyecto gubernamental.
Lo cierto es que con bombazos y todo, las posibilidades de que Velásquez se salga con la suya no son despreciables. Aunque los problemas sociales son acuciantes, y la espada de Damocles de un nuevo "Caracazo" -acentuada por los estragos del huracan Bret sigue pesando sobre Venezuela, el hombre al mando sigue pensando que sacará a su país del ciclón político en que se encuentra. Pero aún falta mucha tela por cortar.

Ejercicio de integración
Los problemas que aquejan a Venezuela no deben afectar las relaciones económicas y políticas con Colombia. Esa pareció ser la conclusión del encuentro de los presidentes César Gaviria y Ramón J. Velásquez en Maracaibo la semana pasada. Esta vez, el encuentro demostró también que la relación de los dos países funciona bien si se le baja el tono al tema de la delimitación fronteriza. La reunión se celebró por la instalación de las VIII comisiones de auntos fronterizos. El recuento, tanto de la reunión privada de mandatarios como de las comisiones, muestra un avance firme hacia la integración.
La reunión privada de mandatarios fue el primer acercamiento oficial de dos generaciones: la primera sorpresa que recibió el equipo venezolano fue la juventud del equipo colombiano. Este hecho fue tan notorio que el presidente Velásquez solicitó a su colega que le comentara sobre la organización interna de la presidencia y la distribución del Palacio de Nariño a nivel de asesores, pues él piensa dejarle una infraestructura similar al nuevo gobierno que asuma el poder en febrero del año entrante.
Igualmente, al hablar de las secuelas del huracán Bret, el presidente venezolano solicitó información sobre el sistema de atención de desastres colombiano -bastante desarrollado por los embates de la naturaleza en Colombia- para adoptar esquemas similares.
El encuentro en su parte formal se centró en dos puntos cruciales que afectan la relación binacional: el robo de vehículos y el decomiso de bolívares por autoridades venezolanas en la ciudad de Maicao (La Guajira). Frente al robo de vehículos, los venezolanos expresaron su preocupación por el elevado número de vehículos robados que salen hacia Colombia. Algunas cifras extraoficiales hablan del robo diario de unos 50 vehículos, lo que equivale a unos 50 millones de bolívares de pérdidas al día. Este negocio también opera a la inversa. En Colombia se roban los vehículos con complicidad de los propietarios para venderlos en Venezuela. El negocio es redondo porque el dueño cobra el valor del seguro y recibe el pago de la transacción ilegal. El problema exige colaboración mutua mientras los Congresos de cada pais ratifican el convenio que combate el tráfico ilegal de vehículos por la frontera.
En el caso del decomiso de bolívares en Maicao, muchos en Colombia deseaban que Gaviria hiciera una reclamación formal, pero el asunto concluyó con la decisión de consolidar un sistema financiero adecuado a las necesidades comerciales de las poblaciones fronterizas colombianas, que incluya la apertura de sucursales de las corporaciones de ahorro en donde se puedan consignar y manejar bolívares.
Por otro lado, la VIII reunión de las Comisiones de Integración Binacional, consideradas por algunos como el motor de la integración porque allí se cocinan los grandes proyectos conjuntos, arrojó discusiones interesantes como la interconexión vial entre ambos países, la creación de una universidad binacional, la construcción conjunta de una hidroeléctrica en Venezuela y el establecimiento de una franja de precios única para los productos agrícolas.
Pero el resultado efectivo de la reunión binacional se concentró en la firma de cuatro convenios y la conformación de un "gabinete" económico conjunto . En esa dirección se firmó un convenio entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela S.A. (Pevevsa) para controlar el derrame de hidrocarburos y evitar la contaminación del lago de Maracaibo. También se suscribió un acuerdo de interconexión eléctrica entre la Compañía Anónima de Administración y Fomento de Venezuela (Cadafe) y la Compañía Eléctrica del Norte de Santander de Colombia (CENS).
Además, en materia agricola se firmaron convenios para el comercio de arroz y papa, ceñidos a estándares de calidad, en virtud de los acuerdos que operan desde 1992.
Por otra parte, se constituyó el Consejo de Integración Económica como mecanismo para fortalecer el proceso integracionista. El organismo lo conforman siete ministros por país y será coordinado por los ministros de Comercio Exterior. Este "gabinete" conjunto tiene la misión de armonizar los lineamientos macroeconómicos y desarrollar el mecanismo que permita la convertibilidad del peso y el bolívar para facilitar las operaciones de comercio bilateral. El encuentro sirvió para remozar las relaciones de los dos gobiernos, en un momento en que ambas partes, pero sobre todo la colombiana, requerían la reafirmación de que los problemas internos no deben llegar a afectar un proceso integracionista que hubiera hecho llorar de emoción a Simón Bolívar.