RUPTURA Y MANO DURA

En momentos de concluir este despacho, se producían en tres capitales latinoamericanas sendas acciones conducentes a aliviar la enorme tensión acumulada en la región en los últimos días:
-En La Habana, el gobierno del presidente Fidel Castro iniciaba conversaciones reservadas con la administración ecuatoriana para tratar de ayudar a restablecer las relaciones de Ecuador con Nicaragua, rotas hace unos días por decisión unilateral del presidente León Febres Cordero.
-El gobierno de Febres Cordero, no obstante su neta inclinación conservadora, mantiene excelentes relaciones comerciales y diplomáticas con La Habana, que no sólo se han traducido en un importante intercambio, sino en una visita oficial del mandatario ecuatoriano a Cuba.
-México recibía el viernes 17 de octubre la visita del presidente nicaraguense Daniel Ortega. El comandante Ortega, según se anunció con las clásicas generalidades del protocolo, llegó a México para expresar al primer mandatario azteca, Miguel De la Madrid, la solidaridad del pueblo nicaraguense con el pueblo y el gobierno mexicanos con motivo de los sismos que asolaron a la capital el 19 y 20 de septiembre y para discutir la situación imperante en el área centroamericana.
Más específico fue el embajador de Nicaragua en México Edmundo Jarquin, al revelar que la visita de su Presidente era el remate de una serie de consultas en el más alto nivel, originadas en la preocupación del gobierno sandinista por cuestiones urgentes que requieren de una enérgica reacción político-diplomática de la comunidad latinoamericana.
Jarquin denunció una gran concentración de tropas contrarrevolucionarias en la frontera norte de su país, concretamente en los campamentos de la FDN en las localidades hondureñas de Las Vegas y el Paraíso, donde se han reunido 3 mil efectivos, listos para ingresar a Nicaragua, con alto involucramiento del Ejército hondureño.
Aunque ninguna fuente oficial ni mexicana ni nicaraguense lo señaló, la mayoría de los observadores considera que uno de los temas centrales en la reunión De la Madrid-Ortega, será una reciente decisión del gobierno de Managua de restablecer a plenitud el "estado de emergencia nacional", que se había instituido el 15 de marzo de 1982 y que fue suavizado el año pasado para que el proceso proselitista y las elecciones pudieran desarrollarse en un marco de normalidad.
El restablecimiento del "estado de emergencia" causó preocupación en las capitales de Contadora y del Grupo de apoyo, y es lógico que el presidente Ortega haya querido dar una explicación acabada de los fundamentos y los alcances de la medida al Presidente mexicano. Managua considera "vitales" sus relaciones con México.
En Panamá se reunía también el viernes último el Grupo de Contadora para analizar planteamientos y reservas que obstaculizan la firma del acta de paz.
La reunión es una de las tantas que deben hacerse dentro del plazo de 45 días que los cuatro países del Grupo y las cinco naciones centroamericanas se pusieron como término para llegar a un ansiado acuerdo final. Pero adquiere especial relevancia política, dado el evidente empeoramiento de la situación regional. Que se expresa, por ejemplo, en la abrupta ruptura de relaciones entre Ecuador y Nicaragua.
A comienzos de octubre el presidente ecuatoriano, Febres Cordero, rompió lanzas con Nicaragua al afirmar que la crisis centroamericana sólo podrá resolverse cuando en Nicaragua "se realicen elecciones libres".
Su homólogo nicaragaense, Daniel Ortega, replicó de inmediato que el Mandatario ecuatoriano era "un instrumento de Estados Unidos, que busca dividir a la comunidad latinoamericana y obstaculizar sus esfuerzos de paz en Latinoamérica".
La respuesta ecuatoriana fue fulminante: ruptura de relaciones diplomáticas y consulares y retiro de Ecuador del Grupo de Apoyo o Grupo de Lima, al que se había incorporado diez días antes, a instancias del secretario de Estado norteamericano, George Shultz, y varios países centroamericanos.
También le negó "autoridad moral" para hablar de pureza comicial, recordando que "ha violentado la misma Constitución de su país, donde ha suspendido las elecciones".
El diario sandinista Barricada recordó entonces que Febres Cordero había ordenado mucho antes de la ruptura la suspensión de un envió de 250 mil barriles de petróleo ecuatoriano a Nicaragua "sin previo aviso ni razón". Y que esa medida había provocado una temporal escasez de combustible que se remedió, gracias al apoyo de "países amigos".
Hay consenso en medios diplomáticos de Contadora y el Grupo de Apoyo respecto de que la ruptura de relaciones fue más negativa para la imagen de Ecuador que para la de Nicaragua, pero no pasa lo mismo con respecto de la reimplantación del estado de emergencia.
Fuentes sandinistas señalan que aunque se trata de una medida grave, la comunidad internacional debería conocer bien sus fundamentos y alcances antes de apresurarse a condenarla. Sergio Ramírez, el vicepresidente nicaragaense, que además de político y escritor es abogado, expresó que "el gobierno hizo uso de un instrumento jurídico y legal para afrontar internamente la situación de agresión que el enemigo quiere imponer".
El decreto, señalan estas fuentes, deroga por un año 13 artículos del estatuto sobre derechos y garantías (que actúa a modo de Constitución hasta que se apruebe la Carta Magna).
Esos artículos son los que aseguraban la libertad de reunión, expresión e información, organización y huelga, y de índole migratoria.
Pero mantiene la prohibición "de que cualquier ciudadano sea objeto de medidas coercitivas que menoscaben su libertad de pensamiento, conciencia y religión". Así como impide que se apliquen torturas o penas judiciales que excedan de 30 años de prisión para los que incurran en cualquier tipo de delito, por grave que sea. Comentando sus efectos prácticos, el corresponsal en Managua del periódico mexicano El Día, Roberto Bardini, señaló que tenía un carácter más "preventivo" que "ejecutivo".
El periodista, que admitió su error de un despacho anterior en el que había calificado al decreto como "uno de los más drásticos de los últimos seis años en este país", afirma que -contra toda expectativa- la vida seguía normal (sin tanques ni retenes) en las calles de Managua. En la búsqueda de explicaciones a la medida, resalta la agudización del conflicto con la jerarquía católica, que había disminuido en los últimos meses tras la entrevista del arzobispo Miguel Obundgi con el presidente Ortega.
Los efectivos de la seguridad, al mando de su máximo responsable, el comandante Lenin Cerna, ocuparon una oficina de publicaciones a cargo del vocero de la curia, Bismarck Carballo -un conocido opositor del gobierno-, para censurar ejemplares de un boletín que no había sido autorizado por la oficina gubernamental de medios.
Carballo replicó afirmando ante los corresponsales extranjeros, que la Iglesia "utilizará el más antiguo medio de comunicación que son los púlpitos".
La exacerbación del conflicto parece, entonces, la punta de lanza de una confrontación de nuevo cuño, diferente a las clásicas batallas de las fronteras. Según el director de la emisora La Voz de Nicaragua, Carlos Guadamuz, la inteligencia militar sandinista descubrió planes de la contrarrevolución para llevar a cabo un "golpe propagandístico" en las cercanías de Managua.
No es un secreto, tampoco, que el gobierno sandinista teme que los sabotajes puedan impedir o mermar la cosecha de café, producto que representa el 40 por ciento de las divisas de exportación, vitales para un país que soporta un bloqueo comercial.
Las razones pueden ser éstas u otras que se desconocen, pero deben tener mucho peso para que el gobierno de Managua se arriesgue a afrontar críticas de gobiernos amigos, al menos no enrolados en la política belicista de la Casa Blanca.