Populismo impopular

En Bolivia, el 1 de mayo no solo se celebra el Día del Trabajo. Desde que Evo Morales gobierna, este festivo también se ha convertido en la ocasión perfecta para nacionalizar. La semana pasada, el turno le llegó a la Red Eléctrica de España. En un acto simbólico el presidente presentó el decreto que expropia las acciones españolas en la Transportadora de Electricidad (TDE). "Este es el homenaje justo para todos los trabajadores y para el pueblo boliviano", vociferó delante de la central del TDE con un casco en la cabeza, la mano derecha en el corazón y el puño izquierdo en el aire.

Sin embargo, el pueblo no vitoreó al presidente, sino que le armó una protesta que hasta hoy tiene tambaleando su gobierno. Mientas Morales se vanagloriaba, en otro lugar de la ciudad Filemón Escobar, un famoso exdirigente sindical, lanzaba insultos contra el mandatario en un mitin. Pocos días después, el 4 de mayo, la Central Obrera convocó a un paro general de 72 horas, propuso -"ante la incapacidad presidencial"- revocar el mandato de Morales y nombrar a un primer ministro que resuelva los "problemas sociales" del país. "Morales ha incumplido a los ciudadanos y no ha podido reactivar la productividad", dijo a medios locales Germán Chaparro, secretario ejecutivo de la Central Obrera.

Los ataques al primer gobernante indígena de la nación no son nuevos y la convulsión social azota a Bolivia desde hace meses. El gobierno carece de políticas gubernamentales, regionales y municipales concretas, lo que ha llevado a enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad. Solo en 2011, la Fundación Unir Bolivia contó 1.300 conflictos. Los sindicatos, cuyos conflictos con el Ejecutivo han llenado primeras planas, llevan varias semanas movilizándose, bloqueando carreteras y enfrentándose con la Policía para pedir mejoras salariales. Incluso los indígenas que habían pactado con Morales han salido a protestar.

Defraudados por promesas incumplidas en temas de salud, tierras y medio ambiente, los viejos amigos de Morales llevan ya casi un año manifestándose en las calles. Los choques han dejado heridos y han manchado la imagen social y anticapitalista de Evo Morales. Por eso, observadores consultados por SEMANA ven en la expropiación de la semana pasada una "cortina de humo" para distraer a los bolivianos de los problemas internos del país. Y las cifras no mienten. La popularidad de Morales ha caído en el último año. No solo la prensa habitualmente crítica, sino incluso antiguos defensores del presidente, señalan el malestar social y critican al gobierno por pensar que puede ser aliviado por la fuerza. "Morales se bate de-sesperadamente entre dos frentes: por un lado, cree que el nacionalismo es la garantía de su gobierno, pero por el otro sabe que sin políticas económicas serias y sin inversión extranjera Bolivia podría hundirse", dijo a SEMANA el analista boliviano Julio Alvarado. Pocos dudan de que los conflictos sociales están poniendo en peligro la reelección de Morales en 2014.

A la crisis interna se le suma ahora la pérdida de la confianza inversionista. Desde que llegó al poder en 2006, Morales ha nacionalizado a 20 empresas extranjeras, incluidas petroleras, cementeras, mineras, siderúrgicas y telefónicas. Así, Bolivia ha conformado, junto con Venezuela, Ecuador y Argentina, un grupo de naciones que, tentadas por el populismo, han logrado espantar a importantes socios comerciales. "Morales ha causado incertidumbre y la fuga de inversiones", dijo a medios locales el economista Gonzalo Chávez. La semana pasada, la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, condenó las expropiaciones que "acaban perjudicando a sus propios ciudadanos" y advirtió a Morales que "al final puede ocurrir que una medida populista termine siendo impopular".