REVOLUCION SOBRE VIVIENDA

Un trascendental proyecto de ley sobre vivienda está siendo intensamente discutido en estos días en Nicaragua. De ser aprobado, cerca de 110 mil familias resultarían favorecidas en todo el país, 65 mil de ellas en Managua. Junto a la reforma agraria promulgada hace casi dos años, este proyecto de ley sobre vivienda, que será debatido por el Consejo de Estado, parece destinado a convertirse en una de las medidas más representativas de la revolución sandinista.
El proyecto de ley plantea que los inquilinos podrán convertirse automáticamente en propietarios de las casas que habitan, siempre y cuando las hayan alquilado durante 20 años. Pero los que no hayan alcanzado ese número de años podrán aspirar a ser propietarios de las mismas mediante un amplio programa de pagos mensuales, que serían equivalentes a un porcentaje de los ingresos de la familia. Los plazos para dichas amortizaciones podrán ser hasta de 20 años con un interés anual del 3% .
Por otra parte, todos los inquilinos actuales tendrían un derecho de opción para comprar la casa que alquilan, sin entregar una cuota inicial y sumando lo que han pagado de renta como parte del valor de la vivienda.
El proyecto de ley, que fue anunciado en el mensaje de fin de año del gobierno de Reconstrucción Nacional, por intermedio del coordinador de la Junta, Daniel Ortega, pasó el 27 de enero al Consejo de Estado, un organismo legislativo, para que éste realice el estudio definitivo del mismo.
Tan pronto como se conocieron los detalles más importantes del proyecto, comenzaron las reacciones:los propietarios de viviendas empezaron a tomarse por la fuerza sus casas por temor a ser afectados por la ley, en una verdadera "ola de ocupaciones". Estas ocurren generalmente de noche, cuando el arrendador traslada parte de su mobiliario en vehículos de mudanzas y a la fuerza se instala en la residencia, pese a las objeciones del inquilino. Las autoridades respondieron rápidamente explicando que cualquier ocupación de esa naturaleza constituiría, un "allanamiento de morada", delito castigado con prisión por la legislacion nicaragunse.
Fuera de estas acciones, la polémica verbal sobre el proyecto de ley es cada día mas intensa. Mientras los propietarios de inmuebles consideran que ella afecta gravemente sus intereses, los inquilinos la ven como "una conquista de la revolución ".
Sin embargo, la medida está lejos de ser una expropiación de la propiedad urbana. Ernesto Vigil, ministro de Vivienda, hablando ante el Consejo de Estado, explicó que se trataba más bien de un "arreglo de justicia", ya que los dueños que radican en el país "tendrán derecho a una compensación mientras vivan, así que las viviendas les serán pagadas por el Estado, pero a su precio justo". De esta manera los arrendadores serán indemnizados con una especie de pensión vitalicia, pero estarán obligados a vivir en Nicaragua y no podrán hacer transferencias de la asignación mensual, que no será superior a los 10 mil cordobas (mil dólares).

SOMOZA Y TERREMOTOS
En casos como este último, el inquilino ya en calidad de propietario, continuará pagando al Banco de la Vivienda la suma que según el avalúo se estipule como justa para la amortización del costo. Desde luego, habrá algunas excepciones, como cuando se trate de una familia pobre o de ancianos, sin otra entrada que la que puede producir el alquiler de una casa. "Pero acabaremos con el sistema de vivienda como extorsión de los pobres", dijo Vigil. En Nicaragua el negocio del alquiler de viviendas fue uno de los más prósperos en los últimos años, especialmente durante la dictadura de los Somoza. Allí, como en los demás países centroamericanos, la mayoría de las familias de los trabajadores urbanos y las capas medias, viven en inmuebles alquilados, pagando cánones de arrendamiento que absorben hasta el 70% de los salarios percibidos por el conjunto de la familia. Este problema se vio agudizado después del terremoto de 1972, que destruyó totalmente el centro de Managua, dando lugar a la aparición de grandes cinturones de miseria donde millares de nicaraguenses se vieron obligados a vivir en las llamadas "cuarterías", viviendas comunales con un servicio sanitario común, y habitaciones pequeñas en las que se hacinan numerosas personas.
Managua es un caso dramático a ese respecto. Fuera de la destrucción causada por los terremotos, la ciudad muestra las huellas de las constantes migraciones campesinas de la década de los 50, cuando se produjo un masivo desalojo de familias rurales por la siembra del algodón en la zona del Pacífico. A eso se sumó la ausencia de planes de vivienda durante la dictadura somocista, todo lo cual terminó en un déficit habitacional de medio millón de casas.
"Aquello fue un suculento negocio de unos pocos", reeuerda un funcionario de vivienda, al hablar de los meses que siguieron al terremoto del 72, cuando los propietarios del suelo urbano, generalmente familiares, allegados y testaferros del ex dictador Anastasio Somoza, vendieron los predios de las afueras de la ciudad, para construir viviendas a precios exorbitantes.
Los que no pudieron hacerse a una de esas viviendas tuvieron que edificar modestas casas de madera y cartón, sin ningún servicio.
Ahora el gobierno sandinista otorgará a estos pobladores marginales no sólo la opción de compra de la vivienda actual, sino que les destinará una parte de las viviendas que aparezcan desocupadas.
Extraoficialmente se ha hecho saber que la ley afectará únicamente a aquellas viviendas cuyos propietarios no las necesitan para sí mismos y que constituyen, al alquilarlas, un negocio con jugosas ganancias, dado el hecho de que, en la mayoría de los casos, el precio de los alquileres excede notablemente el valor real de la vivienda.

AMPLIAS DISCUCIONES
La población, en general, ha acogido con entusiasmo la iniciativa gubernamental. En las Asambleas Populares, coordinadas por los Comités de Defensa Sandinista -organismos creados poco después del triunfo de los sandinistas y que funcionan en cada cuadra y cada barrio del país- se esta examinando el articulado del proyecto de ley, bajo la asesoría de expertos del ministerio de Vivienda.
Quienes critican el plan, lo hacen argumentando que no existe en la actualidad "suficiente organización en el país como para que la ley sea efectiva", y que -dicen otros- el Estado terminará convirtiéndose en "el gran casateniente del país". Otras objeciones al proyecto han provenido del Partido Comunista de Nicaragua, que dice oponerse al pago de las indemnizaciones, por considerar que eso "significa seguir alimentando al burgués".
Pero Ernesto Vigil ha respondido asegurando que su ministerio está en capacidad de resolver en el curso de un año todos los casos de adjudicación de vivienda y que el Estado no se convertirá en el centro de control de la propiedad urbana. "De lo que se trata -dijo- es de que haya más propietarios estableciendo un equilibrio encuanto a la propiedad de viviendas.
Los cánones a pagar después de una adjudicación serán determinados por el ministerio y será el Banco de la Vivienda el que recabe las cuotas mensuales con que se amortizará el costo del inmueble".
También señaló que todas las operaciones de compra-venta de vivienda realizadas en los últimos meses serán "examinadas juridicamente para establecer en cuáles casos se cumplió con la ley y en cuáles se han utilizado argucias legales para deshacerse de viviendas cuando ya se hablaba de la eventualidad de que la ley fuera promulgada". Se refería al fenómeno aparecido en octubre pasado, según el cual los propietarios de viviendas suntuarias que habían salido del país, alquilando desde el extranjero sus propiedades a precios muy elevados, comenzaron a vender sus casas, contrariando una disposición legal que congeló ese tipo de ventas. Según esa ley, si alguien quiere vender su vivienda tiene que hacerlo estando dentro del país.
Todo indica que la medida sobre vivienda aumentará el apoyo de que actualmente goza el gobierno entre la población, aunque algunos miles de personas terminen siendo afectadas, particularmente los dueños de muchos inmuebles y aquellos que se fueron al extranjero y dejaron sus viviendas alquiladas. "Sabemos que con esto no se solucionará el problema de la vivienda en el país, pero también entendemos que es una vieja reivindicación de los nicaraguenses con menos recursos". dijo Daniel Ortega, al hacer el anuncio de la ley.