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Prohibido investigar: Estados Unidos le revocó la visa a la fiscal de la CPI

A pesar de que ese país no firmó el tratado de Roma, Fatou Bensouda pidió investigar posibles crímenes de guerra cometidos por tropas norteamericanas en Afganistán. El gobierno de Donald Trump reacciona con furia.


Las relaciones entre la Corte Penal Internacional (CPI) y el gobierno estadounidense pasan por uno de los peores momentos de su historia. Este viernes, las autoridades del país del norte anunciaron que le revocaron su visa norteamericana a la fiscal Fatou Bensouda, originaria de Gambia, país de África occidental.

¿La razón? La fiscal Bensouda anunció a los jueces de la CPI, en 2017, su intención de investigar a fondo los crímenes de guerra que se pudieron haber cometido en Afganistán desde comienzos del siglo XXI. Especialmente, puso el foco de su propuesta en tres grupos: los talibanes, las fuerzas del orden afganas y las tropas internacionales que tuvieron un rol principal en la guerra de Afganistán. Claramente, en este último grupo entraría una investigación detallada sobre si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra.

En ese entonces, la Secretaría de Estado norteamericana amenazó con tomar “medidas restrictivas” si la CPI decidía echar a andar las investigaciones. Durante dos años no hubo mayores avances, pero la fiscal Bensouda volvió a recordarle el tema a los jueces de la corte en La Haya y, por eso, se anunció esta semana la revocación indefinida de su visa.

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Bensouda afirmó que ella siempre tendría “un mandato parcial e independiente”, y recordó que seguirá trabajando “sin temor o favoritismos”. De igual manera, la CPI comunicó que seguirá trabajando bajo “el mandato de la ley” y sin “desanimarse” por las decisiones que tome el gobierno de Donald Trump.

Las tensiones entre la CPI y Estados Unidos vienen de tiempo atrás. Desde su creación, en 2002, el gobierno del entonces presidente George Bush desconoció el mandato de la corte, que se creó como un Tribunal de Guerra para juzgar, sobre todo, a personas que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad. A pesar de la negativa del gobierno estadounidense (que se ha mantenido desde 2002) muchos países reconocen el funcionamiento de la CPI y por ende han firmado su estatuto. Entre los que no lo han firmado están, además de Estados Unidos, Rusia, Cuba, China, Israel o Irak, entre otros.

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Sumado a esto, personas cercanas a la Casa Blanca han echado más leña al fuego, tal como lo hizo John Bolton, consejero de seguridad nacional del gobierno Trump. Bolton advirtió que si la CPI le daba vía libre a la fiscal Bensouda para investigar a las tropas norteamericanas, se le “impondrían sanciones a la corte e, incluso, enjuicirían a sus oficiales”.

Hasta la fecha, la CPI ha podido concluir sus investigaciones oficiales más que todo en países de África (Burundi, Costa de Marfil, Kenia) y tiene otras en curso como en Colombia o Venezuela.  De hecho, la fiscal explicó en este artículo exclusivo para SEMANA su posición sobre la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y su relación con la justicia transicional: El acuerdo de paz de Colombia demanda respeto pero también responsabilidad

Este lunes, el presidente de la Corte Penal Internacional había pedido a Estados Unidos que apoyara a este tribunal y se adhieran a su tratado, el Estatuto de Roma. "Las víctimas del pasado, presente y futuro de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra lo necesitan, y es con todo el sentido de responsabilidad que hago un llamado directo a los líderes de Estados Unidos a que apoyen a la CPI", dijo en un comunicado el magistrado que preside la CPI, Chile Eboe-Osuji. 

Asi, las cosas la nueva situación abre un panorama de tensión internacional sin precendentes entre el gobierno de Donald Trump y ese organismo que parece no tener una solución rápida ni sencilla.