POR LA GRACIA DE DIOS

El periodista preguntó en la tórrida conferencia de prensa que se llevaba a cabo el fin de semana pasada en Managua: "¿Qué parte de la Constitución de los Estados Unidos autoriza al gobierno a defender la democracia en Nicaragua?". William Bemmep, Secretario de Educación de Estados Unidos, lo pensó rápido y respondió textualmente "La Constitución no nos da ese derecho, pero Dios sí".
Antes de apelar al derecho divino como solían hacerlo las monarquías absolutas, el alto funcionario de la Administración Reagan, había criticado el Plan de Paz que se discutía a escasos metros, porque el acuerdo de Guatemala "no prevé la forma de acabar con la presencia soviética en Nicaragua". El exabrupto de Bemmep, no sólo contrarió a los dueños de casa, también molestó a dos de los cancilleres que habían concurrido a la reunión de la Comisión Ejecutiva, que debe poner en marcha los acuerdos de Esquipulas II, a varios de los representantes de Contadora y su grupo de apoyo, presentes en Managua, para acelerar el inicio de los trabajos de la Comisión Internacional de Verificación y seguimiento que supervisará cómo los estados de la región cumplen con la letra y el espíritu del Plan de Paz convenido en Guatemala.
No muy lejos de allí, en la capital costarricense, el presidente Oscar Arias instaba a "acelerar el paso" en las negociaciones de paz a fin de lograr el cese del fuego para el 7 de noviembre (como lo estipuló Esquipulas II) y se preparaba para un difícil viaje a Estados Unidos a donde debe reunirse con los legisladores en un encuentro que será informal porque la Casa Blanca no accedió al pedido del presidente de la Cámara de Representantes, Jim Wright de oficializar la visita del mandatario centroamericano.
Este es, a juicio de muchos observadores -incluyendo varios analistas estadounidenses- otro signo de la ofensiva de la Administración Reagan, contra el acuerdo pacificador que aprobarán en agosto los cinco presidentes centroamericanos.
Antes de eso, el Secretario de Estado, George Shultz, había provocado el disgusto de varios senadores demócratas al anunciar que la administración solicitaría al Congreso una ayuda para la contrarrevolución nicaraguense de 270 millones de dólares que debe cubrir los próximos 18 meses, o sea el lapso que le resta al mandato de Ronald Reagan.
El influyente senador demócrata Christopher Dodd advirtió que la eventual aprobación de esa ayuda "sería un error significativo y profundo de Estados Unidos en este continente". Su colega, Brock Adams pronosticó que "sería devastador para el proceso de paz".
Por su parte los destinatarios de ese renovado pedido de ayuda, celebraban en Guatemala un cónclave de 3 días, al cabo del cual anunciaron la creación de una comisión para negociar con Managua un "cese del fuego", mientras simultáneamente subrayaban que no abandonaran la lucha armada "hasta que sea derrocado el Régimen Sandinista".
Los máximos jefes de la "Contra", que ahora se ha rebautizado como "Resistencia Nicaraguense", lucían eufóricos ante las seguridades de Reagan sobre la continuidad de la ayuda y ante las evidentes facilidades diplomáticas que les brindó para su reunión el gobierno de Vinicio Cerezo que, paradójicamente, proclama la "neutralidad activa" y fue uno de los principales patrocinadores de Esquipulas II.
Desde Managua Daniel Ortega contestaba indirectamente a la oposición armada anunciando que se decretará el cese del fuego en forma unilateral. El presidente sandinista proseguía exhibiendo ante los cancilleres un ánimo favorable a las concesiones; con un límite reiteradamente expuesto: no sentarse a dialogar con el directorio de los "Contras" sino con su jefatura que está en Washington.