PINOCHET, OTRA VELITA

"Nosotros no vamos a entregar el poder por puro gusto", dijo Augusto Pinochet en el famoso discurso de Santa Juana en el que lanzó su candidatura--utilizando los artilugios de la Constitución de 1980--para extender su régimen hasta 1997.

Que a Pinochet no le hace ninguna gracia la idea de retirarse no es misterio para nadie. El dictador no sólo está defendiendo su puesto con una feroz represión (ver recuadro), sino que pretende celebrar "con un millón de personas frente al Palacio de la Moneda" el décimo tercer aniversario de su ascenso al poder, el próximo 11 de septiembre. No obstante, por primera vez se empieza a poner en duda la voluntad de los militares para seguir acompañándolo en su cruenta aventura.

Así, en respuesta a la propuesta de Pinochet, el comandante de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, dijo: "Mi mandato termina en 1989 y esto es clarisimo". También afirmó que se podía modificar la Constitución para que en vez de que un plebiscito apruebe o rechace al candidato único propuesto por la junta, haya elecciones libres en 1989.

El comandante de la Armada, José Toribio Merino--que "no se habla con Pinochet desde hace mucho" según corre el rumor en Santiago--dijo que el candidato único podría ser "cualquier señor de la calle que no sea militante político". Otros altos mandos de carabineros, marina y aeronáutica han expresado su resistencia a que Pinochet se perpetúe en la Presidencia.

También existe malestar en los cuadros medios porque el mando institucional no asumió sus responsabilidades en el caso de los dos jóvenes, a quienes uniformados rociaron con gasolina y quemaron vivos. En este caso, después que un juez civil se declarara incompetente y liberara a 24 de los 25 detenidos, incriminando sólo al teniente Pedro Fernández, la justicia militar, aunque agravó los cargos contra el teniente, no hizo más acusaciones.

Sin embargo, según el relato que construyeron los abogados de los jóvenes, basándose en los testimonios es claro que este no fue un abuso sino una acción planeada: "Para impregnarlos, un militar procedió a sacar de la camioneta el bidón, llenó con su contenido un envase similar al de una bebida de dos litros. Entregó este envase a un superior, el que impregnó a Rodrigo y Carmen Gloria desde las rodillas hasta la cabeza", dice la versión de los querellantes.

Para algunos analistas el encuentro de varios arsenales, en su mayoría en la costa chilena, y el dictamen del juez Carlos Cerda ordenando el arresto del ex comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y de otros 37 militares por la detención y desaparición de 10 militantes comunistas en 1976, han sido utilizados por Pinochet para debilitar a las fuerzas que están pensando en retirarle su apoyo. El desembarco de armas desde un carguero soviético, según versión oficial, deja a la Armada--la más crítica de los planes de Pinochet--mal parada. El caso Leigh por otro lado, sirve de advertencia a las tres armas--Fuerza Aérea, carabineros y Armada--en las que las tesis aperturistas tienen más fuerza, sobre los riesgos que corren si entregan el poder.

"Muchos se preguntan por qué la misma justicia civil que se negó a tomar en consideración la culpabilidad del Ejército en el caso de los dos jóvenes quemados en julio pasado, se pone en camino de concretar un juicio ejemplar contra el sector aperturista de las Fuerzas Armadas", se comentaba hace poco en un diario argentino.

Más allá de los intentos del dictador de mantener la cohesión entre sus colegas, a las buenas o a las malas, Pinochet también trata de resistir la presión, cada vez menos disimulada, del gobierno de los Estados Unidos para que dé paso a una transición democrática.

La denuncia de la presencia soviética en mar chileno, lejos de hacer cambiar la posición norteamericana, profundizó sus dudas acerca de la efectividad de la mano dura para mantener la estabilidad.

Por otro lado, tanto la visita del secretario adjunto para América Latina, Robert Gelbard, como la del comandante John Galvin, dejaron en claro que el Departamento de Estado y el Pentágono apoyan el proceso de apertura democrática en Chile.

Es más, según varias publicaciones chilenas, en contactos con personeros del gobierno de Reagan, altos oficiales del Ejército dijeron "estar a favor de una transición real conducida por un militar que no fuera Pinochet ".

También en los planes de los partidos de oposición está la figura de un civil o un militar que actúe como administrador de la democratización, convoque a elecciones parlamentarias y después de la creación de una nueva Constitución, llame a elecciones generales.

La organización de los actos en septiembre, en conmemoración del 4, la fecha tradicional de elecciones, el 11, el golpe y el 18, la independencia de Chile, dejan en claro que estas divisiones los debilitan. Así, la coalición de izquierda Movimiento Democrático Popular llamó a un paro general con movilización el 4 y 5, el cual dejó un saldo de 4 muertos y 10 heridos. La Asamblea de Civilidad--que agrupa gremios y colegios profesionales--convocó a una jornada por la reflexión sobre la democracia y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se sumó a la huelga con las consabidas bombas.

De manera indirecta, detrás de las distintas "tácticas de lucha" está en discusión la cuota de poder de cada grupo político después de Pinochet.

"El Partido Comunista de Chile no hace cuestión deformar parte del primer gobierno que sustituya la tiranía", dijo hace poco el secretario general Luis Corvalán, en un intento de ceder posiciones para lograr la unidad.

Que Pinochet va a salir gústele o no, ya parece ser decisión de militares, norteamericanos y de la oposición. Que el dictador caiga en 1989 o ahora, depende de la acción de la oposición. Mientras tanto, el precio es demasiado alto: los chilenos --sobre todo los más pobres--siguen poniendo los muertos. --
María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires

TORTURA: SECRETO A VOCES
"Rodrigo Rojas y Carmen Quintana Aranciba se encontraban en la calle en las primeras horas de la protesta del día 2 de julio, cuando fueron interceptados por una patrulla militar.
Fueron aprehendidos, golpeados, y se les prendió fuego luego de ser rociados con gasolina. Después de unos minutos fueron envueltos enfrazadas y transportados a las afueras de la ciudad, donde fueron abandonados, y encontrados horas más tarde. Rodrigo Rojas murió en el hospital el 6 de julio". De 19 años, Rojas fue una de las ocho personas que resultaron muertas por miembros de las fuerzas de seguridad o personal uniformado durante los dos dias de protestas efectuadas en Chile a comienzos de julio de este año. Como él, miles de personas han sido víctimas de "una nueva estrategia de terror" desarrollada por las fuerzas de seguridad chilenas "mediante el empleo de fuerzas clandestinas para perpetrar secuestros, torturas y asesinatos", según el informe de Amnistía Internacional dado a conocer el pasado 3 de septiembre.

"El grado de represión ha aumentado drásticamente desde 1983. El gobierno militar, al verse enfrentado con protestas populares que han venido en aumento, ha incrementado sus esfuerzos para silenciar a sus opositores", asegura el informe.

El poder judicial se ha mostrado en general incapaz o renuente a esclarecer los abusos cometidos. Hasta mediados de 1986, no se había condenado a ningún miembro de las Fuerzas Armadas o del orden por la tortura o muerte de un detenido político, cuando según Amnistía "existen pruebas suficientes para llegar a la conclusión de que fuerzas clandestinas vinculadas a organismos del gobierno han estado activas en Chile, siguen operando y son responsables de graves violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, práctica sistemática de la tortura y, más recientemente, la intimidación de amplios sectores de la población mediante amenazas, hostigamiento, secuestros y agresiones físicas".

La relegación de los detenidos a lugares apartados del país donde permanecen incomunicados, la tortura, el homicidio de opositores políticos en circunstancias oficialmente descritas como "enfrentamientos armados" pero donde existen pruebas que sugieren que podria tratarse de ejecuciones deliberadas, los juicios políticos parcializados, la ineficacia de las autoridades militares y de los tribunales para tomar medidas conducentes a esclarecer los centenares de desapariciones y la pena de muerte que ha dado lugar a cuatro ejecuciones desde 1982, constituyen para Amnistía los aspectos más preocupantes de la situación chilena.

La nueva Constitución promulgada en 1981 consolidó prácticas que contravienen los derechos humanos y reforzó los estados de excepción en vigor desde el golpe. Se han extendido los poderes de la Policia de Seguridad, e incrementado la actividad de las fuerzas clandestinas, como Acción Chilena Anticomunista (ACHA), Frente Nacionalista de Combate.
MONA Y BOA, cuyos métodos, organización, respaldo financiero y el alto grado de impunidad con que operan a plena luz del día o durante el toque de queda han llevado a que en investigaciones judiciales se hayan "obtenido pruebas suficientes para llegar a la conclusión de que estos grupos están compuestos de miembros de los servicios de seguridad que actúan clandestinamente junto a colaboradores civiles".

Las víctimas ya no son solamente miembros de la oposición o líderes de la Iglesia o de los grupos de defensa de los derechos humanos. "Son personas comunes y corrientes, sin relevancia especial ni representatividad, víctimas... con las que puede identificarse cualquier persona... Esta característica produce un efecto aterrorizante en una gran masa de personas...".

La tortura y los demás métodos de represión utilizados por la dictadura del general Pinochet, tristemente célebre esta semana por llegar a sus 13 años es, pues, ya un secreto a voces. --